Por Luis Hernández Navarro
“¡Aaaaayooooootzi viveeeee! ¡La luuuuuuucha siiiiiiiigue y siiiigue!”, corean los alumnos de nuevo ingreso de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, alargando las vocales y subiendo la voz mientras lo hacen. Es como si la consigna saliera de lo más profundo de sus entrañas; como si la memoria de su escuela y de sus 43 compañeros desaparecidos fuera parte de sus huesos.
Van rapados al cero. Pasaron ya el curso de entrenamiento para ingresar a la normal. Desfilan disciplinados por las calles del centro de Tlapa, Guerrero, justo después de los padres de los muchachos desaparecidos en la noche de Iguala. Sus consignas se mezclan con el sonido de tamborazos y de instrumentos de aliento de la orquesta, en una especie de banda sonora de la marcha que cierra la celebración de los 25 años de Tlachinollan.
Atrás, en columnas más o menos ordenadas, marchan los contingentes de las organizaciones populares de la Montaña, integrados en su mayoría por indígenas pobres. Abundan entre los manifestantes huaraches y sombreros, ropa de algodón rústico y blusas bordadas. Sus mantas, rotuladas en su mayoría a mano, dan fe de su adscripción asociativa.
En la descubierta, caminan los familiares de los 43, portando las fotos de sus hijos mirando al firmamento. Se sienten cobijados. Es aquí en la Montaña –dijo don Mario César González Contreras– donde más solidaridad han tenido.
Han estado tan abrigados por la Montaña, que el día comenzó con un servicio eucarístico encabezado por dos obispos, en el que se efectuó un rito de purificación entre flores e incienso y concluyó con una oración por los 43.
La primera parte del culto fue conducida por uno de los principales del pueblo me’phaa, que tradicionalmente sube a los cerros a pedir que las autoridades del pueblo realicen bien su servicio y cumplan con la costumbre. Él elevó sus súplicas para que se recibiera la ofrenda y se fortaleciera el espíritu.
Ya para concluir la ceremonia, como parte del ceremonial de comunión, los asistentes oraron por los 43. Te pedimos con todo nuestro corazón para que este nuevo gobierno cumpla con su compromiso / de dar con el paradero de nuestros 43 hijos, / ¿quién nos podrá condenar por buscar la verdad y exigir justicia?, invocaron.
Como sucedió en la misa y en la marcha, los padres y madres de los desaparecidos estuvieron en el centro del foro Palabras de vida, caminos de esperanza, durante los dos días que duró. Mostraron ser un imán que atrae y ordena muchas de las otras resistencias en Guerrero y en el resto del país.
Intervinieron en casi todas las mesas de trabajo. Se sentaron junto a los otros panelistas, lo mismo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, o el especialista en desapariciones forzadas Rainer Rhule, o la ex integrante del GIEI (queridísima por ellos) Claudia Paz y Paz. Dijeron su palabra y compartieron su dolor. “Ojalá –dijo don Mario– el próximo año los invitados a este acto sean nuestros hijos.”
La intervención del subsecretario Encinas giró, en lo fundamental, en torno al significado y los avances y de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. “La única verdad en el caso –dijo a casi cinco años de los hechos– es que no hay verdad y hay que encontrarla.”
El funcionario informó que se han abierto 15 líneas de investigación, algunas sin resultados. La principal es la búsqueda con vida de los muchachos. Explicó que han analizado 84 millones de telefonemas realizados en los seis días posteriores al ataque contra los jóvenes. La pesquisa proporcionó un mapa de los grupos delictivos y su forma de operar. Mostró que no hubo comunicación entre los estudiantes y los criminales. Evidenció que la policía de Cocula tuvo un papel marginal en el operativo.
Encinas narró los obstáculos que han enfrentado para avanzar por culpa del Poder Judicial. Por ejemplo, el de la solicitud a un juez de la Fiscalía General de la República, para citar a declarar a Carlos Gómez Arrieta, director de la policía ministerial en 2014, quien aparece en un video torturando al detenido Carlos Canto. En lugar de ser citado, el togado otorgó un amparo a Gómez Arrieta para que no compareciera.
Anunció que se tiene a disposición de la Comisión Presidencial para que rindan declaración los integrantes del 27 Batallón de Iguala que estuvieron de servicio la noche del 26 de septiembre de 2014.
Amarga ironía, toda esa atención y esos avances no se traducen por lo pronto en conclusiones definitivas. Peor: en uno de esos claroscuros de la actual etapa, los padres de los desaparecidos que viven en Guerrero y trabajan la tierra (la mayoría) ni siquiera han recibido el fertilizante que se les prometió a los campesinos de la entidad.
A casi cinco años de distancia (y ocho meses del nuevo gobierno), Ayotzinapa es una herida abierta, punto crítico en los derechos humanos en el país. Del desenlace de la investigación del caso dependerá, en mucho, la salud pública de la nación y la suerte que corra la 4T.
Twitter: @lhan55
Fuente: La Jornada
