Por Carmen Aristegui
“Caso emblemático”, le llamó ayer el encargado de la PGR al asunto relacionado con la investigación que inició apenas a fines del año pasado en contra del empresario queretano que compró una propiedad al hoy candidato a la Presidencia Ricardo Anaya y desde la cual -todo parece indicar- pretenden involucrar judicialmente al panista para -de continuar el despropósito- sacarlo de la carrera presidencial.
Como si se tratara de Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht o la Triangulación de recursos a través de universidades, el procurador le llamó así: “caso emblemático”.
De la misma manera en que desde el gobierno de Vicente Fox se maquinó, políticamente, utilizando a las instituciones del Estado -no solo a la PGR sino hasta a la Corte Suprema- para impedir que Andrés Manuel López Obrador se postulara como candidato a la Presidencia, así ahora -con nuevos ingredientes- se perfilan a dinamitar una candidatura.
La insólita actuación de la Procuraduría apunta a querer descarrilar la candidatura de Ricardo Anaya a partir de un caso de presunto lavado. No hay manera de saber, por el momento, si el señor Barreiro, comprador del terreno y la nave industrial que vendió Anaya, lavó o no dinero y si eso hace responsable a Anaya de algo o no. El problema radica en que quien se supone está realizando la investigación es la misma institución que ha mostrado un comportamiento sesgado y faccioso para colocar el tema en el centro de la contienda electoral.
Lo que se ha visto los últimos días en la actuación de la Procuraduría General de la República es alarmante. Estamos frente a algo más que el uso indebido de las instituciones y la utilización del aparato del Estado para intervenir en un proceso político electoral en curso. Estamos frente a una operación que se intuye como el preludio de cosas peores, si no se hace nada para frenarlo.
La difusión oficial -con sello de agua incluido- del video en el que se observa a Anaya y otros miembros del PAN hablando entre sí no solo tuvo el propósito de evidenciar que el candidato fue invitado a declarar ante la SEIDO y que se negó a hacerlo (“…una celada al candidato”, dijo Santiago Creel). Había también un propósito de sembrar inquina contra Anaya al circular la versión de que había insultado a un funcionario de la PGR.
Se sembró la idea de que Anaya había insultado al encargado de la Unidad Antilavado de Dinero con la frase altisonante “hijo de puta”. La frase no la dijo Anaya sino Diego Fernández de Cevallos, como él mismo lo dijo después. La expresión fue dicha cuando el funcionario ya no estaba frente a Anaya y sus acompañantes.
La escena por sí misma es irrelevante de no ser por el uso por parte de la Procuraduría -que desde luego nadie imagina que se está comportando de manera autónoma- para forzar a que el tema se convirtiera en parte del debate en redes sociales y otros espacios de comunicación.
Lo de menos es la expresión altisonante y quién la dijo, lo de más es ver cómo “posicionaron” el tema y ver al propio procurador hablar del “hijo de puta”, como si fuera casi parte de la investigación. No solo estamos frente al uso faccioso de las instituciones del Estado para aniquilar a un contrincante político en plena contienda electoral. Estamos también frente a un descomunal desfiguro que está protagonizando la PGR.
Nada de esto debe ser permitido ni por la sociedad, ni por el árbitro electoral, ni por otros órganos del Estado y, por supuesto, ni por los demás contrincantes en la contienda.
Lo ocurrido en 2017 en el Estado de México y en Coahuila; la aprobación a contrapelo de la Ley de Seguridad Interior y la actuación política y facciosa de la PGR son elementos con los que se pinta un panorama sombrío para la elección más grande de la historia.
Si no se hace nada para plantar cara a un gobierno que parece decidido a retener el poder a costa de lo que sea y por encima de lo que sea, las elecciones de este 2018 podrían acabar muy mal.
No importa de quién se trate, ni qué partidos represente el candidato al que se quiere eliminar. Hoy es Anaya. Lo fue López Obrador ayer y no sabemos si lo será hoy, en un nuevo contexto. Puede tratarse de cualquiera.
El uso faccioso de las Instituciones, para dañar o eliminar políticamente a un contrincante -el que sea- debe ser condenado por todos los participan- tes de la contienda y debe ser rechazado por la sociedad entera. Sin disimulo y sin ambigüedades. De lo contrario, no habrá quien se salve de lo que venga.
Fuente: Reforma
