Desapariciones forzadas, homicidio, persecuciones, amenazas, extorsión… así se consigue despojar de tierras a ejidatarios de la Riviera Maya. Las dinámicas de despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y políticos corruptos, que han tomado a los tribunales agrarios como rehén, corrompiendo jueces en ocasiones. Tulum es un botón de muestra de lo que enfrenta el país: una batalla por desaparecer los ejidos en un contexto de pulverización institucional en el que la ambición empresarial se impone a la ley y a los planes de desarrollo sustentable.
Por Lydia Cacho
Eran las 9:35 de una soleada mañana del jueves 17 de mayo de 2012, cuando un hombre de tez morena, vestido con una playera polo color verde entró en las oficinas del despachoLópez Joers & Varela Abogados, ubicado en la calle Dos poniente, cerca del centro deTulum.
El hombre –que dijo llamarse Erik– solicitó al abogado Luis Hernández Patiño que le señalara la oficina de Álvaro López Joers. Al abrir la puerta para presentarlos, el visitante sacó un arma tipo escuadra y encañonó a Hernández, exigiéndole que se metiera en el baño y se postrara boca abajo. Inmediatamente, el hombre armado se acercó a López Joers, de 52 años, le exigió que se hincara frente al escritorio y le disparó dos tiros precisos que le dieron muerte, uno en el pecho, otro en el cuello.
El asesino salió corriendo, dos sujetos en un auto le esperaban en la esquina y los testigos los vieron huir sin que, hasta la fecha, se conozca el nombre, los motivos y el paradero del criminal.
Álvaro López Joers nació en el Distrito Federal. Era litigante especializado en juicios mercantiles y agrarios. Entre 1992 y 1996 fue subdelegado jurídico de la Procuraduría Agraria en Chetumal, capital de Quintana Roo, lo que le convirtió en un experto en el tema. Él documentó los incontables intentos de despojo, robo e invasión de terrenos propiedad de ejidatarios originarios de la región. En el momento de su homicidio, Álvaro llevaba la defensa de 40 personas, propietarias legítimas de diversos terrenos en el ejido de Tulum, denominado oficialmente Ejido José María Pino Suarez; López Joers también representaba legalmente a la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez.
Las y los ejidatarios, a quienes entrevistamos para este reportaje, aseguran que la muerte de su abogado fue una advertencia para todos los que buscan justicia por la vía institucional.
El litigio más complejo que llevaba López Joers al momento de su muerte estaba relacionado con el despojo de seis predios costeros, ubicados en el kilómetro 10 de la carretera costera Tulum-Boca Paila, especialmente en los hoteles ecoturísticos denominados “Vía Laktea”, “Hamaca Loca”, “Xicho”, “Casa del Jaguar”, “Tierras del Sol” y “Sueños”. Según los ejidatarios, el juicio presentaba avances positivos para los afectados.
*Videos de los referidos desalojos:
Unas semanas antes de su muerte, el 16 de abril de 2012, el abogado López Joers manifestó ante un reportero del diario Poresto! De Quintana Roo, publicado en esa misma fecha, que como parte de los litigios para conservar la propiedad de terrenos de la zona costera interpuso una demanda contra documentación apócrifa presentada ante esta instancia por una familia de Nuevo León, de apellido Garza Ponce, que pretendía quedarse con una fracción de la franja costera de seis kilómetros, perteneciente al ejido de Pino Suárez.
El defensor dijo que los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, pretendían despojar a los dueños de las tierras costeras pertenecientes a este ejido ubicado entre la selva y el mar Caribe, mediante escrituras públicas cuyo origen es un falso título de propiedad (No. 673, de fecha 27 de diciembre de 1948).
López Joers aseguró públicamente que Garza Ponce le amenazó, argumentando tener una relación cercana con el gobernador Roberto Borge.
Luego del asesinato de su abogado defensor, los integrantes de la Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez, denunciaron ante las autoridades y los medios de comunicación el despojo que pretendían llevar a cabo los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, representados por Carlos Amador Treviño Lozano, también originario de Monterrey, Nuevo León.
Los despojos se sostienen en operaciones que vinculan directamente a políticos, servidores públicos y empresarios oportunistas. Como en todos los ejidos del país, la cantidad de títulos apócrifos y de ventas fraudulentas de terrenos representa un problema legal de grandes proporciones.
En el informe de la FAO denominado Mercado de Tierras en América Latina, Héctor Robles, quien analiza el caso México, explica el contexto de la desactualización del registro catastral, transacciones dudosas, ventas irregulares y vacíos legales que favorecen esta crisis.
Fuente: Aristegui Noticias
