Por John M. Ackerman
La austeridad implica sencillez, moderación, seriedad y moralidad. El Diccionario de la Real Academia Española define “austero” como “severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral” y como “sobrio, morigerado, sin excesos”.
Durante décadas los (neo)liberales se apropiaron de manera hipócrita y engañosa de este término. Bajo la bandera de la “austeridad” saquearon al erario, endeudaron a la nación, inflaron la burocracia y empobrecieron al pueblo. Utilizaron este digno concepto para intentar revestir sus fechorías con un halo de supuesta moralidad.
En el camino lograron transformar el sentido mismo de las palabras. La austeridad dejó de significar moderación para transformarse en un concepto identificado con el recorte al gasto social. Bajo la influencia de la ideología neoliberal muchos hoy entienden la austeridad como equivalente a la reducción de los apoyos para los más necesitados, en lugar de su sentido originario de la limitación de los excesos de los más privilegiados.
La apuesta de Andrés Manuel López Obrador por una verdadera austeridad entonces no lo acerca al esquema (neo)liberal, sino justo lo contrario. Su rescate de la definición profunda y originaria de la palabra es una de las claves de su rompimiento con la ideología del viejo régimen.
La austeridad de la Cuarta Transformación no es gastar menos sino más. No es para limitar la acción del Estado, sino para fortalecerlo. No es para ampliar el ámbito de acción de los poderes privados, sino para ensanchar cada vez más la esfera de lo público, lo colectivo y lo comunitario. No es para recortar los apoyos para los pobres, sino limitar los excesos de los potentados.
No hay una sola palabra de la Ley de Austeridad Republicana ya aprobada por la Cámara de Diputados, o el Memorándum correspondiente emitido el pasado 3 de mayo, que hable de reducciones en el gasto social, educativo o de salud pública. Al contrario, la finalidad de la ley es precisamente generar ahorros para poder gastar e invertir mucho más en estos ámbitos.
El artículo cuarto de la Ley señala sin rodeos que el propósito de la “austeridad republicana” es “combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.
El Artículo 7 dice explícitamente que quienes apliquen las medidas de austeridad deben “abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos”. Así que los funcionarios públicos que utilicen la austeridad como pretexto, al estilo de Germán Martínez, para no desempeñar efectivamente sus labores podrán ser sancionados por la Secretaría de la Función Pública una vez que entre en vigor la norma.
Es importante insistir en que tanto la Ley como el Memorándum hablan única y exclusivamente de reducciones en los gastos burocráticos y de administración. Se eliminan la multitud de nuevas direcciones generales adjuntas creadas desde el sexenio de Felipe Calderón, se acaba con todos los asesores y la gran mayoría de los choferes, se prohíbe la adquisición de nuevos vehículos, se reduce drásticamente el gasto en papelería, viáticos, viajes, telefonía celular y la subcontratación de servicios a terceros.
Simplemente mienten y engañan quienes quieren responsabilizar a la verdadera austeridad, moral y republicana, de López Obrador por las consecuencias de más de tres décadas de políticas de supuesta “austeridad” neoliberal que han diezmado las instituciones públicas y los programas sociales del país.
La falta de medicinas y equipamiento médico, las malas condiciones de las escuelas públicas, las limitaciones respecto a la inversión en ciencia y tecnología así como la violencia de la pobreza extrema en que se encuentran millones de mexicanos, no son resultado de la ausencia de choferes, asesores, viáticos y viajes internacionales, sino de seis sexenios al hilo de presidentes más interesados en cumplir con las exigencias de las calificadoras internacionales que en satisfacer las necesidades del pueblo mexicano.
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Fuente: Proceso
