Agua: la guerra sigue

Esta es sólo una tregua dentro de esta guerra emprendida hace ya varios años. Y no se libra tan sólo en el Poder Legislativo y en los medios de comunicación. También, y sobre todo, se libra en defensa del agua de las comunidades indígenas y campesinas, o en contra de las grandes represas y los trasvases. O en contra de megaproyectos orientados sólo por el lucro, como la que libran las y los regiomontanos contra el proyecto Monterrey VI.

Esa guerra acaba de cobrar otra víctima mortal en Chihuahua. El miércoles 25 de febrero fue asesinado, en el estacionamiento de un centro comercial de Ciudad Juárez, Alberto Almeida, empresario barzonista, defensor del agua de su región, según las autoridades para despojarlo de su camioneta. Sin embargo, el pistolero profesional que lo liquidó de un solo balazo en el rostro, frente a su esposa aterrorizada, huyó sin llevarse el vehículo. En la lucha por defender el agua del río Del Carmen en los municipios de Buenaventura y Ahumada, en Chihuahua, es la tercera persona que cae asesinada. Antes de él, en octubre de 2012 fueron ultimados Ismael Solorio y Manuelita Solís.

Alberto era un esforzado empresario de la desértica Villa Ahumada. Ranchero, restaurantero, como casi toda la población activa de la capital mundial de los burritos. Llegó a ser presidente de este, el segundo municipio en extensión del país, y se distinguió por servir a su pueblo antes que nada.

Cuando en el verano de 2012 los barzonistas, encabezados por Martín Solís e Ismael Solorio, empezaron su lucha por defender el agua del río Del Carmen, ante las represas y extracciones ilegales de menonitas y rancheros acaudalados, Alberto vio con simpatía la causa y se unió a ella. Participó con entusiasmo en el bloqueo de la vía del ferrocarril, en la cabalgata a Chihuahua y otras acciones. Se llenó de dolor e indignación ante el asesinato de Ismael y Manuelita. Pero no bajó los brazos. Continuó luchando en su pueblo, sin mucha compañía, pues el grueso del contingente barzonista está en Benito Juárez.

Lo que no le perdonaron sus asesinos es que haya presentado varias denuncias ante la PGR tocando los intereses económicos de ellos. Una de éstas por perforaciones ilegales en el Rancho Santa Rita, lo que condujo a la clausura de varias perforaciones. También denunció el robo de energía eléctrica en varios predios.

Por eso lo mataron. Por defender el medio ambiente y el agua contra quienes sólo los consideran bienes económicos, mercancía.

Por luchas como la de Alberto, como la de Ismael y Manuelita, como la de los dirigentes yaquis presos, no podemos conformarnos con haber contenido hasta ahora la ley Korenfeld-Videgaray. Porque hay un proyecto alternativo que sacar adelante. Es la iniciativa ciudadana por una Ley General de Aguas propuesta por la Coordinadora Agua para Tod@s luego de una paciente elaboración por gente de la academia, de las comunidades, activistas y técnicos y ya presentada en el Senado y avalada por varias docenas de legisladores.

Parte de que el agua es un bien común de la nación, multidimensional, no sólo económico, que no debe manejarse con fines de lucro. Se propone hacer efectivo el derecho humano al agua no en la cantidad de 50 litros por persona, como la ley Korenfeld, sino en lo que marcan las normas internacionales de salud. Busca garantizar el agua para los ecosistemas, para la soberanía alimentaria, para la recarga de acuíferos. Respeta los derechos históricos de las comunidades sobre las fuentes hídricas. Promueve la participación ciudadana y la contraloría social sobre el recurso y pone los sistemas de agua potable en manos públicas y comunitarias. Desmonta el sistema de concesiones que conduce al acaparamiento, la sobrexplotación del agua y el lucro. Prohíbe los trasvases, así como destinar el agua al fracking y a la minería tóxica, entre otras cuestiones.

Por todo esto, se requiere una amplia coalición de fuerzas sociales y democráticas no sólo para poner el clavo final en el ataúd de la ley Korenfeld, sino para hacer que la propuesta o las propuestas emanadas de la sociedad civil sean discutidas y aprobadas por el Congreso. Sería el primer revés de la furia privatizadora del peñanietismo.

Fuente: La Jornada