Decenas de familias separadas en la frontera de Estados Unidos y México se aprestan a demandar al gobierno porque aseguran que sus niños sufrieron abuso sexual, físico o emocional en orfanatos financiados con fondos federales.
Un estudio de 38 demandas obtenidas por Ap revela que el gobierno estadunidense podría pagar más de 200 millones de dólares en daños. En años recientes, más de 3 mil menores migrantes fueron separados de sus familiares en la frontera como parte de las medidas de tolerancia cero de la administración de Donald Trump.
Las familias, algunas en Estados Unidos y otras deportadas, presentaron reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas. Ésta permite demandar al gobierno a individuos que hayan sufrido daños por intervención directa de empleados federales.
El Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), responsable del cuidado de menores migrantes, señaló que no podía hacer declaraciones sobre procesos legales pendientes, pero que trata a los niños con dignidad y respeto.
El año pasado, la Oficina de Asentamiento de Refugiados del HHS atendió a casi 50 mil niños que cruzaron la frontera sin acompañantes, así como menores separados de sus familias. La oficina los alojó en orfanatos, refugios residenciales y campos de detención en todo el país.
Los niños sufrieron traumas emocionales graves al sufrir ataques físicos o manoseos por parte de otros menores en los hogares de acogida, según con documentos del HHS difundidos por el Congreso.
Seis de los reclamos son por menores que estuvieron en hogares. Un escrito presentado recientemente a un tribunal se refiere a un niño migrante que sufrió abuso en un hogar. Los documentos revelan que la Oficina de Asentamiento de Refugiados remitió al menos siete denuncias de abuso sexual en hogares al Departamento de Justicia en 2017 y 2018.
Tres de los cuatro incidentes de ataques físicos reseñados bajo la FTCA ocurrieron en Cayuga Centers de Nueva York, la agencia más grande de alojamiento de menores migrantes, que en ocasiones ha atendido hasta 900 bebés y niños.
Cayuga Centers declaró en un comunicado que toma la seguridad de los niños a su cuidado con toda seriedad y transmite las denuncias de abusos a las autoridades correspondientes.
La autoridad tiene seis meses de plazo para responder a los reclamos una vez presentados. Después, los demandantes pueden iniciar un juicio contra el gobierno.
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