Por Víctor M. Quintana S.*
El conflicto de la extracción del agua de las presas de Chihuahua ha sido la tormenta perfecta para que muchos oportunistas se aglutinen y perfilen un primer núcleo político-electoral contra el presidente López Obrador, es cierto. Pero quedarse ahí, y reducir a la politiquería el análisis del problema es cometer un serio error de cálculo y desdeñar el núcleo duro del problema, y lo que hay de legítimo en las demandas de los productores y la población.
Cinco factores principales condujeron a esta situación: la desesperación ante la sequía más fuerte en años recientes, que infunde temor en la población al extraerse el agua de las presas, por justificada que ésta sea. La enorme presión del gobierno de EU para el pago del agua, contemplado en el Tratado de 1944. La falta de información suficiente, confiable, sobre el avance en dicho pago y el destino del líquido que se ha ido por el río Conchos. La llegada de la Guardia Nacional a resguardar las presas, que exacerba los ánimos, aun si aquella actúe dentro del marco de sus funciones.
Pero, sobre todo, la falta de operación política. La inexistencia de una instancia de diálogo, de confrontación de datos, de construcción de acuerdos entre las autoridades federales y los representantes de los productores, sin interferencias político-partidarias.
Así las cosas, la situación se polariza. Se blanden descalificaciones y satanizaciones mutuas. Se tensa el conflicto región-Federación y el conflicto se torna de suma cero: todos pierden. Para avanzar en la solución del conflicto hay que hacer tres aclaraciones básicas:
Primero, los productores no rehúsan pagar el agua que contempla el tratado de 1944, pero demandan que con datos claros e inequívocos se les demuestre cuánta agua se ha ido de Chihuahua, a dónde se ha ido y por qué, y cuánto resta por pagar; también exigen consensuar fecha y forma de pago.
Segundo, se dice que hay una gran concentración del agua en los distritos 05, 09 y 113. El hecho es que al menos en el primero hay 11 mil 700 productores y 45 mil hectáreas de riego, lo que hace que el promedio de dotación sea la necesaria para irrigar cuatro hectáreas. Habría que investigar la venta de derechos de agua que se propició desde que el neoliberalismo, con Salinas de Gortari, se adueñó del manejo de los recursos hidráulicos del país.
Tercero: sí hay huachicol de agua: tomas directas y aprovechamientos ilegales de presas, canales y el caudal mismo del río. El máximo se da por parte de Altos Hornos de México, que extrae hasta 200 litros por segundo en una toma directa de la presa Rosetilla para alimentar el ferroducto que va del mineral de La Perla, Chihuahua, hasta Monclova, Coahuila, 382 kilómetros más adelante. La concesión de este volumen de agua y su cambio de uso agrícola a industrial, supuestamente fue autorizada por el gobierno federal en la década de los 80. En 2013, el IFAI ordenó a Conagua transparentar las condiciones de esa misteriosa concesión y hasta la fecha no se ha hecho. Otro huachicoleo muy significativo es el que se da delante de la presa Las Burras y hasta la presa El Granero, donde se riegan ilegalmente varias huertas nogaleras. También hay que investigar el uso y eventual acaparamiento de las aguas del distrito de riego 113, San Francisco de Conchos-Camargo.
Para resolver el conflicto se requiere integrar una instancia de información, debate y construcción de consensos donde participen sólo los representantes fijos y democráticamente elegidos por las diversas organizaciones de productores, de los gobiernos federal y estatal. Debe darse en el marco del consejo de cuenca del río Bravo. Pudieran asistir testigos de calidad, expertos en el tema y en el derecho humano al agua.
Esa instancia debe ser alimentada con información en tiempo real, proporcionada por CILA y Conagua y ahí analizada sobre el caudal de los ríos, el almacenaje de las presas, los volúmenes entregados, los destinos de cada entrega, los pagos y los débitos.
Debe emprenderse un reordenamiento de los distritos de riego, su administración, de cultivos prioritarios, formas de control y auditoría del uso del agua y de los recursos ahí asociados.
El agua de pozos profundos es el problema mayor en Chihuahua. Debe operarse una cirugía y acabar con la ilegalidad al respecto. Cuando la superficie irrigada por presas apenas llega a 100 mil hectáreas en el estado, la irrigada con aguas de subsuelo es de casi 500 mil. Aquí es donde se da con más claridad el acaparamiento: 60 por ciento de ellas está controlado por colonos menonitas. La sobrexplotación de los mantos es irreversible en varios lugares. Debe seguirse la pista de las concesiones ilegales entregadas por Conagua, que son cientos, y las conexiones, ilegales que hace a dichos pozos la CFE.
Sobre todo, deben tomarse en cuenta los derechos de la población donde nace el agua de los ríos, tanto los que desembocan en el Bravo, como los que van al Yaqui y al Mayo. Todos ellos se forman en la Sierra Tarahumara. No puede haber agricultores muy ricos río abajo e indígenas en extrema pobreza donde se produce el agua. Si a éstos no se les apoya por la contribución ambiental, si no se combate la tala clandestina del bosque, si no se les ayuda a retener el agua y recargar corrientes, a producir sus alimentos y mejorar sus bosques, ya no habrá agua que disputar en los valles.
Todo esto implica una nueva ley de aguas nacionales, como la que promueve la coalición Agua para Todos, Agua para la Vida, incorporando consideraciones especiales para Aridoamérica: un nuevo entramado institucional que supere la consideración neoliberal del agua y la valore como bien común para la vida y los ecosistemas y, una estrategia para el cambio climático que ya nos rebasó.
* Víctor M. Quintana S. Investigador-docente de la UACJ
Fuente: La Jornada
