Por María Fernanda Sánchez*
En días pasados fue presentado el dictamen de la nueva Ley General de Aguas, cuya veloz aprobación por el Senado de la República generó intensos debates con respecto a lo que numerosos especialistas consideran un vertiginoso camino a la privatización del agua en México.
Entre los principales detractores de la propuesta de ley están los legisladores del PRD y Morena, quienes argumentaron haber recibido el dictamen apenas un día antes de su discusión en el pleno. Sin embargo, quizá la mayor presión contra esta iniciativa proviene de diversos grupos de la sociedad civil y académicos de distintas instituciones educativas que han manifestado su preocupación debido a que esta ley podría atentar contra el recientemente consagrado derecho humano al agua en el artículo 4° constitucional.
Una de las controversias más destacables de la propuesta está relacionada con la facultad de conceder el uso y explotación de las aguas nacionales a operadores privados, aun con la supervisión de la Comisión Nacional del Agua. Ello, según los expertos, no sólo implicaría ceder a entes privados el aprovechamiento de un recurso estratégico y vital para la población, sino que además podría resultar en un aumento importante de las tarifas para los consumidores.
Más aún, el artículo 8° del dictamen incluye la posibilidad del trasvase o desvío de aguas nacionales de una cuenca a otra, ya sea para fines de generación de energía u otros usos productivos y servicios públicos. Ello provocaría graves desequilibrios ambientales y daños a las comunidades, muchas de ellas indígenas, que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Lo anterior va de la mano con la peocupación de distintos grupos de la sociedad civil que advierten que este tipo de explotación podría además beneficiar a empresas dedicadas al también muy cuestionado fracking o fracturación hidráulica para la obtención de gas esquisto, lo que hace evidente la posible sobreexplotación de las cuencas y otros impactos ambientales derivados de esta actividad extractiva.
Quienes se han manifestado contra la iniciativa argumentan también que la posibilidad estipulada en el dictamen de reducir la consideración de consumo mínimo de agua de cien litros diarios por persona (cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud) a 50 litros, es una medida peligrosa que podría tener implicaciones sanitarias importantes así como impactos negativos en la calidad de vida de muchos mexicanos.
Esta nueva ley ha llamado a la protesta social de las organizaciones de la sociedad civil y académicos que califican el dictamen como un retroceso en la gobernabilidad de recursos tan vitales como el agua. Ante la creciente presión social, la Cámara de Diputados decidió posponer la discusión del dictamen, lo que muchos consideran aún insuficiente.
Resulta interesante que agrupaciones de científicos como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y académicos como el doctor José Luis Lezama de El Colegio de México, han manifestado que el debate en torno al tema de agua en México no debería restringirse a una perspectiva económica y humana, sino también a su papel ecosistémico, con el fin de asegurar la sustentabilidad hídrica del país a largo plazo. Lo anterior ha generado una reflexión sobre el sentido antropocentrista de la iniciativa, pues no prevé el valor intrínseco del agua como generadora de vida y de salud en los sistemas naturales.
Esta coyuntura hace visible que quienes toman decisiones en materia pública carecen aún de un enfoque sistémico que verdaderamente incluya todos los factores implicados en un problema de tal complejidad como el aprovechamiento y la distribución del agua en México.
Aun cuando existen algunos grupos de poder que pugnan por aprobar la iniciativa, la creciente movilización social pone de manifiesto la necesidad de una mayor discusión y participación social en el proceso. Es nuestro deber como ciudadanos continuar informándonos y abogar por la transparencia y difusión de todas las decisiones que se tomen en torno al manejo del agua en México.
* María Fernanda Sánchez es colaboradora del Programa de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Medio Ambiente y Desarrollo por la London School of Economics. Ofrece un análisis sobre la Ley General de Aguas en el marco del Día Mundial del Agua.
La maestra Sánchez participará en el foro para medios de comunicación “Agua: ¿derecho o privilegio”, convocado por el Programa de Medio Ambiente y la Dirección General del Medio Universitario de la Ibero, el jueves 19 de febrero, en punto de las 10:30 horas, en el Aula Agustín Reyes Ponce de la Ibero.
Fuente: Universidad Iberoamericana
