Por Luis Javier Valero Flores
Pues vaya que se le complicó al PRI y especialmente al gobernador César Duarte el proceso sucesorio.
El viernes, el juez Décimo de Distrito otorgó, de manera definitiva, el amparo de la justicia federal. Le ordenó al Congreso del Estado no establecer sanción alguna en contra del ex alcalde capitalino, Marco Adán Quezada, por el accidente del Aero Show del 5 de octubre de 2013, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto; cosa que ocurrirá, en cualquier sentido, más allá de marzo del próximo año.
No es poca cosa lo argumentado por el edil, alegó persecución política en su contra e interferencia de poderes para hacerlo. Le dieron la razón.
Además, el juez le indica al Congreso que el proceso continúe, pero le reafirma que no podrán llegar a la aplicación de sanciones, en caso de encontrarlo responsable, en alguna medida, del accidente o del manejo de los recursos usados para la celebración del evento.
Tal determinación se da en momentos que la mayoría de los aspirantes priistas despliega una intensa actividad.
Los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, aprovecharon los reflectores con motivo de la presentación de sus informes. La senadora Lilia Merodio lo hace de la misma manera pues mañana presentará, en la ciudad de Chihuahua, su III Informe, para el cual lanzó una inusitada propaganda.
A su vez, la senadora Graciela Ortiz dio a conocer la creación de la Fundación “Pensar Chihuahua”, en un acto en el que aparecieron varios que ocuparon cargos en el gobierno de Patricio Martínez, en el de los Baeza, Fernando y José Reyes, y hasta en el actual; entre ellos, la que fuera secretaria general de Gobierno con Fernando Baeza, Martha Lara. También el ex secretario de Salud, Sergio Piña Marshal, el ex secretario de Gobierno de Reyes Baeza, Fernando Rodríguez, el ex diputado federal, Víctor Silva; el ex secretario particular de Patricio, Roberto Enrique Cano Hermosillo; el dirigente de los órganos electorales del PRI, Ramiro Cota; el ex vocero de César Duarte, Juan Ramón Flores y el empresario, ex funcionario patricista, Leopoldo Mares, entre otros.
A su vez, el ex alcalde juarense, Héctor “Teto” Murguía, callado durante largas semanas, aprovechó las preguntas de los reporteros para decirlo a su modo, muy a su modo.
Aparentemente exasperado por las preguntas, se descartó como aspirante a la alcaldía de Juárez, como premio de consolación, y la soltó: “-Usted lo que ve analícelo, piénselo, y diga… ¿no? Teto quiere ser gobernador ó no, Teto sí quiere ser gobernador… que no sea yo quien decida; voy a dejar que usted especule. Hay un dicho que dice que si se mueve como pato, camina como pato, grazna como pato, es pato el hijo de su tiznada madre”.
Y develó el gran apoyo recibido por el gobernador Duarte en ese sentido pues, dijo, su cargo en el gabinete del ballezano le permitió “interiorizarse” de todo el Estado y estar en contacto con los presidentes municipales “para poder estar revisando las necesidades de cada lugar”. ¡Ahí nomás!
¡Ah, y nos culpó -a los medios de comunicación- de haberle dado una connotación distinta al modo en que se refirió a la frase usada por Juan Gabriel para responder si era homosexual o no: Lo que se ve no se pregunta!
Pero todo lo anterior tiene como telón de fondo el amparo otorgado a Quezada, al que un buen número de priistas -y una parte importante de la población más interesada en la vida política- sienten como el que más simpatías tiene en la sociedad. Hecho reforzado por la inesperada declaración del diputado federal panista, Juan Blanco: “Creo que uno de los que está adelante es Marco Adán, de acuerdo a encuestas, está enfrente”. Es decir, es el que adelante. (Nota de David Varela, www.omnia.com.mx, 12 /X/15).
Lo resuelto por el juez del Décimo Distrito es una auténtica bomba política.
Al resolver favorablemente el amparo solicitado le dio la razón al equipo jurídico del ex alcalde, en el que participa el abogado Maclovio Murillo, que ha obtenido sendos y contundentes triunfos jurídicos ante el Gobierno de Chihuahua, el de Duarte, contra el que Quezada lanzó contundentes acusaciones. Son verdaderos obuses políticos.
Al señalar los actos reclamados estableció la existencia de un “acuerdo verbal” entre los diputados del Congreso y el Gobernador Duarte “por medio del cual se determinó Impedir mi participación en el proceso de elección popular relativo al próximo año 2016, como candidato al cargo de Gobernador del Estado…”.
El acuerdo implicaba ejecutar “diversas acciones” para determinar su inhabilitación, “a toda costa, para ejercer cargos públicos, ya sea a través de un procedimiento simulado en el Congreso o de un proceso penal, violentándose con ello los principios de división de poderes, justicia completa e imparcial, legalidad, seguridad y debido proceso”.
Acciones que tenían como objeto, dice en el documento, “no para investigar si acaso incurrí o no en responsabilidad, sino con el fin preconcebido” de inhabilitarlo.
