Por Álvaro Delgado
Las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas por agentes policiacos de Jalisco vestidos de civil, embozados y armados con tubos y garrotes que reprimieron las protestas por la ejecución extrajudicial de Giovanni López Ramírez, un albañil de un municipio próximo a Guadalajara, desnudaron la vigencia en México de esas lacras propias de regímenes opresores, la defensa de intereses facciosos y la tremenda disputa por el poder.
Un mes exacto no le importó a Enrique Alfaro ni al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, ni a la Comisión de Derechos Humanos local el asesinato de Giovanni, detenido el 4 de mayo por no usar cubrebocas, cuya desobediencia implica arresto de hasta 36 horas conforme al decreto del gobernador, y encontrado muerto al día siguiente por la tortura de policías de Ixtlahuacán.
Sólo hasta que el miércoles 3 la reportera Tania Rosas difundió el video de la detención violenta del trabajador de 30 años de edad, grabado por su hermano, y cuya amplia difusión detonó las protestas del día siguiente, con saldo de 28 detenidos –siete menores de edad– y un policía al que un sujeto le prendió fuego, es que se supo del abuso y de la impunidad del caso, que se combatió con más abuso policial y con más impunidad.
Es sabido que la protesta es un derecho y que la represión es un delito, pero a las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio, que dañaron mobiliario urbano y vehículos, correspondió la comisión de delitos como golpizas a jóvenes ya sometidos, desaparición forzada y amenaza de ejecuciones.
Tuvo que intervenir la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para reprobar las acciones de los agentes y recordar que una desaparición forzada es un delito que comete la autoridad o un civil con permiso de una autoridad y puede durar horas, días, semanas, meses o años.
Alfaro, en vez de atender la exigencia de justicia, acusó un complot “desde los sótanos” de Andrés Manuel López Obrador contra su gobierno. Cuando el Presidente le pidió pruebas, reculó y habló de una conspiración del crimen “infiltrado” en la Fiscalía para crear “un nuevo Ayotzinapa”.
Hasta este lunes Alfaro no había presentado ni una sola prueba de nada –y, en cambio, agentes policiacos lo señalan a él y al fiscal de haber dado la orden para reprimir–, pero fue elevado a prócer histórico por Enrique Krauze, el contratista al que pagó más de 5 millones de pesos en 2019.
La irrupción de Krauze no es fortuita, no sólo por el dinero, sino como ideólogo del bloque antagónico a López Obrador que, como toda la oposición, ha sido omisa de la muerte de Giovanni y las graves violaciones a los derechos humanos.
Con el aval de Krauze, Alfaro es presidenciable pese a los hechos que a la diputada Mara Robles, de Movimiento Ciudadano, le evocaron a Luis Echeverría: “Reviví el ‘halconazo’, policías que deberían cuidarnos se disfrazaron de civiles y actuaron con alevosía, ventaja y predeterminación para reprimir una manifestación pacífica”.
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