Arizona ha presentado una demanda para evitar que uno de los sistemas más grandes de universidades comunitarias del país proporcione matrículas a costo reducido para los jóvenes inmigrantes a los que el gobierno federal les ofrece la suspensión temporal de su deportación.
La demanda subraya la dura postura de Arizona contra la inmigración no autorizada y marca su más reciente desafío legal al programa federal que ha permitido a más de 365 mil inmigrantes en todo el país evitar la deportación desde que el presidente Barack Obama lo lanzó hace un año.
Las autoridades de Arizona argumentan que ampliar la matrícula a menor costo para aquellos jóvenes viola la ley estatal que prohíbe a cualquier inmigrante sin estatus legal recibir beneficios del dinero público. La oficina del procurador general Tom Horne había amenazado durante meses con demandar al sistema escolar por su política de matrículas.
Funcionarios del distrito escolar le habían pedido a Horne en abril que buscara que un juez arrojara luz en torno a la ley estatal para evitar interpretaciones contradictorias. Dijeron que los estudiantes son inmigrantes con permiso legal y deben tener derecho a la matrícula a menor costo.
“Creemos que es una lástima que él haya sentido la necesidad de hacerlo y gastar fondos públicos, de hecho, es una duplicación de fondos públicos, ya que somos una entidad pública y ellos también”, dijo Tom Gariepy, portavoz del distrito escolar. “Seguimos pensando que nuestra política se mantendrá y que el juez se inclinará de nuestro lado”.
La ley de Arizona no define lo que constituye un residente con permiso legal. Lo que sí hace, sin embargo, es considerar que una visa de trabajo es prueba suficiente de la situación legal. Los jóvenes en el programa de deportación diferida del gobierno de Obama pueden obtener una visa de trabajo, pero la gobernadora Jan Brewer ha dicho que no son residentes legales bajo la ley estatal.
El Distrito de Universidades Comunitarias del Condado de Maricopa aprobó su política de matrícula estatal en septiembre. Tiene unos 230.000 estudiantes. Los inmigrantes deben demostrar que viven en el estado y tener un estatus legal para tener acceso a la matrícula estatal.
“Desde nuestro punto de vista, no cambiamos nuestra política porque lo que estamos haciendo desde el principio era aceptar permisos de trabajo federales”, dijo Gariepy. “Nuestro punto ha sido que no sentimos que debemos tener que discriminar entre las personas que nos presentan esos permisos”.
El estado también está librando una batalla legal sobre las licencias de conducir para los jóvenes en el programa. Activistas por los derechos civiles argumentan que los inmigrantes con visas de trabajo ya reciben licencias de conducir bajo la ley de Arizona, y los jóvenes en el programa de deportación diferida no deben ser tratados de manera diferente según la cláusula de protección similar de la Constitución de Estados Unidos.
Bajo la política de Obama, los inmigrantes que pueden aspirar a estos beneficios deben ser menores de 30 años y haber llegado a territorio estadounidense antes de cumplir los 16. Unos 80.000 inmigrantes en Arizona cumplen esos requisitos, de acuerdo con cálculos del estado.
Los funcionarios de Maricopa forman parte de un creciente número de líderes de educación superior que sostienen que los estudiantes que asisten a las escuelas secundarias locales deben después poder pagar la matricula estatal reducida si participan en el programa gubernamental.
Al menos 13 estados permiten que los estudiantes que llevan varios años viviendo en el país sin estatus legal paguen la matricula estatal.
Fuente: AP