Argumentó que también se pretendía desterrarlo de Chihuahua pues de “no hacerlo sería encarcelado e inhabilitado para ejercer cargos públicos, usándose como medio coercitivo el poder sancionador del estado…”.
De tales pretensiones se percató el día 21 de septiembre de 2015, por las diversas informaciones aparecidas “en los medios masivos de información que circulan en la ciudad capital y a partir de precisos comentarios anónimos que se me hicieron llegar a mi domicilio en esa fecha…”.
La argumentación establece que los entes que pretendieron usar para sancionarlo carecen de la “legal competencia” para iniciar el procedimiento, además, las acusa de haber faltado a la imparcialidad a que están obligadas porque “pactaron con el Gobernador del Estado mi inhabilitación antes de instaurarme el procedimiento; aconteciendo además que, en el caso, no está cumplido el requisito de procedibilidad de denuncia previa ordenada y ratificada por y ante la autoridad competente; y sin que exista la causa probable para iniciar dicho disciplinario, violándose por ende mis derechos humanos”.
Los abogados de Quezada alegaron, para obtener el amparo, que aún en el caso de obtener una sentencia favorable, sería tarde para hacer posible su derecho a ser votado, por lo que los denunciados lograrían su propósito, es decir, sacarlo de la actividad política, así fuera unos meses, los necesarios, en tanto los partidos (y el suyo incluido) abrirían y cerrarían los períodos de registro de precandidaturas y de candidaturas.
En su argumentación, repetidamente señala la existencia de un pacto entre los integrantes del Poder Legislativo y el titular del Poder Ejecutivo para impedir su participación “pues, aunque soy miembro del Partido Revolucionario Institucional al que también pertenece el actual gobernador, lo cierto es que no soy cercano a él y por razones que no conozco éste la ha tomado muy en contra mía, al grado de usar y abusar del derecho y sus relaciones políticas para destruir uno de mis objetivos de proyecto de vida que es participar en el próximo proceso electoral en el año 2016, como candidato a gobernador del Estado”.
Así, el Congreso del Estado le ordenó al Auditor Superior del Estado que iniciara las denuncias correspondientes, “y éste denunció ante el Congreso del Estado” a Marco Quezada, “por presuntas causas de responsabilidad administrativa”. ¡Híjole!
Luego, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado ordenó el inicio del proceso.
¡Válgame! ¡Po’s que no se dieron cuenta! ¡Muchachos! ¿Po’s que no hubo alguien que les apreviniera de la barbaridad que estaban haciendo?
¿Cómo es que no se dieron cuenta que quien pidió la denuncia sería el que juzgaría?
El pacto de los mencionados, denunciado por Marco Adán Quezada, vulnera -dice- los principios de división de poderes, así como los principios de justicia objetiva, imparcial y completa y “el principio de presunción de inocencia que debe respetarse inclusive en materia administrativa disciplinaria”.
La orden a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de hacer la denuncia debió hacerla la Comisión de Fiscalización del Congreso, no el Pleno pues la hacerlo éste, quedó “evidentemente contaminado en su imparcialidad que no solo queda mermada, sino objetivamente anulada…”.
No, aquí el Pleno del Congreso fue informado de las supuestas irregularidades, las calificó y ordenó que denunciaran al presunto y ya se aprestaba a enjuiciarlo.
¿Po’s ‘onde estudiaron mis queridos plebes?
Además, por si fuera poco, no existe disposición expresa en cuanto a que los expresidentes municipales deban también ser procesados y sancionados por el Congreso del Estado. Ya no es funcionario público, emergido de una elección.
Por si fuera poco, antes, en noviembre de 2014, la Comisión fiscalizadora “concluyó que se carecía de elementos objetivos para fincar responsabilidades administrativas”, al referido Quezada.
Conocida la resolución del juez décimo de distrito, de inmediato saltaron a la mente la frase del gobernador, a pregunta del reportero Jaime Álvarez, acerca de la demanda de juicio político, promovida por los concesionarios del Vive Bus-Chihuahua, representados por el mismo abogado que ahora obtuvo un resonante triunfo jurídico, Maclovio Murillo: “Hay revancha, el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta”.
Expresiones utilizadas días antes a la resolución hoy comentada y que pondrán en un brete al partido gobernante, sólo momentáneamente, la verdad es que la resolución judicial le puede dar a la disputa priista por la candidatura la “normalidad” que necesitaba; a menos, claro, que el grupo gobernante en Chihuahua decida elevar la intensidad del diferendo.
Jorge Neaves, secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso lo adelantó. No presentarán un recurso de queja en contra del amparo definitivo en virtud de que un Tribunal Colegiado ha resuelto en el mismo sentido.
No lo dijo, pero se infiere que, de hacerlo, fallaría de la misma manera.
Ya llevan muchas pifias ¿Para qué una más?
Así, si no se presentan más eventualidades, el cuauhtemense está en condiciones de competir, en su partido, por el Gobierno de Chihuahua.
