Por Carlos Fazio
El pasado 29 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió relevar al coronel José Rodríguez Pérez de la comandancia del 27 batallón de infantería en Iguala, Guerrero. Como responsable de la unidad, el mando castrense firmó las bitácoras con los movimientos de entradas y salidas de oficiales y tropa los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos-desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según la Sedena, el relevo del coronel Rodríguez Pérez forma parte de la política de rotación de mandos en el Ejército Mexicano. Sin embargo, la remoción se da en el marco de fuertes presiones de familiares de las víctimas y misiones internacionales que coadyuvan de manera oficiosa en la investigación del caso, para que se les permita conversar con integrantes del batallón activos la noche de los hechos. La Defensa no informó qué nueva asignación se le daría al coronel, lo que ha alimentado la versión de que podría ser llamado a declarar.
Autoridades estatales y federales han demostrado la comisión de delitos por policías municipales de Iguala y Cocula. Entre 2011 y 2014, los jefes de policía de Cocula fueron militares retirados: el teniente Tomás Bibiano Gallegos (luego ejecutado) y el mayor Salvador Bravo Bárcenas. Ambos habían sido recomendados por el general de división Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo (entonces superior del coronel Rodríguez por la cadena de mando). Un tercer ex militar, César Nava, era subdirector de seguridad pública del ayuntamiento y es señalado como uno de los principales operadores en la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con el testimonio de Bravo, los jefes militares de Guerrero sabían que mandos y tropa bajo sus órdenes estaban involucrados con grupos criminales. Otras testimoniales señalan que los coroneles Juan Antonio Aranda y José Rodríguez Pérez, ambos del 27 batallón; el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón y coordinador del Operativo Guerrero Seguro, así como el almirante José Rafael Durán, comandante de la octava región naval de Acapulco, habían recibido denuncias sobre tales nexos. Según obra en los expedientes, conocían el modus operandi de las policías municipales de Iguala y Cocula y de Guerreros unidos para secuestrar, extorsionar, fabricar metanfetaminas y desaparecer personas en fosas clandestinas.
En ese contexto tampoco se explican las públicas relaciones del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca con los coroneles Juan Aranda y José Rodríguez, y el capitán José Martínez Crespo. Por acción u omisión, las huellas de los mandos militares del 27 batallón son evidentes. Pero, según el ex procurador Murillo Karam, investigar al Ejército –como le demandaban los padres de las víctimas− era un absurdo completo.
Documentos desclasificados en virtud de la Ley de Transparencia demuestran que el Ejército conoció en tiempo real los ataques a los estudiantes y no hizo nada para evitarlos. Un reporte entregado por la Sedena a Proceso señala que aproximadamente a las 22:30 horas arribaron al lugar “tres patrullas (…) de las que bajaron policías vestidos de negro, encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran…” En una edición posterior la revista reveló que los policías encapuchados formaban parte del grupo de élite Los Bélicos, integrado por policías municipales de Iguala y civiles vinculados con Guerreros unidos, misteriosamente tolerado por los mandos del 27 batallón. El grupo operaba como una fuerza de acción inmediata y utilizaba un uniforme camuflado gris, similar al del Ejército, pero cuando salían a sus operativos iban encapuchados y vestidos de negro, portando armas de alto poder.
Los reportes iban dirigidos a la 35 Zona Militar y estaban firmados por el coronel Rodríguez Pérez. Otro mando citado en los reportes era el capitán José Martínez Crespo, quien al mando de la Fuerza de Reacción del 27 batallón patrulló toda la noche y estuvo presente en los hospitales General y Cristina.
Según el juez Ulises Bernabé García, los normalistas nunca fueron llevados a la base de la policía municipal de Iguala, como dijo la PGR. García declaró a Anabel Hernández y Steve Fisher que a la hora señalada por la procuraduría (23 horas), un militar que se identificó como capitán Crespo llegó a la comandancia con un grupo de 12 soldados y durante 15 minutos realizaron una minuciosa inspección de la base.
En su informe Estado de la investigación del caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sugirió la comparecencia o ampliación de la declaración de nueve militares del 27 batallón. Según la CNDH, cuatro miembros del Ejército recibían diariamente información de seguridad en el municipio de Iguala y sus testimonios y reportes serían valiosos para conocer la sucesión de hechos después del ataque a los estudiantes. También pidió la comparecencia de tres militares que con posterioridad a las agresiones acudieron a verificar qué estaba sucediendo en las calles de Iguala, y de otros dos para que declaren acerca del entorno que imperaba en la ciudad el 26 de septiembre. La CNDH pidió que se le permita entrevistar directamente a nueve de los 38 soldados que rindieron testimoniales en los expedientes.
El coronel José Rodríguez Pérez sabe mucho y debe declarar. También se ha solicitado que se investigue a los mayores Raymundo Barrera y Luis Alberto Rodríguez Chávez, jefes de personal y de información, respectivamente, del 27 batallón. Según el organigrama de la unidad, serían los superiores inmediatos de dos oficiales que participaron en los hechos: el teniente Vicente Barbosa y el capitán Miguel Hernández Crespo, ambos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. A raíz de una manta firmada por El cabo Gil, supuesto líder de Guerreros unidos, existe confusión si un tal capitán Crespo, protector del narco, es Miguel Hernández Crespo o José Martínez Crespo; si son la misma persona o ambos están involucrados.
Fuente: La Jornada
