A partir de ahora, el juez Michael P. Shea se encargará de dar seguimiento a los procedimientos legales relacionados con la denuncia que enfrenta el expresidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos por el caso Acteal.
Los denunciantes, un puñado de sobrevivientes y familiares de las víctimas, acusan al exmandatario de “conspirar” para que se perpetrara la masacre de 45 indígenas tzotziles el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.
El juez, recién nombrado en la corte del estado de Connecticut, donde se sigue el proceso, recibió el caso de manos del juez Alvin W. Thomposn, por lo que será él quien determine si habrá una audiencia para ventilar los argumentos de la defensa para desechar el caso, o para que el proceso continúe hasta que un tribunal mexicano decida si el pedido de inmunidad del gobierno de México tiene bases legales.
Roger Kobert, uno de los abogados de los demandantes, explicó que resulta común que a jueces recién nombrados les sean trasferidos algunos de los casos para aliviar la carga de trabajo de sus colegas con más antigüedad, aunque no se conoce el criterio que se emplea.
“Tampoco podría decir si esta reasignación afectará el resultado del caso o qué efecto podría tener en los tiempos de cualquier decisión o acción de la corte”, dijo Kobert en una nota enviada a la agencia Notimex.
En septiembre de 2011, un grupo de indígenas tzotziles demandó a Ernesto Zedillo por su presunta complicidad en la matanza de Acteal. Un año después, el gobierno de México solicitó al de Estados Unidos inmunidad para el expresidente.
Luego de que la administración de Barack Obama conoció la petición de inmunidad, el Departamento de Estado consideró que responsabilizar al exmandatario mexicano por el comportamiento de funcionarios de menor nivel no era razón suficiente para cuestionar su inmunidad, por lo que accedió a la petición.
Fuente: Apro
