Las urbes que no permitan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entren en sus cárceles federales o locales perderán fondos federales, anunció el Fiscal General estadounidense, Jeff Sessions.
Se trata de la primera vez que el Departamento de Justicia estadounidense establece oficialmente qué ciudades pueden recibir fondos de los que muchas localidades dependen para la aplicación de la ley, conocidos como Becas de Asistencia Judicial Byrne.
También se trata de la primera muestra del cumplimiento de una de las principales promesas de campaña del Presidente Donald Trump, quien aseguró que de llegar al cargo cortaría fondos a las ciudades santuario.
En su anuncio, Sessions estipuló tres nuevas cualificaciones para que las ciudades sean elegibles para las becas.
Primero, deben permitir que los oficiales del ICE tengan acceso a sus centros de detención. En segundo lugar, no deben impedir que sus agentes de la ley compartan información con el ICE sobre el estatus migratorio de sus arrestados. Tercero, deben dar al ICE un aviso 48 horas antes de la liberación de cualquier persona de la que la agencia tenga una orden de aprehensión.
“Las llamadas políticas santuario nos ponen en peligro pues socavan intencionalmente nuestras leyes y protegen a extranjeros ilegales que han cometido delitos”, explicó Sessions en un comunicado.
“Esto es lo que los ciudadanos estadounidenses deberían esperar de sus ciudades y estados, y estos requerimientos nos ayudarán a derribar al MS-13 y otras pandillas transnacionales violentas y, así, hacer que nuestro país sea más seguro”, añadió.
El Departamento de Justicia no tocará el dinero que las ciudades ya recibieron o que están programadas para recibir este año.
Sin embargo, a partir del próximo año, las ciudades deberán cumplir con esas tres reglas si quieren obtener el dinero.
