Por Francisco Javier Pizarro Chávez
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que el presidente de la República, el 1 de septiembre les va a presentar, “una iniciativa preferente en materia de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública”, para promover reformas a la Ley de la Guardia Nacional, a la ley del Ejército y Fuerza Área y a la Ley de la de Ascensos de las Fuerzas Armadas”, con el fin de aportar a México “una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, que sea capaz de garantizar la seguridad en la persona y bienes de todos los ciudadanos”
Agregó el secretario de Gobernación que no será una Reforma Constitucional; que lo que se promueve son leyes secundarias, por lo que solo se requiere la mayoría simple de los legisladores.
El presidente López Obrador, fue más preciso: “Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional depende de la Secretaría de la Defensa”, en lo administrativo, para que no le den “marcha atrás”. (Fuente: Sin embargo).
Hay que recordar el 11 de mayo de 2020, el presidente aportó al Diario Oficial, que su gobierno “dispondrá de la fuerza armada en materia de seguridad pública, durante 5 años con fundamento en el Artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el 26 de marzo de 2019, el cual fue aprobado por la mayoría calificada del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas.
El artículo referido, establece que el presidente de la República puede disponer de la Fuerza Armada permanente de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” en tanto la Guardia Nacional desarrollara su estructura, capacidades, implementación territorial, e informar al Senado de acuerdo con lo dispuesto por la Fracción Cuarta del Artículo 76 constitucional.
Como es de conocimiento público la promulgación de ese decreto generó una caterva de críticas desde quienes lo aprobaron (legisladores y gobernadores), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), organizaciones civiles no gubernamentales protectores de la hipócrita “legalidad, justicia y derechos humanos”, mediante las cuales extorsionaban en su beneficio financiero que les aportaban sexenio tras sexenio a los presidentes de la república e incluso Estados Unidos, como a Claudio X González.
“Se les olvidó” que la militarización inició con la pomposa “Guerra contra el Narcotráfico” el 11 de diciembre de 2006, encabezada por Felipe Calderón, cuando asumió la presidencia de la República.
Coincido con quienes, con fundamento y honestidad, advierten al presidente que disponer la Guardia Nacional a las fuerzas armadas (Ejército y Marina) en materia de seguridad pública, no es lo mejor. Desde mi punto de vista, lo que se requiere es integrar con estrategias diferenciadas un sistema integral, ya que el fenómeno delincuencial tiene múltiples aristas.
Una cosa es la delincuencia común y otra muy distinta la delincuencia organizada. No se puede equiparar a una pandilla con un grupo de sicarios de los cárteles del narcotráfico; una riña callejera con un enfrentamiento entre cárteles; un drogadicto con un traficante de drogas, etc.; etc.
La delincuencia común perturba la tranquilidad y la paz de la sociedad civil y pone en riesgo la libertad, integridad, patrimonio y la vida de los ciudadanos. La delincuencia organizada vulnera la estabilidad del país y siembra terror, pero también transgrede el estado de Derecho, la gobernabilidad, y afecta el desarrollo económico, social y hasta cultural.
La seguridad pública debe prevenir, contener, investigar y sancionar delitos del orden común. La seguridad interior debe mantener de manera inmediata y directa, la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, salvaguarde la soberanía nacional y proteja las amenazas externas de nuestro país y ciudadanos.
Es urgente que la delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico se tipifiquen jurídica y constitucionalmente, como un riesgo a la seguridad interior e incluso a la seguridad nacional.
Veremos y diremos que alcance tendrá la Iniciativa Preferente de la Guardia Nacional, si la aprueban los legisladores de Morena y aliados, y/ o la que los diputados opositores la cancelen.
