Indígenas toman oficinas de gobierno y exigen la expulsión de la ambientalista Julia Carabias de la Selva Lacandona, quien está a la cabeza de grupos privados y públicos que buscan mantener el control de los recursos ambientales. A Carabias, vinculada estrechamente al gobierno de Manuel Velasco, los lacandones la acusan de dividir a la población indígena y desestabilizar a las comunidades
Por Isaín Mandujano/ Proceso
Indígenas de la Comunidad de Bienes Comunales Zona Lacandona tomaron oficinas judiciales y administrativas en el municipio de Ocosingo, para exigir la liberación del maestro rural Gabriel Montoya Oseguera, la regularización de tres poblados en la región y la expulsión de la investigadora Julia Carabias de la reserva ambiental donde trabaja actualmente.
Los manifestantes cerraron la presidencia municipal de Ocosingo, así como oficinas de juzgados del Poder Judicial del estado y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras, para llamar la atención del gobierno estatal y federal.
Asimismo exigieron la anulación del convenio que desde hace dos décadas permite la ocupación de los centros Estación Tzendales y Estación Biológica Chajul a organizaciones de empresarios y grupos liderados por Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente en el sexenio de Ernesto Zedillo, que realizan bioprospección y buscan mantener el control de los recursos ambientales en la Selva Lacandona.
En la protesta participó alrededor de 80% de la población que conforma los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, habitantes de los centros poblacionales Nueva Palestina y Frontera Corozal.
Dichos grupos ya poblaban la selva, cuando en 1971 el gobierno federal entregó las más de 600 mil hectáreas de esta región a 66 familias lacandonas. Su negativa a ser expulsados de la región les permitió ser reconocidos como parte de la Comunidad Lacandona. Sin embargo, les restringieron el derecho a ser nombrados como presidentes de la comunidad.
Después de 40 años, estos grupos de origen tzeltal y chol hicieron prevalecer su mayoría y nombraron a Emilio Bolom Gómez como presidente de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, el 15 de mayo pasado.
A este nombramiento se oponen las organizaciones que tienen millonarias inversiones en proyectos operados principalmente por Julia Carabias, así como el gobierno de Chiapas y un grupo de lacandones.
Según la denuncia de tzeltales y choles, el gobierno de Manuel Velasco Suárez inició procesos penales contra los asesores y líderes del movimiento.
Uno de ellos es Gabriel Montoya, a quien policías estatales detuvieron el pasado 14 de mayo, por su presunta participación en la toma de la alcaldía de Altamirano hace 13 años, según informó la Procuraduría de Justicia en un comunicado.
En protesta por esta acción, comuneros mantienen desde el pasado 15 de mayo una manifestación en el crucero que conduce a la comunidad Nueva Palestina en la zona lacandona.
Los indígenas difundieron la denuncia en la que se narran los hechos y acusan a la exfuncionaria federal Julia Carabias de desestabilizar la zona y dividir a las comunidades. En el documento exigen la nulificación del convenio donde los lacandones le permiten seguir operando en la selva.
Fuente: Apro
