Por Luis Javier Valero Flores
No había transcurrido una semana y ya nuevos hechos bochornosos, escandalosos, ultrajantes, palmariamente demostrativos de la incapacidad e ineficiencia de distintos niveles del gobierno y del poco respeto a los derechos humanos que muchos mandos de seguridad pública poseen, vinieron a conformar lo que se había planteado el fin de semana en este mismo espacio: son crecientes las manifestaciones de –además de los otros aspectos negativos de la conducción del gobierno de Chihuahua– la existencia de un grave problema de asimilación de los hechos y de falta de sensibilidad ante los distintos acontecimientos protagonizados por la sociedad chihuahuense.
La salvaje detención del agente policiaco Leobardo Calzada, violatoria de todos los derechos, procedimientos y regulaciones existentes, ante el pasmo, la zozobra, la ira, y la impotencia de la ciudadanía, y de una buena cantidad de periodistas presentes al momento de que intentara denunciar diversas irregularidades, es un hecho que desnuda a la dependencia que mayor orgullo le genera al mandatario local.
La disminución de las cifras homicidas, especialmente en Juárez, así como de los reportes de extorsiones y secuestros es un galardón presumido por el gobierno chihuahuense.
Pero los procedimientos y la atingencia para detener a Calzada, a escasos minutos de iniciar su protesta, dados los antecedentes y desempeño del agente, hacen que la suspicacia sea la reacción natural de quienes se han enterado del episodio.
Son inquietantes las coincidencias, demasiadas. Resulta que Calzada fue el agente investigador del asesinato de Ismael Solorio y Manuela Solís, los barzonistas de Benito Juárez, Buenaventura. No solo, el hijo de aquel reveló que había sido quien accionara su arma bajo cuyas balas cayó el presunto autor material del asesinato de los activistas, en un, según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), enfrentamiento entre supuestos sicarios y elementos policiacos en las cercanías del poblado El Sueco meses atrás.
Además, que había participado de manera destacada en diversos casos, de los más emblemáticos de la cúspide de la ola homicida de los años anteriores, entre ellos el de la familia Le Barón, así como algunos casos de extorsión.
Si las anunciadas denuncias por diversas irregularidades se limitaban al ámbito de lo administrativo, entonces ¿por qué tanta violencia en su detención? ¿O temían que hablara de otras cosas, como por ejemplo, las causas por las cuales aún no se detiene a los presuntos autores intelectuales de Solorio y Manuelita?
¿O de otros casos?
Más. Y es el comentario más recurrente: si esto hacen los policías, ante la mirada de cientos de personas, a plena luz del sol, frente al Palacio de Gobierno ¿qué no serán capaces de realizar cuando nadie los ve? ¿O con otras personas?
Y luego, las explicaciones ¿pues en qué país viven? ¿A quién se pretende engañar? ¿A toda la sociedad?
Además. Que no hubo “uso de la fuerza en el arresto”.
No es todo, en esta feria de desaguisados, el comunicado de prensa enviado a los medios asentó que “Cabe hacer mención que rompiendo todos los protocolos disciplinarios abandonó sus deberes y obligaciones laborales, al ausentarse sin justificación alguna a sus labores, con el único objetivo de denostar públicamente a la corporación y a los mandos que la componen, con argumentos que esgrime de carácter personal, mismos que no los externó a través de los canales conducentes” (Sic).
¿No bastaba con las sanciones que se le aplican a todos los servidores públicos? ¿Y si ya inauguramos la época del gobierno de “puertas abiertas”, por qué no escuchar a uno de los suyos, particularmente a uno que tan útil ha sido para la corporación?
¿Por qué someterlo a jornadas laborales de hasta 12 horas, al sol y de pie, custodiando oficinas públicas en Juárez? ¿Por qué hacer esto con un elemento que, a juzgar por su participación en varios de los casos más importantes, era extremadamente valioso?
¿Lo estaban castigando por alguna ilegalidad? ¿Entonces, por qué no lo sometieron a proceso penal, antes, no ahora cuando pretendía informar a la sociedad de los hechos que a su juicio son irregulares?
Y si este asunto es un verdadero galimatías, el de las placas ya no alcanza clasificación.
Gracias a que un juez de distrito –¡Otra vez, uno de esos!– detuvo la fabricación de las placas, ahora nos informan que están estudiando el convertirlas en permanentes y que es un procedimiento al alcance de la mano pues ¡ya 29 entidades lo hacen y nosotros no sabíamos!
¡Válgame pues ora sí que no tienen ni pies ni cabeza!
