La Fiscalía Anticorrupción imputará al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz por el delito de “incremento patrimonial” detectado en sus declaraciones fiscales.
El subprocurador Ernesto Canales Santos reveló hoy que el mandatario de la anterior administración 2009-2015 deberá comparecer el próximo martes 24, a las 12:30 horas en las oficinas de la dependencia que él representa, para ser notificado por este delito nuevo, que es independiente de los otros tres por los que ya había sido formalmente acusado.
El aún priista está obligado a acudir al citatorio en persona y en caso de ausentarse, el Ministerio Público podrá pedir al juez que utilice la fuerza pública para que se presente a la diligencia, explicó el funcionario.
En conferencia de prensa, el zar anticorrupción del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón dijo que no podía abundar en detalles sobre esta indagatoria, aunque señaló que espera que los abogados de Medina de la Cruz acudan ante él, este miércoles, para acceder a la carpeta de investigación.
La denuncia por incremento patrimonial fue presentada a la Subprocuraduría por la Contraloría General del estado, que encontró inconsistencias en las declaraciones del exmandatario.
Aunada a esta nueva acusación, la Subprocuraduría verificará, el miércoles 25, una audiencia de segunda imputación, en presencia de Medina, en la que presentarán ante el juez nuevos argumentos para volver a acusarlo de los delitos de peculado y daño al patrimonio, mismos que el año pasado habían sido desechados primero por un juez de control y después, en la apelación, por la justicia federal por considerarlos inconsistentes.
Y al día siguiente, jueves 26, continuará el juicio de vinculación que ya se le sigue al mismo acusado por ejercicio indebido de funciones, luego de que el juez de control considerara procedente la imputación de la Subprocuraduría Anticorrupción por ejercicio indebido de funciones, luego de que entregara, cuando era mandatario, incentivos fiscales ilegales por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora automotriz surcoreana KIA, actualmente instalada en el municipio de Pesquería.
Las penas que alcanzaría de ser encontrado culpable por este delito serían de 2 a 12 años de prisión.
Fuente: Apro
