Luis Javier Valero Flores
Iniciadas las campañas electorales, las reflexiones sobre las consecuencias de sus resultados (y el contexto en el que se realizan) cobran primordial importancia.
El proceso de degradación del entramado jurídico-legal del país es inconmensurable, la aprobación a distintas regulaciones y las determinaciones asumidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre otras noticias, así como las conductas del grupo gobernante (y sus familias) han puesto un mar de distancia entre la clase política y las preocupaciones de la mayoría de los mexicanos.
Lo más preocupante es que los protagonistas políticos pareciera que no se percatan de la profundidad de la inconformidad de la sociedad y actúan como si viviéramos en la “normalidad”.
De ninguna manera es así.
En medio de tal escenario, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reportó que en el año 2014 la banca obtuvo 457 mil millones en intereses, más otros 87 mil millones de pesos por primas, lo que les representó una utilidad conjunta de 108 mil millones de pesos, menor en un 12.1 por ciento frente al mismo periodo del año previo, pero no porque disminuyeran sus ingresos, sino porque elevaron los gastos de administración y promoción. (Nota de Víctor Cardoso, La Jornada, 24/III/15).
Extremadamente críticos de las administraciones panistas que les precedieron, los priistas en el poder, los del Grupo Atlacomulco, en tan solo dos años elevaron la deuda pública en más de una cuarta parte (26.4%), al llegar a 7 billones 559 mil millones de pesos, equivalente a 40.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), al término de enero de 2015. (Nota de Juan Antonio Zúñiga, La Jornada, 9/III/15).
El grupo gobernante no las tiene todas consigo, la preocupación asoma por todos lados. En una evaluación sobre sus expectativas, la dirigencia nacional del PRI calculó que obtendrán “130 diputaciones directas y 50 de representación proporcional” y que el PVEM -al que no le auguran obtenga el 11% de la votación del año 2012- obtendrá 25, lo que hace un total de 205, “46 menos de las que conforman la mayoría absoluta”, según fuentes del Comité Nacional del PRI, consultadas por el medio. (Nota de José Gil Olmos, Proceso No. 2005, 5/IV/15).
A diferencia de otras elecciones, el presidente no será el factor que “arrastre” la votación para sus candidatos. Está en medio de la peor crisis de credibilidad. Según distintas mediciones, la calificación promedio que le otorga la gente es de un 5, en marzo de este año, frente al 6.3 de un año atrás, reportada por el periódico Reforma.
Más, solamente el 39% de la población aprueba su desempeño y el 57% lo reprueba, según mediciones del mismo medio, realizadas cuando aún no se destapaban los escándalos del helicóptero de Korenfeld, ni las compras de sus hijas en Beverly Hills, ni, tampoco, las giras turísticas de Luis Videgaray a La Tarahumara, en los helicópteros del gobierno federal y llevando como edecanes a distintos funcionarios de la administración estatal.
Incluso internamente no son buenas las condiciones para sus expectativas; ahora deberá arrostrar las consecuencias de forma en que integró el gabinete, en el que la abrumadora mayoría, casi unanimidad, son los procedentes del Estado de México y quienes pertenecen al círculo más cercano del Presidente Peña (como el mismo Korenfeld, o los procedentes de Hidalgo, integrantes del grupo caciquil que ha mantenido el poder en esa entidad durante décadas y al cual pertenecen Miguel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam).
Pero el grupo de Peña Nieto hizo un buen diagnóstico, al principiar su gobierno, eso le llevó a plantearse la necesidad de recurrir a los servicios del PAN y del PRD, mediante el Pacto por México.
Los panistas le sacaron “provecho”, de ahí que algunos de los integrantes de los gobiernos panistas pasaran al gobierno de Peña Nieto.
Así, mantuvieron en sus manos la representación ante el gobierno norteamericano; la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahora la PGR (en la que participó, también, la extitular, Marisela Morales, luego de desempeñarse como Cónsul en Milán, a nombramiento de su compañero José Antonio Meade, ex titular de Hacienda con Calderón) y, sobre todo, la llegada de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin duda que en los resultados electorales de este año influirán la tendencia centralista en todas las áreas, -la del magisterio en primer lugar, cuyas consecuencia aún sufre el país- y la electoral. Se argumentó, sobre todo por el PAN, que ésta última obedecía al ánimo de quitarle a los gobernadores la capacidad de decidir sobre la integración y actuación de los órganos electorales.
Ahora estamos peor, el PRI resuelve en las decisiones centrales del órgano a través de una mayoría de consejeros “ciudadanizados” que obedecen ciegamente las directrices del gobierno federal. El último de los episodios fue el de que se negaban a abordar dos de las propuestas de la mayoría de los representantes de los partidos consistentes en la impedimenta al uso de los recursos públicos en las campañas y a la fiscalización de los programas gubernamentales, para evitar que se usaran en las campañas.
