Ayotzinapa: Gobierno bloquea interrogatorios a militares por la CIDH

Tres meses después de que el grupo de expertos de la Comisión Internacionales de los Derechos Humanos solicitó formalmente al gobierno mexicano autorización para iterrogar directamente a los elementos militares del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala, la Secretaría de Gobernación acaba de responder que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”

Por Blanche Petrich/ La Jornada

La policía federal se comprometió con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace nueve meses a emprender nuevas líneas de búsqueda y a presentar nuevas hipótesis, a partir de una nueva ronda de testimonios que se presentaron en presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), informó este colectivo de juristas y defensores de derechos humanos en rueda de prensa esta mañana.

Sin embargo, aún no se concreta la solicitud hecha por los integrantes del grupo, que tienen un mandato acordado bilateralmente en la OEA para hacer una evaluación global del caso Iguala-Ayotzinapa, de interrogar directamente a los militares del 27 Batallón con base en Iguala que estuvieron presentes la noche de los ataques a los estudiantes, incluidos aquellos a quienes la PGR aun no interroga.

Ayer –domingo 28 de junio—la Secretaría de Gobernación les comunicó por escrito a los cinco miembros del grupo que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”, a más de tres meses de formulada. La autoridad mexicana reconoció en este comunicado que “en su carácter de coadyuvante, el GIEI está facultado en todo momento de sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros del 27 Batallón hicieron en su calidad de testigos”.

La GIEI ya ha manifestado que su intención no es solamente que el MP amplíe las declaraciones, sino entrevistar de manera directa a los elementos de la unidad militar.  Esta mañana, en la rueda de prensa donde dio a conocer el cuarto informe de su misión, a cuatro meses de haber iniciado sus investigaciones, los cinco expertos reiteraron su “preocupación por el retraso” en la decisión de abrirles el acceso directo a los soldados “porque limita las posibilidades de nuestra búsqueda”. Por lo pronto, aclararon que la respuesta oficial “no es una negativa” y aseguraron que seguirán esperando.

El GIEI ya recorrió más de la mitad del periodo establecido en el mandato de la OEA, que es de seis meses.  Iniciaron en abril y deberán concluir –según recordaron hoy—a principios de septiembre. Sin embargo, subrayaron que este plazo es prorrogable. En este lapso, indicaron, “hemos logrado avanzar de manera importante” aunque falta todavía mucha información por recoger y varias recomendaciones que deben ser cumplidas antes de entrar a la última etapa, que será la de las conclusiones.

Al finalizar su cuarto viaje, los investigadores internacionales –Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia de Colombia, Carlos Beristain de España y Francisco Cox de Chile—rindieron un informe yrespondieron preguntas. Informaron que la última semana de mayo se entrevistaron con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros y ahora imputado también por la desaparición de los 43normalistas; con su esposa María de los Ángeles Pineda, a quien todavía no se le formalizan cargos relacionados con estos hechos, y con varios de los 102 detenidos en Nayarit, estado de México, Jalisco y Veracurz, señalados como responsables directos de los hechos de Iguala.

Precisaron que en más de 40 casos de estos presuntos responsables ha habido denuncias de tortura y malos tratos por parte de las autoridades de la PGR.

Indicaron que la CNDH y el juzgado correspondiente ya tienen los testimonios y los datos en su poder y están en proceso de investigar las denuncias.

Desde que inició su investigación, el GIEI ha presentado más de 100 solicitudes de información a distintas autoridades, de diferentes niveles de gobierno. De éstas, 30 por ciento han sido respondidas “en forma completa”; 24 por ciento “en forma parcial” y 47 por ciento –es decir, casi la mitad—“aun están pendientes”.

Anunciaron que en los próximos días presentará nuevas solicitudes “importantes para el caso”.

Por otra parte, también informaron que próximamente, en una fecha todavía por precisar, la procuradora Arely Gómez se reunirá finalmente con los padres de familia de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. Aunque asumió la titularidad de la PGR desde el 3 de marzo, hasta ahora no había sido posible este encuentro.

Fuente: La Jornada