Con la misma terquedad con la que, desde hace años, convoco en Twitter el llamado #PaseDeListaDel1al43, vuelvo, hoy de nuevo, a escribir sobre Ayotzinapa. Lo haré, una y otra vez y cuantas veces sea necesario, hasta que se establezca la verdad, se sepa dónde están los Normalistas desaparecidos y se haga justicia.
Entre los muchos -y atroces- crímenes de Estado perpetrados en el periodo neoliberal, es este uno de los que, de manera más puntual, refleja el modus operandi de un régimen al que puede caracterizarse -y lo sucedido antes, durante y después de esa noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala lo prueba- como uno de los más corruptos, represivos, criminales longevos y sofisticados de la historia moderna.
Para desaparecer a los 43 Normalistas esa noche, para borrar todo rastro de ellos de la faz de la Tierra en los días, meses y años subsecuentes, para encubrir a los perpetradores o eliminarlos y para desaparecer también a la verdad se montó una gigantesca y compleja operación de Estado.
La línea divisoria entre política y delito, de la que habla Hans Magnus Enzensberger, se borró, en este caso, por completo. “Ejerce el poder -dice Elias Canetti y parece estar hablando de Ayotzinapa- quien puede dar muerte a los súbditos; el gobernante es el superviviente”.
Y es que de sobrevivir políticamente se trataba cuando, Enrique Peña Nieto, los más importantes miembros de su gabinete y el procurador Jesús Murillo Karam, en lugar de entregar a la nación una relatoría exacta de los hechos y afrontar las consecuencias, decidieron orquestar la llamada “verdad histórica”.
Reconocer entonces qué, en torno a Ayotzinapa y en una compleja amalgama se fundieron; el crimen organizado, las fuerzas policiacas y militares, los tres niveles de gobierno, las instituciones de procuración de justicia y la inmensa mayoría de los medios, hubiera sido un suicidio.
Pero Ayotzinapa no nos habla sólo del pasado.
Es también testimonio de cómo, ese régimen autoritario tiene aún personas y fuerzas incrustadas en diversas instituciones del Estado y de cómo – a pesar de su derrota en las urnas el 2018- es todavía capaz de perpetrar atentados contra testigos del caso, conducir operaciones de espionaje en el extranjero, sustraer y filtrar documentos sustanciales y desarrollar -gracias a que conserva intacto su poder e influencia en los medios- campañas de desprestigio para dinamitar el proceso de esclarecimiento de la verdad.
Es en medio de esta confrontación radical entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que está decidido a hacer justicia y las fuerzas del viejo régimen empeñadas en impedirlo, que se produce el disenso -que muchos medios y columnistas, tergiversando lo sucedido, tratan de presentar como ruptura definitiva- entre la Comisión de la Verdad que preside Alejandro Encinas y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
Sin el trabajo de los expertos hubiera sido imposible desmontar la llamada “verdad histórica”, enfrentar a toda la maquinaria del Estado e impedir que cerrara el caso.
Sin el trabajo de la Comisión -y la palabra empeñada por López Obrador- jamás se hubieran abierto los archivos del ejército y el CISEN, ni se hubieran obtenido los videos de tortura o el de la intervención ilegal y masiva en la supuesta escena del crimen del basurero de Cocula.
Si gigantesco ha sido el esfuerzo del viejo régimen -ahora empeñado en dividir y confrontar a los Expertos y a la Comisión- para impedir que se conozca la verdad; gigantesco y conjunto ha de ser el esfuerzo de ambas instancias para encontrar a Los 43 y para que se haga justicia.
@epigmenioibarra
