Por Alvaro Delgado
La estrategia de defensa política del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca podría ser eficaz para él si logra mantener el fuero por su poder en Tamaulipas, pero en la trama criminal por el trasiego multimillonario de recursos está involucrado todo su clan que puede ir a la cárcel: madre, esposa, hermanos, suegro y cuñada.
Sí, podrá haber una motivación política o personal del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el panista, de quien han tomado distancia hasta aliados como Javier Corral y Enrique Alfaro, pero los datos de prueba de la Fiscalía General de la República —que se harán públicos en la Cámara de Diputados— lo hunden a él y a su parentela.
Tan acorralado está el gobernador que envió emisarios a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, para ofrecer diputaciones y presidencias municipales a Morena en Tamaulipas, a cambio de frenar las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
En esta pretensión tampoco tendrá éxito: la Unidad de Inteligencia Financiera, que presentó las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, tiene información a detalle de las operaciones que configuran los delitos por los que son acusados el gobernador, su esposa (Mariana Gómez Leal), su madre (María de Lourdes Cabeza de Vaca), sus hermanos (Ismael, senador, y José Manuel), su cuñada (Evelyn Aimee Rodríguez Garza) y su suegro (José Ramón Gómez Reséndez).
El enriquecimiento del panista es claro: sus ingresos, desde que ganó una diputación federal en el año 2000, y hasta ocupar el cargo de gobernador, fueron de 21 millones de pesos, pero ahora tiene propiedades por 104 millones, es decir, una diferencia de 82 millones de pesos, según la UIF.
El expediente de García Cabeza de Vaca lo involucra, además, en relaciones criminales, no por su detención con armas cuando era un adolescente, sino con mafiosos de la talla de Joaquín El Chapo Guzmán, con quien se reunió, el 17 de junio de 2015, en Los Cabos, Baja California Sur, según un reporte del cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Tobin Bradley, cuya divulgación pública enmudeció al gobernador.
Conforme a la denuncia de la UIF, las autoridades de Estados Unidos, en particular el Financial Crimes Enforcement Network, agencia del Departamento del Tesoro, entregaron información sobre 20 inmuebles a nombre de Cabeza de Vaca y su familia, así como ocho empresas activas e inactivas vinculadas a él también en ese país.
En la investigación se involucra en triangulaciones de más de 33 millones de pesos para el gobernador a supuestos socios o testaferros, como Juan Francisco Tamez Arellano, representante legal de la empresa T Seis Doce, y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, administrador único de Inmobiliaria RC.
Y no debe olvidarse que el gobernador está acusado también de recibir sobornos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que está por estallar…
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