Los legisladores demócratas de California aprobaron una iniciativa de “estado santuario” que busca restringir la cooperación de la policía local y estatal con las autoridades de inmigración, enfureciendo a funcionarios federales que afirmaron que la iniciativa antepone la política a la seguridad pública.
Con la aprobación el sábado de la propuesta, conocida como SB-54, los legisladores pretenden reforzar las protecciones a los inmigrantes en el estado, las cuales figuran entre las más firmes en la nación.
La iniciativa será ahora puesta a consideración del gobernador Jerry Brown, que anunció su apoyo después de que el principal líder del Senado aceptó suavizarla y respetar la autoridad de los funcionarios de prisiones para cooperar con agentes de inmigración en muchos casos.
El proyecto de ley es el esfuerzo más reciente de los legisladores demócratas en California -donde radican unos 2,3 millones de inmigrantes no autorizados- para obstaculizar el compromiso de campaña del presidente Donald Trump de intensificar las deportaciones.
Los legisladores también aprobaron la canalización de recursos a asistencia jurídica y becas universitarias para personas que se encuentren sin permiso en Estados Unidos, así como dificultar que los negocios y agencias gubernamentales revelen la condición migratoria de las personas.
Los legisladores de California debaten la medida mientras el Congreso federal sopesa ofrecer estatus legal a los inmigrantes jóvenes cuyos padres los trajeron en forma ilegal al país o se quedaron tras el vencimiento de sus visas.
“Es un alivio que haya algunos legisladores que realmente están escuchando”, dijo Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional Organizadora de Jornaleros.
Por su parte, Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), afirmó que el proyecto de ley “hará menos seguras a las comunidades de California” y destruirá deliberadamente las leyes de inmigración.
“Con la aprobación de esta iniciativa, los políticos de California optaron por anteponer la política sobre la seguridad pública”, informó Hofman en un comunicado.
“De manera preocupante, la propuesta sirve para sistematizar una política peligrosa que obstruye en forma deliberada las leyes de inmigración de nuestro país y abriga a infractores extranjeros implicados en delitos penales graves”, apuntó.
La medida fue aprobada en la Legislatura solo con el voto de los demócratas frente a la objeción de los republicanos de que protegerá a delincuentes y dificultará a la policía mantener la seguridad de la gente.
El presidente temporal del Senado, el demócrata Kevin de Leon, presentó la SB-54 poco después de la elección de Trump para impedir la mayoría de las interacciones entre los agentes federales de inmigración y las policías locales. Luego de la fuerte inconformidad de autoridades policiales y de la intervención de Brown, fue suavizada en forma significativa.
La versión final prohíbe a los policías preguntarles su estatus migratorio a las personas o participar en acciones de agentes de inmigración. Les prohíbe también hacer labores de agentes migratorios o arrestar a personas debido a órdenes administrativas de inmigración.
La policía y jefes policiales, incluidos agentes de prisiones, podrán trabajar con las autoridades federales de inmigración si una persona ha sido declarada culpable de uno de alrededor de 800 delitos, principalmente graves y otros menores que pueden ser tipificados como graves.
Sin embargo, tendrán prohibido transferir inmigrantes a las autoridades federales si los antecedentes de esas personas solo incluyen infracciones menores.
Los defensores de los inmigrantes aplaudieron en lo general la versión más nueva, incluso con las concesiones de de Leon. Para estas personas, la iniciativa supone una victoria inusual durante la presidencia de Trump porque preserva algunas protecciones para las personas que viven sin permiso en el país y agrega otras.
La medida impedirá a la policía local convertirse en “engranes de la máquina de deportaciones de Trump”, declaró de León.
Los jefes de la policía en California retiraron su oposición, pero los sheriffs, que administran las prisiones donde recaerán las mayores repercusiones, seguían oponiéndose.
Jim McDonnell, jefe de la policía del condado Los Ángeles, se opuso a las primeras versiones del proyecto de ley, lo que suscitó protestas afuera de su despacho. Ahora dijo sentirse complacido de que el texto aprobado aún les permita a los agentes federales acceder al sistema carcelario más grande de la nación.
“Aunque no es perfecta, la SB-54 conservó intacta nuestra capacidad para mantener asociaciones con agentes federales que nos ayudan en el combate a las pandillas, las drogas y el tráfico de personas”, afirmó.
Cuando los legisladores examinaban el viernes la iniciativa, otro homicidio de repercusión mediática en San Francisco atrajo la atención al tema de las políticas santuario.
El ICE reveló que hace dos semanas, antes de que Erick García Pineda, de 18 años, fuera detenido por presunto homicidio, la Jefatura de Policía de San Francisco rechazó una petición para retenerlo hasta que las autoridades federales se lo llevaran para someterlo a proceso de deportación.
Los líderes políticos de California han posicionado al estado más poblado del país como un frente contra las políticas de Trump y su gobierno hacia los inmigrantes.
Los legisladores y otros sectores han aprobado iniciativas y presentado demandas para proteger a los inmigrantes, combatir el cambio climático y bloquear cualquier intento futuro de establecer un registro de musulmanes.
Fuente: AP