Bueno, pues tales pretensiones, por lo demás absolutamente saludables para el proceso electoral, fueron impedidas en un primer intento a pesar de que el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, (el mismo que vino a Chihuahua que ahora vivimos un “federalismo compartimentado”, expresión usada para defender la nueva etapa centralista) argumentó y votó a favor de la propuesta de los partidos.
Y pesarán, también las reformas, sobre todo la energética, a la que los actuales gobernantes tanto le apuestan, puestos los ojos en la inversión extranjera, y, por tanto, al saqueo del país, ahora ya sin recato y sin restricciones jurídicas de ninguna especie, incluida la reciente reforma, aprobada en el Senado (defendida por los senadores chihuahuenses, Graciela Ortiz y Patricio Martínez, pero ardorosamente por el ex gobernador) de permitirle a los agentes migratorios y aduanales extranjeros usar armas en territorio nacional, “en el cumplimiento de su gestión”.
En ese entorno nacional se desarrollarán las elecciones federales en Chihuahua, en el que los claroscuros prevalecen en el balance del gobierno de César Duarte, cuya administración se ha convertido en uno de los factores más importantes para la determinación de los electores.
Lo negativo de la obra gubernamental prevalece en la percepción popular debido a un solo factor, la sospecha de una muy elevada corrupción gubernamental, derivada de dos hechos: La sostenida y atípica elevación de la deuda pública (incluso, más allá de la discusión acerca de si los bonos carreteros constituyen deuda o no) y la transformación de Unión Progreso en banco, con la destacada participación del Gobernador Duarte, ya no tan sólo, como lo sostuvieron en un primer momento su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera y él mismo, de gestor para que se aceleraran los trámites y para capitalizarla, debido a los serios problemas por los que atravesaba, sino como activo integrante, al pasar de la simple gestión, a la participación directa, en cuanto cobre vigencia la transformación.
Duarte será propietario de hasta un 15% de las acciones del banco, y dependiendo del tipo de acciones que posea, muy probablemente se convertirá en el propietario con el más alto porcentaje de acciones.
La percepción popular cambiará poco aún si la PGR decretara que no cometieron delito alguno Duarte, Herrera y Hermosillo, los denunciados por Jaime García Chávez.
Tal escenario debió reflejarse en los estudios de opinión realizados, tanto por la dirigencia nacional del PRI, como por la Presidencia de la República, y debió motivar las reuniones del ex gobernador José Reyes Baeza y del Gobernador Duarte.
Sus frutos pronto se advirtieron. El ex alcalde deliciense y ex diputado local, cercano a Fernando Baeza, Jaime Ríosvelasco, asumió la suplencia de la candidatura en el distrito 05, cuyo titular, el cantante Tony Meléndez, no acudió al inicio de su campaña por andar (éste sí) de gira artística, distrito en el que el coordinador es el ex alcalde, Guillermo Márquez, que no forma parte del grupo de los Baeza, pero que no es malo visto por ellos; del mismo modo, la ex titular del Instituto Municipal de la Mujer de la capital, con Marco Adán Quezada, Beatriz Duarte, (sin parentesco con el mandatario) fue nombrada suplente de Liz Aguilera en el 06.
A su vez, para sustituir a Aguilera en la Contraloría del Estado, Duarte nombró al ex rector de la Uach (en tiempos de Reyes Baeza), Raúl Chávez.
Por si fuera poco, a los días de la reunión de Baeza y Duarte, el ex alcalde capitalino, Marco Adán Quezada, desplegó una actividad como la que no había desarrollado desde el término de su gestión. Se habla de la realización de exitosísimas reuniones en Juárez, Cuauhtémoc, Guerrero, Madera, Parral y Chihuahua.
Si hubiese dudas de la concreción de un pacto entre esos dos grupos, ahí están las evidencias políticas.
Por su lado, casi por las mismas razones, las senadoras Lilia Merodio y Graciela Ortiz prosiguieron en la realización de discretas reuniones en diversos lugares de la entidad, en lo que se apreció como una especie de “permiso” para efectuar proselitismo hacia la sucesión gubernamental y que en realidad servirá para que la presidencia de la República realice las encuestas necesarias a fin de determinar quien será su candidato (a) y, además, para involucrar a todos los protagonistas del PRI en las campañas.
Todo lo anterior porque a una semana del inicio de las actividades proselitistas, se confirmó la primera impresión, que el PAN puede salir avante en los distritos 03 de Juárez, 05 de Delicias y 06 de la capital, y que puede dar la sorpresa en el 04 juarense y en el 08 capitalino.
Aún si no se dieran los últimos, el hecho de alcanzar 3 triunfos se convertiría en la mejor plataforma posible para la contienda del próximo año.
Tales augurios los podremos confirmar, o no, en la madrugada del 8 de junio, pero la carrera por la gubernatura ya empezó.
