A menos de una semana de que se promulgó la segunda parte del plan B de la reforma electoral, 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron la primera demanda de amparo contra el conjunto de normas.
Rodolfo Martínez, representante de la firma Trusan & Roma Abogados, señaló que los trabajadores del servicio profesional electoral y de las áreas administrativas del INE presentaron la demanda de amparo a fin de no perder sus empleos y conservar salarios y prestaciones.
La segunda parte del plan B se publicó el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
Este juicio de amparo busca evitar “que los empleados sean objeto de la restructuración y compactación administrativa que está prevista en la ley” y por tanto que no pierdan su fuente de empleo, la póliza de gastos médicos y el seguro de separación, explicó el abogado.
“De acuerdo con estimaciones de los propios consejeros electorales, casi la mitad del personal del INE podría quedarse sin empleo por dicha reforma”, agregó.
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“Son becas vitalicias
Como el que estaba en el INE (Edmundo Jacobo), que estuvo 30 años y luego 14 y no se quería ir y hasta lloraron por él, puro cuento”@lopezobrador_ pic.twitter.com/3hFnvquXus— Tania (@tania__rd) March 6, 2023
Martínez indicó que el juicio de amparo es la única vía procedente para impugnar la reforma electoral que, aseguró, afecta al servicio profesional electoral, a las áreas administrativas y las juntas distritales.
Informó que promovió el recurso en juzgados de San Lázaro y que espera para el jueves o viernes la determinación del juez de admitir y en su caso otorgar la suspensión para que no se aplique la reforma a los trabajadores.
En un caso distinto, una juez de distrito admitió a trámite un juicio de amparo contra el plan B. El nombre del quejoso está testado (tachado).
SCJN reccibe 30 controversias contra Plan B
Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite otras 30 controversias constitucionales contra la primera parte del paquete de reformas, aunque en ninguno de estos casos el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, concedió la suspensión que solicitaron los promotores, ayuntamientos encabezados por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
El recurso va contra reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre pasado.
En febrero, Pérez Dayán dispuso congelar la aplicación de ambas reformas en los procesos electorales del estado de México y Coahuila, como consecuencia de las primeras controversias.
Esa decisión del ministro de la Corte derivó en una impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Fuente: La Jornada
