Como todo sueño de la razón, la democracia también produce monstruos; por eso los pueblos que aspiran a vivir en paz y con libertad tienen o deben tener, consagrado en su Constitución, el derecho sagrado e inalienable a rectificar el rumbo, a retirarle, si es preciso, su confianza a aquellos gobernantes que, aún a pesar de haber sido electos, o no cumplen honesta y cabalmente con su encomienda o traicionan a su país y a las y los electores.
No debe ser el pueblo el que se condene a cumplir una sentencia inapelable cuando elige -por un determinado periodo de tiempo- a quien habrá gobernarlo; es, por el contrario, quien resulta electo, al que toca -o debería tocar- cumplir forzosamente, si no quiere que el pueblo se lo demande y hasta que termine su encargo o se lo revoquen, con una sentencia “tremenda”; servir a quienes lo eligieron, cumplir con lo prometido, mandar obedeciendo.
Muy distinta sería la historia reciente de nuestro país si, por ejemplo, en el 2003 las y los votantes que en el año 2000 llevaron a Vicente Fox Quezada a la presidencia, con la fútil esperanza de que, como lo prometió, “sacaría a patadas al PRI de Los Pinos” y encabezaría un proceso de transición a la democracia, hubieran tenido el derecho y el mecanismo constitucional para retirarle su confianza.
Muchas vidas se habrían salvado, si este hombre -que transformado en bufón- entregó gran parte del territorio nacional al crimen organizado y abdicó ante los medios de comunicación, hasta volverse su esclavo, del poder recibido en las urnas, no hubiera traicionado a México y a la democracia y no hubiera metido ilegalmente las manos en el fraude electoral del 2006.
Mucho dolor y mucho sufrimiento se hubiera ahorrado este país, al que la guerra de Felipe Calderón terminó por convertir en una gigantesca fosa clandestina si, a mitad de su periodo y al inicio de su cruzada, hubiéramos tenido, las y los mexicanos, la posibilidad legal de marcarle un alto. ¿Y Enrique Peña Nieto? Ese otro monstruo invento de la televisión, ¿habría terminado su periodo? ¿habríamos tolerado su banalidad, su descrédito, la corrupción galopante de su gobierno, su criminal negligencia, la operación de Estado que ordenó para desaparecer la verdad e impedir la justicia en Ayotzinapa?
Que nunca más quienes nos gobiernan se sientan libres de nuestro escrutinio, que no nos fallen, que no nos traicionen, que entiendan que están ahí porque el pueblo pone, el pueblo quita y hasta que el pueblo decida y mientras cumplan.
Más vale alzarse en las urnas que alzarse en armas. Rebelarse pacífica y democráticamente contra los malos gobernantes y poder echarlos a la calle o a la cárcel cuando se lo merezcan o ratificar su mandato, apoyarlos en su tarea y reiterarles la confianza cuando cumplen. Para servirnos, para obedecernos los elegimos y eso nadie debe volver a olvidarlo en este país jamás.
De eso se trata este domingo 10 de abril. De votar en la consulta de revocación de mandato para establecer un precedente; un punto de inflexión histórico y las bases de una democracia participativa. Se trata de impedir que el poder económico, que el poder mediático, que un árbitro electoral y el tribunal de la misma materia que han incumplido palmaria y constantemente con su deber constitucional, nos mantengan entrampados, con nuestros derechos ciudadanos mañosamente acotados y regateen, arrebaten al pueblo de México la soberanía, que como dice el artículo 39, de nuestra Constitución, en él “reside esencial y originariamente” y le sigan negando “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
@epigmenioibarra
