Los contribuyentes de Arizona, que ya deberán pagar 54 millones de dólares por un caso de discriminación racial contra el sheriff del área metropolitana de Phoenix, están a punto de recibir otro golpe financiero preocupante: cientos de hispanos afectados podrán demandar al gobierno y buscar compensación por haber sido detenidos de manera ilegal luego de que Joe Arpiao desobedeció la orden del juez de detener sus patrullajes inmigratorios.
Un juez federal determinó hace dos semanas que Arpaio ignoró deliberadamente la orden de 2011 porque creyó que continuar con sus esfuerzos inmigratorios ayudaría a su reelección en la campaña de 2012. El juez dijo que cientos de hispanos se vieron perjudicados por el desafío del sheriff.
Sin embargo, la dificultad de encontrar víctimas podría mantener bajos los costos para los contribuyentes: algunas víctimas son inmigrantes que ya regresaron a sus países de origen o se mudaron a otras partes de Estados Unidos. Y muchos de los oficiales no guardaron registros de las detenciones en cuestión.
Emilia Banuelos, una abogada de inmigración en Phoenix que no está involucrada en el caso de discriminación racial, dijo que es probable que algunas víctimas no se presenten por temor a represalias de la oficina de Arpaio o por resignación a que las detenciones sin una orden son una desafortunada realidad en sus vidas.
“La gente está asustada. No cree en el sistema”, aseguró Banuelos.
Los abogados que impulsaron el caso contra Arpaio han buscado víctimas con la ayuda de los consulados extranjeros, observando videos de paradas de tránsito y estudiando sobre los arrestos y otros registros de la policía. Dicen que al menos 190 personas fueron detenidas en violación de la orden.
El segundo sheriff al mando, Jerry Sheridan, dijo que la agencia ha aplazado la búsqueda de víctimas para evitar apariencias de interferir con la inspección.
Sin embargo, afirmó que un equipo de detectives estará listo para buscar a víctimas en el futuro. “Solo estamos a la espera de que este proceso funcione”, aseguró Sheridan.
Los abogados de ambas partes están en negociaciones para determinar un sistema de preparado y reclamo de pago para las víctimas. Se espera que el juez federal de distrito Murray Snow pregunte a los abogados el martes en una audiencia cómo deben ser compensadas las víctimas.
Los abogados que ganaron el caso de discriminación racial quieren que cada víctima obtenga 1.500 dólares por detenciones ilegales que duraron más de una hora, con 1.000 dólares adicionales por cada 20 minutos de incremento. Argumentan que deberían exigirle a Arpaio 300.000 dólares de su propia bolsa para ayudar a los contribuyentes a compensar a las víctimas.
El condado y el sheriff quieren una base de compensación de 500 dólares por cada detención, con 35 dólares por cada 20 minutos adicionales.
Fuente: AP
