Por Jesús Cantú
Hace poco más de diez meses, cuando Manlio Fabio Beltrones asumió la dirigencia nacional del PRI, apostó prácticamente todo su capital político a los resultados de las elecciones de gobernador de este junio, en un pacto de sobrevivencia con el presidente Enrique Peña Nieto que resultaba conveniente para ambas partes (Proceso 2023). Como perdió, tuvo que pagar: renunciar a la dirigencia del PRI y, con ello, a lo que restaba de sus ambiciones presidenciales.
La apuesta era muy riesgosa y él lo sabía, pero eso era precisamente lo que la hacía atractiva para Peña Nieto, pues si bien de los 12 estados que renovaron gubernatura el tricolor gobernaba en nueve y en cinco el PRI siempre había gobernado, el entorno político era muy negativo.
Entre otros elementos que conspiraban contra el dominio tricolor en dichas entidades destacaban la bajísima aprobación del desempeño presidencial; las todavía peores gestiones de varios de los gobernadores priistas; los nulos impactos de las llamadas reformas estructurales en la economía nacional y, especialmente, en la familiar; los recurrentes escándalos de corrupción, conflictos de interés, violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.
La posibilidad de retener al menos nueve gubernaturas (aunque no necesariamente fuesen en los mismos estados) dependía centralmente de la operación política y, en muy buena parte, de la misma dependía del líder tricolor. Eso era lo atractivo para Beltrones. Sin embargo, ni los priistas más pesimistas o los opositores más optimistas preveían la magnitud del “tropiezo electoral” del pasado domingo 5 y el hoy exdirigente perdió todos los argumentos para defender su actuación.
A todos los factores negativos del entorno (lista que seguramente puede ampliarse) se sumó una mala operación política. Basta analizar lo ocurrido en tres de las entidades en las que el tricolor perdió por primera vez la gubernatura: Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Las tres tenían una carga negativa muy fuerte por la mala gestión de los actuales gobernadores, pero eso se agudizó con los errores de operación política.
En Quintana Roo los tricolores rechazaron a su mejor candidato, que no vaciló en aceptar la invitación de la alianza opositora (PAN-PRD) para alcanzar la gubernatura. Así se evidenció un mal proceso interno de selección, una pésima “operación cicatriz” y, finalmente, una mala campaña electoral, que permitió un cambio en las preferencias electorales que concluyó con una derrota por nueve puntos porcentuales.
En el caso de Tamaulipas, el mismo dirigente nacional del tricolor encabezó la campaña negativa y las denuncias penales en contra del candidato panista a la gubernatura, sin tomar conciencia de que con ello realmente lo fortalecieron (Proceso 2063) y lograron catapultarlo para que ganara la elección.
En ese caso las deficiencias fueron varias: primero, lo erróneo de la estrategia, pues al asumir la ofensiva contra el candidato blanquiazul, lo que hicieron fue posicionarlo como el puntero; segundo, lo mal operado de la misma, pues cometieron errores elementales, como el tomar fotos manipuladas de la red para acompañar sus denuncias penales; y, tercero, que al evidenciar el control de la delincuencia organizada de amplias regiones del territorio estatal, en realidad exhibían a los malos gobiernos estatal y federal, que eran tricolores.
Mientras tanto, en Veracruz fue el mismo Beltrones el que encabezó las críticas y la exigencia pública de rendición de cuentas al todavía gobernador Javier Duarte; incluso se dijo que él lideraba el esfuerzo para removerlo de su cargo en febrero de este año; y finalmente, ante el fallido intento de remoción, le ofreció su respaldo y señaló que como autoridad emanada de su partido, siempre tendría la consideración del mismo. El daño ya estaba hecho.
Basten estos tres casos para ilustrar que la operación política no compensó los impactos negativos del deteriorado escenario federal y, en muchos casos, estatal; sino que, al contrario, los agudizó.
Sin embargo, en el reparto de responsabilidades también hay que incluir al presidente Enrique Peña Nieto, por más que los priistas (incluyendo al mismo Beltrones) se empeñen en ponderar su “proyecto de modernización del país”, pues además de su central responsabilidad en el diseño e implementación de las llamadas reformas estructurales y la política de seguridad (con el recrudecimiento de la violación de los derechos humanos, como han evidenciado todos los organismos internacionales especializados), su selección de dirigentes y candidatos de su partido ha sido, por decir lo menos, muy desafortunado.
Si se parte de que Peña Nieto fue el artífice de la designación de Humberto Moreira como presidente del CEN tricolor en marzo de 2011, de entonces a la fecha el PRI ha perdido cuatro gubernaturas y aunque el resultado de la elección federal de 2015 hace pensar que recuperó porcentaje de votación, en realidad perdió un punto porcentual con respecto a la elección de 2012 y medio punto con respecto a la de 2009, que sería la elección de referencia.
Para ponerlo en términos más claros: pese a que recuperó la Presidencia de la República, hasta 2015 el PRI se mantuvo básicamente en el mismo porcentaje de preferencias electorales y el mismo número de gubernaturas; pero en 2016 (en las 12 entidades donde hubo elecciones de gobernador) perdió casi seis puntos porcentuales con respecto al año previo y también llegó a su número más bajo de gubernaturas, al quedarse con 50% de las mismas (considerando que la de Chiapas la ganaron en alianza con el PVEM).
Sin duda la única opción que tenía Beltrones era renunciar a la dirigencia nacional, pero la misma difícilmente detendrá la caída en las preferencias electores del tricolor y la pérdida de gubernaturas, pues las causas de esta tendencia son los malos resultados que entregan los gobernantes tricolores, empezando desde luego por el presidente de la República.
Fuente: Proceso
