Al oponerse a varios acuerdos negociados entre el Senado y las organizaciones de la sociedad civil para elaborar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, el PRI amenaza a los filtradores de información –también conocidos como whistleblowers en inglés– y busca instaurar “opacidad, ilegalidad, corrupción y un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado”, denunció hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Según expuso la organización en un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como los grupos parlamentarios de PRI y PVEM intentan eliminar el artículo 214 del proyecto de ley, el cual estipula que no será perseguido quien divulgue información “clasificada como reservada”, en el caso de que sea de interés público.
En su forma actual, el artículo 214 plantea la protección y la garantía de no persecución a los filtradores que revelen “violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional”.
En los últimos años, el papel de los filtradores de información ha sido central en la revelación de escándalos de escala internacional, desde el surgimiento deWikiLeaks en 2006 hasta la divulgación el domingo 8 del enorme fraude fiscal operado por la filial del banco HSBC en Ginebra por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“La eliminación del artículo 214 de la ley produciría un efecto silenciador que disminuiría el acceso a la información y, en general, el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público”, recordó R3D al exhortar el Senado a mantener el párrafo en el texto final.
Las 80 “reservas” del PRI
R3D denunció que la eliminación del artículo 214, una de las más de 80 reservas que formuló el PRI en el proyecto de ley, forma parte de un intento de vaciar el texto de los acuerdos centrales convenidos entre el Senado y las organizaciones de la sociedad civil.
Entre las medidas amenazadas por el partido en el poder se encuentra, según R3D, la que obliga a las agencias de seguridad –el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o el Estado Mayor Presidencial (EMP), entre otros— a contar con un comité de transparencia.
También se encuentra en riesgo la obligación por parte de las agencias de seguridad de generar información respecto de sus programas de vigilancia masiva, los cuales conforman la intervención de comunicaciones privadas, retención de datos y geolocalización.
Por ello R3D insistió en que el PRI intenta “establecer una serie de causas para ocultar información de interés público que son claramente injustificadas, pero que además hacen que las autoridades no tengan siquiera que explicar los razonamientos para tal ocultamiento”.
Entre las causas que permitirían a las autoridades ocultar la información se encuentran la “seguridad nacional” –ya ampliamente utilizada para negar solicitudes de información–, así como “la estabilidad financiera, económica o monetaria del país”, como lo recordó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), al pedir al Senado que detalle con precisión lo que abarcan estos conceptos genéricos.
Luego, planteó: “¿Por qué la presidencia de la República y este partido se oponen a ser vigilados, fiscalizados y transparentados como correspondería en un sistema democrático?”.
Fuente: Proceso
