Por Javier Corral Jurado
El encarcelamiento del Dr. José Manuel Mireles Valverde, uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán, muestra las profundas contradicciones de la política de combate al crimen organizado del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pasaron del impulso de ese movimiento social, a la persecución y hostigamiento a sus líderes. La magnitud del operativo por el cual se le detuvo, y la forma como lo llevaron a cabo, demostró más que poder de las fuerzas de seguridad que actúan en conjunto, la debilidad de un Estado que tiene que fabricarle delitos a quien, unos cuantos meses atrás, brindaba protección y seguridad como a uno de sus aliados.
El fracaso del Estado en Michoacán, principalmente por su colusión con las bandas delincuenciales, llevó a miles de ciudadanos a armarse para autodefenderse; las fuerzas autodefensivas lograron recuperar territorios completos y limpiarlos del yugo de los narcotraficantes, luego el gobierno federal se volvió contra los que hicieron esa labor, y detuvo primero al Dr. José Manuel Mireles Valverde, el líder de las autodefensas, que a Servando Gómez Martínez, La Tuta, el Jefe de los Caballeros Templarios. Cayó el secretario general de gobierno y gobernador interino, cayó el hijo del Gobernador Constitucional, existen 387 autodefensas presos, pero el único que no cae es el temido narcotraficante, que concede entrevistas, suelta delaciones sobre políticos y candidatos, pasea por las plazas y entrega dinero a quien se le acerca.
A principios de este año, Julio Hernández, en su columna Astillero de La Jornada, describió muy bien el fenómeno de consentimiento que sobre las autodefensas mantenía el gobierno federal: “Hasta ahora, la administración peñista ha tolerado abiertamente (lo que en los hechos es una forma de promoción) el avance impetuoso de contingentes extraordinariamente bien equipados que van barriendo a los Caballeros Templarios de sus zonas tradicionales de dominio (diversas crónicas periodísticas dejaron constancia, por ejemplo, del papel meramente observador, de virtual cobertura o asentimiento, que cumplieron las fuerzas militares mientras las tropas autodefensivas se hacían del control de Nueva Italia, el escalón más alto hasta ahora en la ruta trazada hacia la capital templaria, Apatzingán).”
Las autodefensas no son un fenómeno reciente, con diferentes manifestaciones ha aparecido desde hace dos décadas en distintas comunidades donde la población no se ha resignado a perder la paz, sufrir el despojo y la violencia por parte del crimen organizado. A las autodefensas se les suele asociar con las policías comunitarias (guardando las debidas proporciones, además de los motivos por los que surgieron) figura que tuvo sus inicios hace 18 años en la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, y que poco a poco fueron extendiéndose en el estado, aunque las policías comunitarias reivindican un sistema de justicia basado en los usos y costumbres de cada comunidad y colaboran con las autoridades, ambas figuras tiene un objetivo común que es la seguridad.
En el estado de Michoacán estas expresiones de hartazgo se fueron extendiendo en muy poco tiempo, comenzaron en 2011 en el municipio de Cherán para enfrentar a taladores ilegales de árboles a los cuales los pobladores acusaba también de tener vínculos con el crimen organizado; esta situación llevó a la comunidad a no votar por partido alguno y decretar en 2012 el régimen de usos y costumbres para instaurar su propio sistema de justicia comunitaria, con un “consejo mayor” integrado por 12 personas, así como una serie de consejos operativos.
Para 2013 aparecen grupos formalmente conocidos como autodefensas. En febrero de ese año, Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, da a conocer la conformación de grupos de autodefensa en su municipio, así como en Buenavista y en Coalcomán municipios a los que se unió Urapiche y Ostula para el mes de marzo. El 5 de enero de 2014 los autodefensas ya había tomado Parácuaro, bastión de los Caballeros Templarios. Aunque formalmente el gobierno federal desautorizaba “la justicia por propia mano”, en los hechos convalidó la acción autodefensiva, mantuvo interlocución permanente con sus líderes, y les brindó protección.
Cuando el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció por segunda ocasión el 15 de mayo de 2013, una nueva estrategia de seguridad para Michoacán – en un periodo de sólo seis meses de gobierno -, sólo se concretó a dar a conocer el nombramiento de un nuevo secretario de seguridad que tendría a su coordinación no sólo a la policía del estado, sino al Ejército y a la Policía Federal; sin embargo ahí reconoció que con la llegada de elementos militares, policías federales y de inteligencia del estado de Michoacán, “las autodefensas ya no tendrían razón de ser”. A la semana del anunció, Osorio decretó que el territorio estatal había recuperado la tranquilidad, aunqu e meses más tarde tuvo que recular ante la ola de violencia que azotó nuevamente al estado, principalmente los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Aquila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas y La Huacana. Para entonces el reporte estadístico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaba a la entidad entre los 10 primeros estados donde se ha reportado el mayor número de delitos de alto impacto.
