Por Juan Pablo Proal
Ser burócrata no necesariamente implica masticar chicle todo el día y darse escapadas recurrentes a las garnachas; en muchos casos las exigencias son más parecidas a la esclavitud medieval que a un trabajo medianamente digno.
Jornadas de hasta 48 horas, acoso sexual, despidos abruptos, nulas prestaciones de ley, amiguismo y sueldos miserables conforman el día a día de los trabajadores del Estado.
Bajo la figura de trabajador de confianza, cobro por honorarios e incluso outsourcing, las dependencias gubernamentales y los organismos autónomos han doblegado los derechos laborales de sus empleados. En todos los niveles hay denuncias y evidencias de que el Estado viola las leyes que debería salvaguardar y hacer cumplir.
Es común que los trabajadores de alguna dependencia de cualquier sector marchen ante meses sin pago; también noticias de mujeres que denuncian acoso de sus superiores. En septiembre de 2012 el Órgano Interno de Control (OIC) de la Comisión de Derechos Humanos determinó que Arturo Zárate Vite, exvocero del organismo, incurrió en acoso sexual y laboral contra trabajadoras. Las demandantes exigieron establecer “mecanismos efectivos para que los propios trabajadores puedan denunciar irregularidades y que no por ello tengan que ser víctimas de acoso laboral o de señalamientos por parte del personal de la institución y que no se vean obligados a dejar su trabajo”.
De acuerdo con el análisis “Qué gordo es mi gobierno”, de la firma Consultores Internacionales, en México trabajan ocho millones de personas en el sector público; de cada peso ejercido en 2013, 32 centavos fueron para el pago de sueldos y salarios. Según el despacho, en Estados Unidos existen 2.2 millones de burócratas y en España 2.5. Otros estudios de finanzas en los estados indican que siete de cada 10 pesos de los presupuestos de las entidades se destinan a pago de salarios.
Los partidos y grupos de poder acostumbran abarrotar las dependencias con sus operadores políticos; quien trabaja en la burocracia y no tiene base sabe que sus días están contados cuando entre la próxima administración. Por lo regular no se elige a los más capaces, sino a quienes hay que pagarles favores electorales. Este amiguismo es el germen para todo tipo de ilegalidades: que los trabajadores deban despojarse de su sueldo para “la caja chica” de sus superiores; que algunos nunca se presenten a laborar, que a algunas les exijan la renuncia por no prestarse a presiones sexuales y a otros por no solaparlas.
El personal de limpieza y el policial son el eslabón más frágil de la cadena de abusos. En febrero de 2016 una investigación de la agencia CIMAC exhibió los abusos del Gobierno del Distrito Federal contra trabajadoras de intendencia, a quienes subcontra sin prestaciones de ley y despide anualmente para que no generen antigüedad.
Por lo mismo ha sido denunciado el Instituto de Educación Superior, que en enero pasado despidió a 59 trabajadores, 51 de ellos mujeres, por exigir derechos laborales, seguridad social y basificación. También este año pararon labores trabajadores de Aseo Público de Zapopan por carecer de uniformes y herramientas para el trabajo diario.
Los policías en México trabajan jornadas continuas de 24 horas, mínima capacitación y sufren abusos frecuentes de sus superiores, reflejó un estudio de la organización Causa Común. No es diferente la historia de los bomberos.
Tan sólo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió en 2015 cerca de 2 mil quejas por violaciones a las garantías de trabajadores de dependencias públicas de la capital. Las secretarías con más denuncias en su contra fueron las de Seguridad Pública, Salud, Gobierno, Movilidad y Desarrollo Social.
Y podríamos citar páginas y páginas de más casos documentados. En este panorama no es difícil comprender por qué los servicios públicos tienden a ser ineficientes hasta el hartazgo, por qué los cuerpos de seguridad son presa fácil del crimen organizado y por qué las administraciones continuamente están en bancarrota y endeudadas.
Las auditorías responsables de verificar las finanzas, los congresos y los órganos de control son, generalmente, coordinadas por el mismo sector público que será investigado; el caso reciente más grotesco es el de Virgilio Andrade, designado por Enrique Peña Nieto para investigarlo por el caso de “La Casa Blanca”.
El panorama laboral del sector público ayuda a entender por qué la ineficacia de sus programas y el enriquecimiento desmesurado de sus directivos, la impunidad con que operan y la nula cultura de la legalidad que prevalece en el país. Si el Estado no respeta la ley en su propia casa, es fácil comprender por qué el país está de cabeza.
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