Por Francisco Javier Pizarro Chávez
El presidente de la República, Lic. Manuel López Obrador, reitero en la conferencia mañanera del martes 31 de agosto, que impulsará a partir de la segunda mitad de su sexenio tres reformas a la Constitución “casi irreversibles” para avanzar y consolidar la 4ta Transformación.
La primera para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad; la segunda, impulsar una reforma electoral realmente democrática para sanear y garantizar un órgano electoral independiente y a la par, excluir las diputaciones plurinominales que los órganos electorales (INE y TEPJ) sin fundamento alguno imponen para bloquear a Morena la mayoría calificada de la legislatura y, la tercera para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las cuales son de hondo calado para la sociedad y la democracia.
Abordaré la trascendencia que estas reformas tienen, pero también—en mi próxima colaboración– las que son ejes fundamentales para la vida pública de México y la conciencia social, como es la revocación del mandato; las políticas de bienestar social; becas a estudiantes de familias pobres; la entrega de pensiones a las personas de la tercera edad, la atención médica a los medicamentos gratuitos; el regreso a clases presenciales, de la migración de centroamericanos, la reactivación económica y del Producto Interno Bruto, el outsourcing de las maquiladoras extranjeras, el cambio climático y desde luego, ponerle freno a los feminicidios, el narcotráfico y la inseguridad, entre otros.
Es evidente que el presidente, por sí mismo, no puede hacer frente a la derecha opositora, medios de comunicación, noticieros, organismos no gubernamentales y agrupaciones civiles; que desinforman a los ciudadanos y manipulan al pueblo e incluso a “grupos sindicales como la CNTE” e “intelectuales orgánicos”, que lo etiquetan como “populista” y otros, abiertamente derechistas (Frena) que lo califican como “socialista o comunista”.
En un contexto como el referido, se requiere –desde mi punto de vista—no caer en la grotesca “polarización social” que los neoliberales y partidos de derecha, están provocando para “desestabilizar” la gobernabilidad del presidente y, cancelar el proyecto de nación de la 4ta Transformación”, cimientos ambos de la soberanía de la Nación y la democracia del pueblo.
Morena debe abocarse a profundizar y consolidar la democracia participativa, no solo la representativa. Y eso requiere interactuar con el pueblo, atender sus problemas y abusos como la desigualdad social, la injusticia, la violación de sus derechos humanos, y por supuesto, poner freno al virus de la corrupción e impunidad, prevaleciente, mediante el cual los expresidentes y legisladores del PRI y el PAN tenían como slogan: “El que no transa no avanza”, pese a la pandemia de empobrecimiento del país y el pueblo, que generaron.
Las reformas constitucionales impulsadas por el presidente de la República son sin duda alguna, un paso significativo para la consolidación de la 4ta Transformación, pero no hay que confiarse.
Iberdrola en su propio país de origen (España) incrementó hace unos días, el precio de su energía eléctrica, el cual alcanzó su máximo histórico en España, esto es, mas de 106 euros por megavatio por hora (2 mil 600 pesos), lo que irritó a los españoles que se vieron obligados, la mayoría de ellos, a no poner a funcionar, lavadoras, hornos o lavavajillas por la tarifa estratosférica del precio de la luz.
Si Iberdrola hace eso en su país, que se puede esperar de sus operaciones en México en el que tiene poderosos intereses, gracias a los ex presidentes y legisladores que privatizaron la CFE con el argumento de que era mejor la energía renovable de esa trasnacional, que usufructo miles de millones de pesos.
Por lo que se refiere a la renovación del sistema electoral (INE y TEPJF), tampoco hay certeza que se consolide, por dos razones: la primera, porque el órgano electoral y el Tribunal Electoral referidos, de antemano enfrentan resistencia a esa reforma. Es de conocimiento público que el INE logró impedir que los candidatos de Morena al Congreso de la Unión lograran obtener la mayoría calificada. La segunda, porque el TEPJF, con la presunta equidad de género, hizo lo que le vino en gana.
Pongo de ejemplo, El Tribunal Electoral de Chihuahua, canceló la candidatura plurinominal del Lic. Oscar Castrejón, candidato de Morena y la del candidato de Movimiento Ciudadano, aún y cuando el IEE, había resuelto la lista de candidatos plurinominales (16 hombres y 17 mujeres), que el TEE, si bien mantuvo ese número de integrantes, cambió personas (uno del PRI y otro del PAN) para sustituir a los dos candidatos de Morena y MC, con un desbalance del TEE de 2 mujeres.
Morena que tenía una paridad de género de 7 mujeres y 4 hombres y el MC, 1 mujer y 1 hombre, el TEE cuantificó a Morena 8 mujeres y 3 hombres y al MC 2 mujeres y 0 hombres.
¿Eso es una auténtica paridad de género? ¡Por supuesto que no! Quitaron al candidato plurinominal en primera lista, para favorecer al PAN y al del MC para otorgar al PRI otro candidato, con lo cual el tricolor impuso 4 hombres y 1 mujer, en tanto que el blanquiazul se quedó con 6 mujeres y 9 hombres.
¡Hágame usted el favor! ¡Una cosa es lo parido y otra muy diferente lo engordado!
¡Urge se apruebe la reforma electoral! El cínico presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova, tuvo el descaro de difundir que “lo electoral es donde mejor estamos y en donde mayor reconocimiento nacional e internacional tenemos”.
Se requiere como bien lo señala el presidente “fortalecer la democracia; que se acaben los fraudes electorales y que sean confiables las autoridades electorales, que no estén a favor de grupos de intereses creados y que no estén bajo dominio de la partidocracia”
Coincido con él que en que hay promover un especial énfasis en la democracia participativa de los ciudadanos no solo de la democracia representativa que como ha quedado en claro, es manipulada y usufructuada por la derecha con la confabulación de la oligarquía de la partidocracia del INE y el TEPJF.
Por lo que se refiere a la iniciativa de incorporar a la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa, tengo duda de que sea prudente. El que cuente con 100 mil elementos y más de 190 cuarteles, no significa en modo alguno, que sea un factor determinante para salvaguardar la seguridad interior de nuestro país, poner freno a la violencia de los cárteles de la droga, abatir la estela de homicidios y feminicidios que se han incrementado y los flujos migratorios de miles de centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos.
Desde mi modesto punto de vista, lo que se requiere es integrar un sistema integral con estrategias diferenciadas, pero también complementarias ya que el fenómeno delincuencial tiene múltiples aristas.
La delincuencia organizada vulnera la seguridad de los ciudadanos y siembra terror, pero también trasgrede el Estado de derecho, la gobernabilidad y afecta el desarrollo económico, social y hasta el cultural. Es urgente que jurídica y constitucionalmente se tipifique como un riesgo a la seguridad interior e incluso a la seguridad nacional.
La seguridad interior debe mantener de manera inmediata y directa, la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Nacional. La seguridad nacional tiene la responsabilidad de salvaguardar la soberanía de México y protegerlo de las amenazas externas como la de Estados Unidos.
La seguridad pública debe contener, investigar y sancionar los delitos del orden común. Esa es la función de las policías municipales y estatales, pero no de la Policía federal como aducen algunos, a sabiendas de que estuvo coludida con la delincuencia organizada y el narcotráfico, como es de conocimiento público en los sexenios anteriores.
Veremos y diremos si las estrategias diferenciadas referidas, se integran en cada una de sus áreas y colaboran con otros sistemas de seguridad colaterales, en beneficio de nuestro país, el Estado y los ciudadanos.
