Una juez federal de Miami, Florida, anuncio este martes que ha determinado certificar que la solicitud de México para extraditar al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cumple los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, reporta el periódico Reforma. Duarte podría ser extraditado en un periodo de 40 a 60 días, y sería trasladado a la ciudad de Chihuahua, donde se le abrió el proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa, cita Excélsior.
Duarte al momento de su arresto en Miami, Flrida
De acuerdo con los reportes de prensa, la juez Lauren Louis concluyó que la petición para enviar a Duarte a Chihuahua establece una causa probable de los hechos que se imputan al exgobernador, y que las leyes penales de esa entidad sancionan conductas también previstas en la legislación estadounidense.
La resolución referida por Reforma, se produjo luego de una audiencia por videoconferencia de poco más de hora y media. La juez emitirá en breve su orden por escrito, según el cotidiano. Por lo pronto, la juez evitó pronunciarse el martes sobre el pedido de extradición y dijo que emitirá una orden escrita en la que revelará si accede o no a la solicitud.
“No anticipo futuras acciones ante mí”, expresó la jueza Lauren Fleischer Louis, citada por la agencia AP. “Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos”, dijo. No adelantó, sin embargo, su decisión. Tampoco precisó cuándo la revelará.
Durante la audiencia, el Fiscal federal Jason Wu enfatizó la “corrupción impresionante” durante el sexenio de Duarte, y afirmó que la responsabilidad por los desvíos la debe enfrentar la persona que tenía el mando superior del Gobierno, cita Reforma.
Preso desde el 8 de julio de 2020 en el Centro de Detención Federal en Miami, Duarte es requerido por Chihuahua para responder por asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos, por once desvíos del erario a dos de sus empresas y personas allegadas entre 2011 y 2014.
La decisión de entregar a Duarte a México no corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo por medio del Departamento de Estado, cuyo nuevo titular, Antony Blinken, fue confirmado hoy mismo por el Senado.
El 10 de enero del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció durante una gira por Ciudad Juárez, que días atrás el Departamento de Estado de los Estados Unidos, informó al Gobierno de México que se había aprobado el procedimiento judicial para entregar al exgobernador de Chihuahua, una vez que se completó la solicitud de detención con fines de extradición.
López Obrador confirmó entonces que la Procuraduría General de la República , ahora Fiscalía, no había realizado bien el procedimiento de extradición del exgobernante, por lo que se repuso completamente la solicitud del Gobierno mexicano.
Duarte puede apelar la certificación de la jueza Louis ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito con sede en Atlanta, que tomaría varios meses para resolver y difícilmente revocará el fallo de primera instancia.
Desarrollo de la audiencia
Horas antes de la audiencia, la Defensa del exgobernador de Chihuahua presentó una serie de audios en los que uno de los testigos clave, el exsecretario de Hacienda de Chihuahua, Jaime Herrera, revelaba que había sido obligado a mentir en contra de personas “que no cometieron delitos”.
Durante la audiencia, el abogado defensor de Duarte, Juan Morillo, aseguró que esto prueba que los testigos fueron coercionados y por tanto sus testimonios deben ser desestimados.
Insistió en que Duarte es víctima de “persecución política” por parte del gobierno de Javier Corral y que no hay “causa probable” para que Estados Unidos extradite a su cliente. Duarte, aseguró Morillo, es víctima de una “venganza” por parte de Corral.
El fiscal, Jason Wu, insistió en que sí existe y que no se puede extrapolar, en caso de que la grabación fuera verdadera, que todos los testigos fueron obligados a declarar contra Duarte, cuyos delitos, consideró, están más que probados.
“Duarte fue quien ordenó desviar millones de pesos del fondo de emergencia”, y fueron utilizados para fines personales, incluyendo el pago de tarjetas de crédito, aseveró Wu.
La juez dijo que por el momento no puede considerar, como alega la Defensa, que los testigos hayan sido coercionados y que por tanto aplique la “recantación”; esto es, que los testigos se desdigan de sus dichos. Sin embargo, decidió revisar la información para analizarla y no dictó sentencia. Tampoco dio fecha para hacerlo.
Duarte tenía programado comparecer el 14 de enero, pero la audiencia se suspendió.
El exgobernador fue detenido el 8 de julio de 2020. En México, donde era buscado desde al menos 2018, enfrenta una veintena de órdenes de aprehensión ligadas a un presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos de las arcas del estado que gobernaba por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En mayo de 2019, el PRI expulsó de sus filas a Duarte.
El exgobernador alega que llegó a Estados Unidos en 2016 en busca de atención médica tras un accidente en helicóptero y que desconocía en ese momento que enfrentaba acusaciones en su país. Desde 2017, convirtió a Miami en su sitio de residencia.
Estados Unidos recibió la solicitud de extradición en diciembre de 2019. Duarte pidió libertad bajo fianza, pero se le negó.
Su defensa alegó después que la solicitud de extradición a México no tenía validez porque los delitos habrían prescrito. Los procesos se han ido retrasando debido a la pandemia de coronavirus.
Fuente: Reforma/ Excélsior/ El Universal
