Los autores de ejecuciones extrajudiciales en el país gozan de una impunidad casi absoluta, advierte Amnistía Internacional (AI) en el apartado sobre México de su Informe Anual 2015-2016.
Como ejemplo, la organización cita el caso de Tlatlaya, en el que las autoridades afirmaron que el Ejército mató a 22 presuntos miembros de una banda criminal durante un enfrentamiento armado.
“Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una comisión especial de investigación del Congreso concluyeron por separado que la mayoría de los fallecidos habían sido abatidos cuando ya no representaban una amenaza.
“Siete soldados fueron arrestados, pero sólo tres seguían encarcelados en espera de juicio al concluir el año (2015). La Procuraduría General de la República no investigó a ningún oficial del Ejército ni a otras personas con responsabilidad de mando que no habían impedido ni detenido dichos delitos”, indica el informe.
Y reprocha que, por segundo año consecutivo, no se hicieron públicas las estadísticas sobre personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Policía y las fuerzas armadas.
El documento, dado a conocer a nivel mundial esta tarde, aborda también la tortura, las desapariciones forzadas, las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos y la violencia contra las mujeres y niñas, como prácticas generalizadas o endémicas en México.
Destaca que siguen pendientes varios de los 10 puntos que en noviembre de 2014 anunció el Presidente Enrique Peña Nieto tras las protestas masivas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en particular las leyes generales contra la tortura y la desaparición de personas.
De igual forma alerta de violaciones a los derechos de los refugiados y migrantes indocumentados, quienes son víctimas de la delincuencia organizada, mientras que los pueblos indígenas carecen de un marco jurídico para decidir sobre megaproyectos en sus territorios.
A nivel mundial, Amnistía Internacional pone énfasis en la crisis de las personas que, por voluntad propia y de manera forzada, deben dejar sus lugares de origen por estar en zonas de conflicto, como el caso de los migrantes sirios que buscan refugio en Europa.
Sin embargo, América Latina y el Caribe no sale bien parada en el informe, destacando México, Brasil y Venezuela por el nivel de violencia y violaciones a los derechos humanos.
“Mientras el continente americano expresaba su alegría por los cambios positivos en el conflicto que asuela a Colombia desde hace decenios (…), la violencia siguió socavando los derechos humanos y las instituciones en países como Brasil, México y Venezuela”, señala el Informe.
“Los niveles de violencia letal en toda la región seguían siendo extremadamente elevados. América Latina y el Caribe albergaban a 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos, Brasil, Colombia, México y Venezuela, se cometían uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial”.
