La votación de 20-11, acorde a los bloques partidistas, ocurrió después de horas de un debate en ocasiones emocional y allana el camino para que la propuesta avance en tiempo récord a través de la Legislatura de Texas, controlada por el Partido Republicano, después de haberse atorado en sesiones previas.
Aún requiere de la aprobación final del Senado más adelante durante la semana y posteriormente tiene que ser aprobada por la cámara baja estatal, lo cual parece probable en ambos casos. El gobernador Greg Abbott ha hecho del proyecto de ley un “asunto de emergencia”, lo que ha acelerado enormemente el proceso.
Los republicanos aplastaron una serie de enmiendas que buscaban debilitar la iniciativa y otras objeciones feroces de los demócratas, quienes no tuvieron los votos necesarios para detenerla. Una protesta de manifestantes que habían amenazado llegar al Capitolio de Texas y expresar fuertemente su opinión no ocurrió, y la larga sesión en el Senado se mantuvo extrañamente tranquila.
Las cosas fueron diferentes la semana pasada, cuando cientos de personas pasaron más de 16 horas presentando alegatos ante una comisión de la cámara alta para que no avanzara la propuesta, pero no fueron tomados en cuenta en una votación realizada después de la media noche que preparó la votación del martes en el pleno del Senado. Los republicanos que empujaron el proyecto de ley hasta su aprobación señalaron que era demasiado urgente para demorarla.
El término “ciudades santuario” no tiene una definición jurídica, pero los republicanos quieren que la policía haga cumplir la ley federal de inmigración como parte de un esfuerzo más grande contra presuntos delincuentes que están en Estados Unidos ilegalmente. El asunto se ha vuelto beligerante en varios estados del país, especialmente debido a que Trump ha promedito retener fondos federales a ciudades que protejan a inmigrantes sin permiso de estancia en el país, construir un muro en toda la frontera con México e imponer estrictas políticas federales de inmigración.
La iniciativa de ley de Texas aplica a fuerzas policiales locales y a las de instalaciones universitarias, y busca quitar subvenciones a jurisdicciones locales que no entreguen a autoridades federales inmigrantes que ya están bajo custodia y que enfrentan una posible deportación. El proyecto contempla multas a condados que no acaten la medida e incluso posible encarcelamiento a policías que se nieguen a cumplirla.
