Activistas acusaron que les arrebataron 120 mil firmas impresas y en formato electrónico en contra de la Ley de Seguridad Interior al ingresar al Senado de la República.
Señalaron por el hecho a personal de seguridad de la Cámara, además de que no permitieron entrar a víctimas de abusos militares.
Integrantes de organizaciones como Seguridad sin Guerra y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad entraron al recinto con la ayuda de los senadores Angélica de la Peña y Mario Delgado para buscar diálogo con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“Me dicen que cuando entraron acá les quitaron las firmas. Me parece que, insisto, yo llamo la atención al senador Ernesto Cordero de manera pública para que dé instrucciones a quien tenga que darlas, empezando por la seguridad mayor, el secretario administrativo, el señor Figueroa”, dijo De la Peña.
“Que dé instrucciones para que les regresen las firmas que traían impresas, no tienen ningún veneno o cianuro en las hojas para que los envenenen, digo, me parece que es absurdo que no se garantice la entrada, como lo hicieron de manera ordenada registrándose. Por favor, entréguenoslas. Me parece verdaderamente grave que estas acciones pasen aquí”.
En conferencia de prensa informaron que en cinco días han juntado 120 mil firmas en contra de esa ley a través de la plataforma change.org.
La politóloga Denise Dresser, miembro de Seguridad Sin Guerra, consideró que la Ley de Seguridad tiene un trasfondo político ante tiempos electorales.
“Los senadores del PRI, del Partido Verde y los llamados rebeldes del PAN preparan el equivalente a un autogolpe militar, negociado y avalado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas”, dijo la politóloga Denise Dresser, miembro de Seguridad Sin Guerra.
“Se avecinan tiempos electorales y todos los candidatos quieren a los soldados de su lado. El Ejército propone y el Congreso dispone, a la orden, a la orden para aprobar una ley que ampliaría el concepto de uso legítimo de la fuerza permitiendo a las Fuerzas Armadas repeler de reforma agresiva las formas de resistencia social no agresivas o intervenir en conflictos postelectorales”.
María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, consideró que las autoridades deben priorizar primero en la preparación policiaca.
“Necesitamos fortalecer el sistema de las Policías en todos los niveles, necesitamos que se incentive que realmente estas Policías civiles, que son las que por ley y como lo establece la Constitución tienen el mandato para cuidar a la ciudadanía, no son los militares”, apuntó.
“Por favor señores senadores, escúchenos, tenemos propuestas, los militares no deben estar en las calles. También tenemos evidencia de que algunos militares, algunos elementos de la Marina, han cometido violaciones a los derechos humanos”.
Fuente: Reforma
