La representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó la necesidad de que el Estado mexicano, efectivamente formule consultas previas a la autorización de proyectos que afecten el medio ambiente, el territorio y la cultura de los pueblos indígenas, tomando en consideración los usos, costumbres y formas de organización de las comunidades y pueblos originarios.
Al recibir a integrantes de la III Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, Tom Haeck, de la unidad de observación de la Oficina, aseguró que el tema de la armonización legislativa, que se refiere a la homologación de las leyes nacionales con los estándares internacionales de tratados y convenios que protegen los derechos humanos, “es sólo el piso, es el mínimo que el gobierno debe garantizar”.
En este sentido, los integrantes de la caravana advirtieron que una de las principales problemáticas que enfrenta es la inexistencia de mecanismos y figuras legales en las leyes del Estado que reconozcan los territorios indígenas como propiedades ancestrales de los pueblos.
Pero además, esta omisiones se suman al consentimiento de las autoridades de otorgar títulos de propiedad a particulares para explotación de recursos forestales, acuíferos y energéticos, así como proyectos de turismo invasivo, lo cual ha llevado paulatinamente a una situación de violencia y violación de los derechos humanos contra sus habitantes y los defensores que les han apoyado en su lucha.
En la mesa de diálogo, los representantes de las comunidades también se refirieron al problema del narcotráfico, que desde el año 2006 ha incrementado su presencia en la Sierra Tarahumara, primero con el cultivo y trasiego de mariguana por grupos del crimen organizado, y que en el último año ha cambiado al cultivo de amapola, reclutando para esto a miembros de las municipios más alejados del estado de Chihuahua, enclavados en el llamado Triángulo Dorado, como es el caso de las comunidades de Guadalupe y Calvo.
En un comunicado que da cuenta de la reunión a puerta cerrada, la caravana -integrada por representantes de ocho comunidades indígenas, incluyendo líderes rarámuri (tarahumara) y ódami (tepehuán)-, informó que el objetivo de llegar a la Ciudad de México es reunirse con representantes de los tres poderes del Estado, a fin de dar seguimiento a su diversa problemática, que va desde la prestación de servicios hasta la consulta indígena, la imposición de megaproyectos, y demora en los procesos judiciales en defensa de sus tierras y territorios.
Fuente: La Jornada
