Por John M. Ackerman
La ley es siempre un arma de doble filo. Dependiendo del contexto de aplicación y los intereses en juego, la norma puede fungir como un instrumento de represión o de liberación. Desde la creación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, la regla ha sido la utilización de la ley para consolidar el autoritarismo, encubrir la corrupción y ensanchar la desigualdad. Sin embargo, durante la breve ventana democrática que se abrió entre 1996 y 2003, la intensidad del contexto político y social logró imponer algunas reformas que prometían invertir la flecha de la legalidad autoritaria y empoderar a la ciudadanía.
Una de las reformas más importantes fue la aprobación, en 2002, de una nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Esta ley implicó un giro de 180 grados en la relación entre el gobierno y la sociedad. A partir de la entrada en vigor de la nueva normatividad no sería el ciudadano quien tendría que justificar su intención de conocer algún documento oficial, sino que la autoridad debería defender de manera estricta, objetiva y en cada caso la reserva o confidencialidad de la información solicitada. En principio, absolutamente toda la información relacionada con las actividades de las instituciones públicas estaría a la disposición de la ciudadanía.
Este nuevo enfoque tenía un enorme potencial transformador. Rompió de tajo con décadas de “institucionalismo revolucionario” donde se defendía el principio de opacidad de los documentos públicos con el fin de garantizar la supuesta integridad y fuerza del Estado en contra de los cuestionamientos sociales. Un sólido compromiso con el “principio de máxima publicidad” incluido en la nueva ley de transparencia podría haber transformado profundamente la administración pública.
Si ello hubiera ocurrido, hoy, 13 años después de su aprobación, el país se encontraría en medio de un fuerte proceso de renovación institucional. En lugar de la multiplicación de gobernantes como Abarca, Murat, Aguirre, Moreno Valle y Peña Nieto en todo el país, tendríamos numerosos ejemplos de funcionarios públicos honestos y comprometidos con sus electores. Se hubiera cumplido, aunque sea parcialmente, con el mandato popular expresado en las urnas en 2000 al expulsar al PRI de Los Pinos.
Pero el sueño democrático se esfumó rápidamente. Una y otra vez fracasarían los esfuerzos ciudadanos por utilizar la nueva ley de transparencia para combatir frontalmente al sistema de corrupción estructural y exhibir el abuso de poder. Un botón de muestra fue el cínico rechazo a la solicitud de acceso ciudadano a las boletas electorales utilizadas en la elección presidencial de 2006, originalmente propuesta por Irma Eréndira Sandoval y un servidor en estas mismas páginas. Aquella cerrazón autoritaria demostró que el régimen se defendería con garras frente al supuesto “abuso” ciudadano en la utilización de su nuevo derecho.
El acceso a información financiera y fiscal también ha sido bloqueado sistemáticamente. Jamás se ha divulgado todo lo ocurrido con la corrupción del “rescate” bancario del Fobaproa, y han fracasado los numerosos intentos ciudadanos para examinar los millonarios créditos fiscales otorgados por el SAT a las empresas más poderosas del país.
La PGR también ha erigido un muro infranqueable en contra del escrutinio ciudadano. Ha sido casi imposible tener acceso a versiones públicas de las averiguaciones previas, aun cuando se trate de la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Inclusive hace apenas unos días la PGR negó a una Comisión Especial del Congreso de la Unión la información básica sobre el caso Tlatlaya.
Y con cada nueva integración del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) se ha ido deslavando el carácter ciudadano de los comisionados. Hoy el IFAI se encuentra tan servil y desprestigiado como el Instituto Nacional Electoral. Así como muy pocos creen que las elecciones del próximo 7 de junio serán ejercicios auténticos de competencia democrática, casi nadie cree en la posibilidad de una verdadera transparencia o rendición de cuentas gubernamental. La decepción ciudadana es total.
Pero la ambición del régimen está fuera de control. Los mismos dinócratas que primero enterraron el legado de la Revolución Mexicana con su contrarreforma energética ahora buscan desmantelar cualquier resabio de la ventana democrática al reformar la ley de transparencia. Los gobernadores neofeudales que hoy controlan la política nacional quieren evitar futuras fugas de información que pudieran exhibir sus insultantes fortunas y propiedades.
Las propuestas de contrarreforma son impulsadas por los senadores Arely Gómez, hermana del vicepresidente ejecutivo de Televisa, y Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones. Las modificaciones acabarían en los hechos con el “principio de máxima publicidad”. Se busca la total opacidad de los contratos y fondos en el sector energético, obstaculizar la transparencia para casos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos, esconder información sobre créditos fiscales y cerrar de manera definitiva el acceso ciudadano a los millonarios fideicomisos y fondos gubernamentales.
Estos fideicomisos son el equivalente contemporáneo de la antigua “partida secreta” del presidente de la República. El más importante de todos es el recién creado Fondo Mexicano de Petróleo (FMP) ya que manejará los ingresos petroleros. Recordemos que fue precisamente Luis Téllez, hoy exhibido por sus cuentas millonarias en Suiza y recientemente nombrado integrante del Comité Técnico del FMP, quien señaló en su momento que Carlos Salinas “se robó la mitad de la partida secreta”.
Lo único transparente hoy es que el régimen autoritario no conoce límites. Solamente una amplia acción ciudadana coordinada, tanto en los ámbitos sociales como políticos, podrá detener el avance del dinosaurio.
Twitter: @JohnMAckerman
Publicado en Revista Proceso No. 1999
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