La red de contrabando de combustibles de los marinos, un desfalco a la altura de los más notables en la nutrida historia de corrupción mexicana, es una madeja de crimen organizado, aduanas, militares, funcionarios, miles de millones de pesos y barcos llenos de gasolina ilegal. Con 14 integrantes capturados hasta la fecha, las autoridades han repetido que habrá más detenciones, pero a la fecha no se han concretado. La orden de aprehensión de la primera tanda de detenidos, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aporta testimonios contra otros 13 implicados en esta mafia que quedaron fuera de la lista de nombres a detener.
La investigación tiene como pruebas testimoniales dos declaratorias. Una es la de Santo, alias de un capitán de marina que participó en la trama y al final, rendido y asustado, se convirtió en testigo colaborador, declarando contra los hermanos Farías Laguna y parte de sus compinches. La otra es la de H.R.V., trabajador con un puesto de responsabilidad y 22 años de experiencia en los puertos.
Los 13 implicados son siete marinos, tres empresarios y tres funcionarios aduanales. Uno de los militares, al ver su nombre en un listado de uniformados supuestamente sobornados, se suicidó. La lista incluye varios capitanes de navío y jefes de departamento, además de los agentes navales y aduanales involucrados en una conspiración criminal que tenía como cabezas a Manuel Roberto y a Fernando Farías Laguna. Con rango de vicealmirante y contraalmirante y sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina de 2018 a 2024, usaban su influencia para poner a gente de su confianza en puestos clave de aduanas.
Hay dos militares que destacan sobre el resto. Uno es el vicealmirante Salvador Camargo Vivero, director general del puerto de Tampico, en Tamaulipas, de abril de 2024 a enero de 2025, periodo en el que entraron en casi 20 envíos ilegales de combustible. Supuestamente, dio órdenes para que, “cuando empezaban a arribar los transportes para la descarga de los buques con supuesto aditivos”, los vigilantes no registraran los vehículos como es su obligación legal. La misma semana de la detención de los primeros integrantes de la red, Camargo Vivero intentó protegerse solicitando un amparo, pero fue rechazado por el juez en turno, que dio como una de las razones que ni siquiera se encuentra dentro de México.