Ciertamente los grupos de autodefensas se encuentran al margen de la ley, utilizan armas prohibidas por el ejército y disponen de ellas; el Estado no puede, ni debe, renunciar a uno de los objetivos esenciales de su existencia que es brindar seguridad a los ciudadanos y para ello, ejercer el monopolio de la fuerza pública. Sin embargo es indiscutible que el gobierno federal permitió que las autodefensas crecieran y se extendieran en el territorio estatal, tuvieron muchas reuniones con las autoridades, lo que dio pie a que algunos investigadores y académicos vieran en este fenómeno un “experimento” del gobierno, para atacar la ilegalidad con ilegalidad.
Pero la llegada de Alfredo Castillo, como Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, puso fin a esa estrategia. Insólito jefe absoluto de todas las fuerzas locales, estatales y federales en Michoacán, extendió su verticalismo hacia las autodefensas y las condujo de manera tramposa a acuerdos que terminaron situándolas en una vulnerabilidad absoluta, a la luz de la batalla librada. Sin garantías plenas de seguridad, ni detenciones relevantes de jefes templarios, anunció el desarme. Las autodefensas habían dejado claro que no habría desarme a menos de que fueran detenidos los 7 líderes de los Caballeros Templarios y que no tendrían ningún problema en devolver las armas porque su intención no era quedarse permanentemente en esta labor que corresponde al Estado; sólo pedían seguridad.
El comisionado Castillo informó que estaría abierta la posibilidad de que personas que participaran de las autodefensas, se integraran a los cuerpos de defensa rural y que estarían coordinados por el Mando Unificado. De inmediato, el doctor José Manuel Mireles, manifestó no estar de acuerdo con la gendarmería única “porque nos van a llenar de gente que no nos conoce y que no conocemos, y que jamás nos van a defender de nada” y abundó en la necesidad de unidad de las autodefensas: “si el pueblo está unido y protege a sus comunitarios, jamás nos van a desarmar”.
Parece que Alfredo Castillo, quien tiene una evolución de dueño y señor de la “gobernabilidad” de Michoacán, se sintió desafiado por parte del Dr. Mireles. Fue entonces que el 27 de junio, el líder de las autodefensas y 82 integrantes de su grupo fueron detenidos en Acalpican, cerca de Lázaro Cárdenas, en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, en el que participaron elementos de la Policía Federal, la Marina, el Ejército y la Procuraduría de Justicia del estado. A decir de sus abogados defensores, Salvador Molina Navarro y Talía Vazquez, la detención del Dr. Mireles y el proceso que ha llevado está atestado de irregularidades, violaciones a sus derechos humanos y fabricación de pruebas. Los detenidos no han tenido un debido proceso, y en el caso de Mireles se le tiene prácticamente incomunicado en el penal de Hermosillo, Sonora.
Cuento los hechos anteriores, y refiero citas y fechas, porque estoy convencido que el gobierno de Peña Nieto ha actuado de manera alevosa y desleal en el caso de las autodefensas de Michoacán. Que pasó de su impulso a la persecución, y que eso ocurrió cuando el Dr. Mireles convocó en la Ciudad de México a una asamblea nacional de autodefensas, con personalidades de primer orden en la vida política del país. Temeroso de que el ejemplo cundiera, decidió encarcelar al protagonista de un valor ciudadano que ningún autoritarismo puede consentir, obviamente mientras le sirva.
El movimiento de las autodefensas en Michoacán no es un acto criminal que haya atentado contra la población; comenzó a razón de que las autoridades locales y federales se vieron rebasadas, pero nunca desafió al Estado o buscó adueñarse del territorio. Se propusieron con firmeza de arriesgar la vida misma, alcanzar la paz para sus semejantes. Por eso creo que los autodefensas presos y su líder José Manuel Mireles, deben beneficiarse de una Ley de Amnistía que interrumpa los procesos penales y les recupere su condición de hombres libres, como lo que son. Una Ley de Amnistía que el propio Mireles, en su cuarto mensaje a La Nación, ha visto con buenos ojos; surgida de una iniciativa ciudadana que concrete el viejo apotecma de que sólo el pueblo salva al pueblo.
En nuestro país existen dos antecedentes de Ley de Amnistía: las promulgadas en 1978 y 1994. La primera se expidió para extinguir la acción penal en contra de los participantes de distintos movimientos guerrilleros en el país, “por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país”; la segunda tuvo que ver con el alzamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional: “Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas”.
Las autodefensas son parte de un movimiento social que pertenece a una situación atípica a la que no se debió haber llegado. El Estado no cumplió con su deber de resguardar la seguridad y el derecho a la vida de los civiles.
Fuente: JavierCorral.org
