El gobierno de Chihuahua acusó al exgobernador César Duarte de operar una red de empresas fantasmas que recibieron hasta 500 millones de pesos y también que se hicieron adjudicaciones directas por un monto de 5 mil millones de pesos aplicados en obra pública.
El coordinador del gabinete del gobierno de Chihuahua, Gustavo Madero, denunció que el 60% de las licitaciones que adjudicó el exgobernador César Duarte se hicieron de manera directa, “burlando” la Ley de Adquisiciones y Obra Pública.
“Se hacían adjudicaciones directas en tres o más montos para poder burlar la ley, esto llegó a representar más del 60% de toda la obra pública que se asignó a los cuates y amigos, a un puñado de proveedores contratistas, y esto lo conocía todo el mundo”, precisó en entrevista con Radio Fórmula.
De acuerdo con el expresidente nacional del PAN, todas esas irregularidades se están documentando, pero no se han dado nombres y números de expedientes, dijo, porque se está cuidando el debido proceso y la presunción de inocencia. “Sólo se está comentando el modus operandi, sin dar los casos específicos todavía”, añadió.
Otros puntos detectados, subrayó, “son las empresas fantasmas que se creaban ex profeso, no existían antes, existían después, y muchas veces los bienes ni se entregaron”.
Indicó que tan solo en una dependencia se fueron más de 500 millones de pesos en operaciones por la vía de servicios de empresas fantasmas, además de que “se vendieron bienes públicos a precios ridículamente bajos a la gente cercana del (ex)gobernador… Vendidos, financiados de manera ventajosa, descaradamente ventajosa”.
Según el panista, a todos los jefes de Departamento para arriba se les quitaba el 10% de sus compensaciones, “se los retenía Hacienda y eso es ilegal. La Secretaría de Hacienda les retenía ese dinero y se lo entregaba al PRI”.
El gobierno de Duarte, sostuvo, nunca pensó que perdería la entidad, “pero cuando se conoció el resultado electoral, más de 500 personas que presumimos que eran operadores o aviadores presentaron su renuncia entre junio y septiembre de este año, se dieron de baja”.
Antes tantas irregularidades que dejó la anterior administración, dijo, el gobernador Javier Corral tiene el interés de llevar a la justicia al César Duarte y a su equipo de colaboradores por corrupción.
Sobre el dinero que uso el exgobernador para formar un fideicomiso para el Banco Progreso, eso –subrayó– está detenido en la Procuraduría General de la República (PGR)… No hay una voluntad de hacer justicia, sino de ir administrando los casos para ir anunciándolos política y electoralmente, eso nos preocupa mucho”.
Y adelantó que presentarán nuevas acusaciones ante la PGR en contra de Duarte
Fuente: Proceso/ El Diario
