Por Javier Sicilia
Después de los fraudulentos comicios en el Estado de México y en Coahuila y de la corrupción de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) –que decidieron ignorar y ocultar la información sobre el tema y legalizar así la corrupción de esos procesos–, es evidente que las próximas elecciones serán nuevamente las de la ignominia y el fraude. No hay, como el 18 de julio lo denunciaron el movimiento Ahora y Cuauhtémoc Cárdenas, “condiciones para una elección limpia, digna y confiable en 2018”. Con esas reglas de juego, quienes se sienten a la mesa electoral lo único que harán es convalidar la ignominia, el fraude y lo que desde entonces ha estado detrás de ello: la corrupción, el asesinato, las desapariciones, las fosas clandestinas, la colusión de autoridades con el crimen organizado, la destrucción de territorios, pueblos y comunidades, la impunidad, la indefensión y la miseria.
La lucha electoral, por lo tanto, no está en las urnas de 2018, como muchos piensan. Está antes: en la lucha de todos por hacer, como lo señaló Ahora, que quienes integran el Consejo General del INE renuncien y sean sustituidos por personas que tengan la confianza de la gente y se apeguen a los principios constitucionales que la ley les confiere, y que esas nuevas autoridades, además de garantizar la equidad del voto, vuelvan a celebrar las elecciones en el Estado de México y en Coahuila.
Si esto no se hace, la ignominia y el fraude, cuyos paradigmas son 1910, con Madero; 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas, y 2006, con Andrés Manuel López Obrador, volverán a repetirse de forma más brutal y perversa, dadas las condiciones de violencia y de ingobernabilidad que vive el país.
Hay en este sentido dos momentos que deberían repetirse, pero no después de las elecciones, como entonces sucedieron: la protesta de Cuauhtémoc Cárdenas, al lado de doña Rosario Ibarra de Piedra y de Manuel Clouthier, en 1988, y la toma de la avenida Reforma de la CDMX en 2006.
El primero debe hacerse ya. Todas las partes sanas de los partidos deberían coaligarse con el movimiento Ahora y Cuauhtémoc Cárdenas con el fin de cambiar a nuestras autoridades electorales y celebrar nuevas elecciones en el Estado de México y en Coahuila. El segundo momento debería suceder sólo si hay una negativa autoritaria a que eso se realice. Entonces habría que llamar, no a la toma de Reforma, sino a una movilización y a un paro nacionales hasta que esto se cumpla, se depuren las reglas del juego y se tengan elecciones en 2018 que se aproximen a una realidad democrática.
Por desgracia, como lo ha señalado Sergio Aguayo (“No ha lugar”, Reforma, 19 de julio 2017), los partidos son cómplices de este estado de cosas. “Las elecciones en el Estado de México fueron descritas como ‘elección de Estado’ por el PAN, el PRD y Morena. A los pocos días olvidaron el calificativo y (como si no hubiese sucedido nada o lo acaecido fuera un vago recuerdo) dedicaron su energía a pensar en los cargos que disputarán en 2018”.
Parece, en este sentido, que AMLO no aprendió la lección y se dispone, al igual que en 2006, a sentarse una vez más a una mesa de juego vomitada y con las cartas marcadas, en la que evidentemente se hará otra vez trampa. Si lo hace así, no tendrá derecho a reclamar. Quien a sabiendas se sienta a jugar con tramposos y en una mesa de juego diseñada claramente para ello, jamás tendrá el derecho de protestar. Su protesta, como sucedió con la toma de Reforma, que debió haberse hecho antes para buscar limpiar el proceso electoral, será siempre ridícula.
Si no cambiamos las reglas del juego en este momento, nadie –es la lección inobjetable de las recientes elecciones– que no esté vinculado con la corrupción, el crimen organizado, el uso de recursos públicos y privados ilegales, la propaganda disfrazada de programas sociales, la manipulación de la ignorancia, de la miseria y del dolor de la gente, podrá asumir el poder.
En el tema electoral, que parece ocupar todo el imaginario público y unificar a la nación, la única lucha que en estos momentos vale la pena de ser librada es por una coalición de todos para cambiar a las autoridades del INE, cuya corrupción y sometimiento bovino a los intereses de Enrique Peña Nieto y del priismo son tan absolutos como claros, para anular y volver a hacer elecciones en el Estado de México y Coahuila, y transitar con legitimidad hacia el proceso electoral de 2018.
Ir hacia él como si los inmensos fraudes que se cometieron en esas entidades no hubiesen sido, y como si los consejeros del INE no hubiesen traicionado a la nación al ocultar y negarse, como era su mandato, a investigar la documentación que sobre el fraude les entregaron el movimiento Ahora y los partidos; y decretar con ello la normalidad de esas elecciones es simplemente convalidar el estado de cosas que nos ha sumido en la ingobernabilidad, la violencia sin límite, la impunidad, el sufrimiento y el cinismo, y aceptar que vuelva a escupirse sobre la democracia y el rostro de todos. Entonces, lo más digno será no ir a las urnas y continuar desde las trincheras de la reserva moral del país resistiendo a la barbarie y buscando caminos alternos a la degradación moral y política del país.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, refundar el INE y declara nulas las elecciones del Estado de México y de Coahuila.
Este análisis se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.
