El problema de las autodefensas sigue escapándose a la órbita inepta del Estado peñanietista. Ahora, el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, advierte que deben dejar las armas de inmediato, pero aquellas se niegan escudándose en el artículo 10 constitucional. Alegan que de no ser por su apoyo, las fuerzas federales no hubieran acabado con Kike Plancarte y con Nazario Moreno El Chayo. Un especialista añade otro elemento de preocupación: si no se respeta a esos grupos surgidos de un reclamo popular, podrían cambiar su rostro por uno declaradamente paramilitar.
Por José Gil Olmos
Tras un año de arriesgarse al enfrentar y expulsar a Los Caballeros Templarios de 14 municipios de Tierra Caliente, Costa y Meseta Purépecha, los grupos de autodefensa de Michoacán son ahora amenazados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que pretende obligarlos a dejar las armas con las cuales hicieron el trabajo no realizado en 12 años por las administraciones estatales y federales del PRD, del PAN y del PRI.
El anuncio enardeció a las autodefensas, que en voz del doctor José Manuel Mireles rechazaron desarmarse. El artículo 10 de la Constitución, argumentan, le da el derecho a todo mexicano de poseer un arma para su defensa. El vocero de las autodefensas de Tepalcatepec pidió el apoyo de las poblaciones para impedir que les quiten las armas.
El jueves 3 el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, anunció en Morelia que en las próximas semanas se iniciará el desarme de las autodefensas y advirtió que, al concluir este proceso, quien sea encontrado en posesión de armas será detenido.
Horas más tarde, en la noche del jueves 3 se reportaron enfrentamientos en Sahuayo y Jiquilpan entre delincuentes, por un lado, y autodefensas y policías federales que presuntamente tenían acorralado a Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, dirigente de Los Caballeros Templarios.
Las amenazas de desarme agraviaron a las autodefensas. Al conocer las declaraciones del comisionado, de gira en el municipio de Coahuayana, Mireles rechazó el desarme y pidió unidad a la población.
Recordó que ante las amenazas de desarme ya ha habido reacciones violentas, como ocurrió en febrero en la tenencia de Antúnez, donde la población impidió que los soldados los desarmaran y hubo un enfrentamiento en el cual murieron cuatro personas, dos de ellas autodefensas.
Advirtió que no está de acuerdo en que la policía de mando único o la gendarmería nacional tomen en sus manos la seguridad de su pueblo, Tepalcatepec, porque no conocen la geografía, la gente ni a los delincuentes.
Diferencias peligrosas
La voz de Mireles chocó con las declaraciones del comisionado federal. Según Salvador Maldonado Aranda, investigador de El Colegio de Michoacán, estas diferencias entre autodefensas y gobierno podrían traerle una nueva crisis de seguridad al estado.
Estudioso de la región de Tierra Caliente desde hace más de una década, Maldonado señala en entrevista que el convenio firmado a principios de año entre Castillo y los líderes de las autodefensas fue para dar certidumbre a la relación entre las partes y además que el desarme se preveía una vez que se atendieran las demandas de aprehender a los líderes templarios.
Observa que por lo menos en estos momentos de tensión hay un alejamiento en términos prácticos entre el equipo del comisionado y las autodefensas, las cuales se han fraccionado al menos en dos corrientes: las ligadas a Mireles y las que apoyan a Castillo.
“Creo que esta es la situación más tensa, porque no se sabe muy bien si se van a dar más acercamientos o se van a romper definitivamente las relaciones”, indica Maldonado y advierte que a las autodefensas no se les puede desarmar de un plumazo, como pretende el gobierno peñista, pues no se ha valorado su importancia para combatir al crimen organizado y dar gobernabilidad a Michoacán.
“Sin esta interlocución me parece que se nos sitúa en un dilema grave: cómo se van a tener que dar las relaciones, los acuerdos, entre qué tipo de actores se van a generar alianzas para seguir aminorando un problema de violencia e ir generando una mayor certidumbre de gobernabilidad. Ese es el problema.
Riesgos de mutación
A contracorriente de la opinión de Castillo —que las autodefensas ya no tienen razón de ser—, dice que pueden ser un interlocutor importante siempre y cuando se establezcan nuevos acuerdos para revisar el tema de la infiltración y la labor hecha para limpiar territorios antes controlados por la delincuencia.
Precisa que el Gobierno Federal debería establecer una estrategia de largo plazo para dar certidumbre a la población y no esperar a que lleguen las autodefensas, limpien la zona y al mes nuevamente exista el problema.
Aún peor, asevera, si el Gobierno Federal no actúa con precaución y quiere desaparecer a las autodefensas podrían ocurrir fenómenos como en Perú o Colombia, donde grupos similares terminaron siendo un problema para la gobernabilidad y la seguridad.
“Ese es un dilema que también experimentaron otros grupos de América Latina, como los Comités de Defensa Civil de Perú y en cierta forma los Grupos de Autodefensa o paramilitares en Colombia; tuvieron que llegar a un punto de negociación para saber qué se iba a hacer con ellos.
No obstante acota que las autodefensas michoacanas son distintas de las peruanas o colombianas, grupos formados por militares y subvencionados por el Gobierno con intenciones de contrainsurgencia.
Si se mantiene el alejamiento con el Gobierno, añade, y se les desaparece, se corre el riesgo de que en el mediano plazo las autodefensas adquieran otra fisonomía y de que se incrementen otros problemas, porque ya no serían un peligro sólo los grupos del crimen organizado, sino también los que se crearon para combatirlo y ahora han sido considerados ilegales.
Sostiene que no cree que estos grupos vayan a dejar las armas aun cuando pasen a la clandestinidad, y en un contexto político adverso para ellos, pueden tejer alianzas con otro tipo de actores.
El problema, concluye, es que no se han tejido mecanismos más efectivos que den certidumbre en las formas de generar seguridad en Michoacán, más allá de desinflar un movimiento político y terminar con el crimen organizado.
Propone un plan de seguridad ciudadana, más que pública, donde el centro de la estrategia sean la sociedad y su bienestar en el largo plazo.
Fuente: Proceso
