Por Arturo Rodriguez García
Lo que podía convertirse en el primer desencuentro entre los gobernadores de los estados y el presidente Andrés Manuel López Obrador, choque de fuerzas esperado, se desactivó el mismo día que se suponía iba a estallar tras un encuentro, en muchos sentidos, anecdótico.
Hacía semanas que mandatarios estatales, el más insistente, Silvano Aureoles, cuestionaban la creación de las coordinaciones estatales que concentrarán los programas de desarrollo social que el argot mediático bautizó, para mayor brevedad y descripción, como superdelegaciones.
El reclamo se relacionaba con la construcción de un poder paralelo al de los gobernadores que perturbaba el pacto federal, principalmente, por la designación de quienes han contendido o aspiran a contender por las gubernaturas dentro de Morena o próximos a su oferta política electoral.
Dicho reclamo, sin duda representa uno de los aspectos sobre los que hay que mantener la mayor observación, porque más allá del federalismo, en lo pragmático, representa un eventual desarrollo de redes electorales que, apuntalada tanto por morenistas, varios de ellos expriistas y expanistas, apuntan al reemplazo de unas estructuras por otras.
Aunque esa preocupación subyace también en el ánimo de los gobernadores, no por el federalismo sino por el reemplazo de sus respectivos grupos políticos, el conflicto que se empezaba a configurar ayer nada tenía que ver con eso.
Durante la insólita caminata que los gobernadores debieron realizar del Palacio del Ayuntamiento al Palacio Nacional –por primera vez desprovistos de la protección del Estado Mayor Presidencial, sin las caravanas de vehículos blindados, ni las vallas de contención—tuve oportunidad de hablar con dos gobernadores priistas que, respaldando los tres acuerdos en lo público, me explicaron el fondo del asunto en corto.
Los tres acuerdos de exigencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al nuevo gobierno, eran: evitar concentrar las tareas de seguridad en los superdelegados; mayor presupuesto y, pedir que en lugar de crear 100 universidades nuevas destine mayores recursos a las existentes. El primer punto, lo expondría el perredista Aureoles; el segundo, el panista queretano, Francisco Domínguez y, el tercero, el priista Héctor Astudillo.
El fondo era el dinero. De acuerdo a los dos gobernadores de la conversación, el tema de los superdelegados era claro y, en cualquier caso ninguno podía oponerse a envío de elementos ni mayor coordinación. Hacerlo, era un ardid político motivado por Aureoles. En tanto, me dijo uno de ellos, los superdelegados no eran asunto suyo, pues oponerse era como oponerse a las delegaciones federales, una facultad federal y punto.
En cuanto a las universidades el segundo dijo que era una petición de los rectores, que venía bien al caso. Pero el problema era otro. Cito textual:
“Hay muchas dudas sobre la relación por las formas… el discurso… (López Obrador) descalifica mucho. Pero no soy nuevo en esto, una cosa es discurso y otra la relación. La relación y todo lo que traen estos (los otros gobernadores) se definirá por el presupuesto… la bronca es la lana”.
Y lo de la lana se resolvió. Fiel a lo que ha sido su doble discurso, salió Javier Corral diciendo que la Conago volvía a ser importante para el federalismo; otros presentaron la separación de las tareas de seguridad de la función de los “superdelegados” como un triunfo.
Pero la clave fue la explicación de López Obrador el miércoles 5 de diciembre: se mantienen los recursos conforme a la ley con incremento de 10% nominal y 7% real.
Entonces, el supuesto pleito quedó zanjado.
Fuente: Notassinpauta.com
