Por Luis Vaier Valeros Flores
Llegada la era de la imagen, fundamentalmente la de la televisión, algunas de ellas se convirtieron en los catalizadores de los acontecimientos posteriores.
Así ocurrió con la del perredista René Bejarano guardándose el dinero y las ligas que le entregara Carlos Ahumada. También con la del líder del Verde Ecologista, Jorge Emilio González, embolsándose cientos de miles de dólares. ¿Y qué decir de las del terremoto de 1985 en la ciudad de México, o la de las Torres Gemelas cayéndose en Nueva York?
¿O la de Jackie Kennedy intentando rescatar los fragmentos del cráneo de su esposo, John? ¿O la de Luis Donaldo Colosio abatido a tiros en Tijuana en medio de una muchedumbre?
Las consecuencias de cada una de ellas, por supuesto, tuvieron como factor principal las condiciones sociales en que se presentaron y, de acuerdo con éstas, fueron las magnitudes de aquellas.
En esa tesitura se encuentran los habitantes de la casa presidencial y el gobernante chihuahuense, César Duarte. Los acompaña, además, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
Podrán, los integrantes del grupo gobernante en Chihuahua, desestimar los efectos del reportaje realizado por el equipo de Denisse Merker, presentado en el programa televisivo “Punto de partida”, en el canal con el más alto rating del país, pero se encuentran en problemas.
Puede darse el caso, además, que la denuncia presentada por Jaime García Chávez en contra del gobernador César Duarte, el Secretario de Hacienda, Jaime Herrera y el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Carlos Hermosillo, tema central del reportaje transmitido el miércoles anterior, sea desechada en una primera instancia, pero las consecuencias se antojan trágicas para quienes han copado todas las posiciones del poder político en Chihuahua, casi de manera hegemónica.
Lo son porque las contradicciones en que cayó el gobernador Duarte en las entrevistas televisadas lo hunden en la credibilidad ciudadana, justo a 3 semanas del inicio de las precampañas electorales, rumbo a las elecciones federales de mitad de sexenio, precisamente las que más interesan en Los Pinos (la residencia presidencial).
Que el mandatario chihuahuense dijese que no había leído el contrato -“a lo macho”- para la creación del fideicomiso de su propiedad, por 65 millones de pesos (el escribiente lo asevera porque el Gobernador Duarte nunca negó esa cantidad en el curso de la entrevista), debido a que son infinidad “la cantidad de documentos que firma al día”, es, sencillamente, increíble.
Y que luego afirmara -en presencia de Jaime Herrera- que él no había autorizado la apertura de cuenta alguna del Gobierno de Chihuahua en la institución financiera Unión Progreso, es igualmente increíble; una operación (o la de cientos de operaciones que implicaba el movimiento de una masa de dinero superior a los 80 mil millones de pesos) de esa magnitud es informada, así sea casi de manera burocrática, al primer mandatario de cualquier entidad, máxime, como es el caso, de una financiera que tanta polémica, sabían Herrera y Duarte, podía concitar.
Sin embargo, el 19 de noviembre El Heraldo de Chihuahua publicó una entrevista en la que Duarte afirmó que “”El Gobierno del Estado tiene con todas las instituciones que les presta servicios, convenios en los cuales tiene que tener también reciprocidad, así funcionan también las instituciones financieras. Y esos depósitos, yo cuando supe de esos temas le solicité al Secretario de Hacienda me informara, él me acredita que tiene mejor tasa de las que pueda obtener en cualquier otra institución, por lo tanto no se puede presumir que hubiera ahí algo raro”.
Entonces, sí sabía.
Luego aparecería, en el reportaje de Punto de Partida, el tercer tema polémico de sus declaraciones cuando afirmó que cometería un agravio -“Para los que no tienen, y para los que sí tienen, un reto”- si hiciera pública su declaración patrimonial, como semanas atrás lo hiciera el Presidente Peña Nieto ante el escándalo de la Casa Blanca.
Pero hay declaraciones en sentido contrario. Por lo menos El Diario de Chihuahua (nota de Orlando Chávez Echavarría, 20/XI/14) y el portal Entre líneas (misma fecha) publicaron sus afirmaciones. En ambos medios sostiene que no tiene objeción a hacer pública su declaración patrimonial:
En El Diario dijo estar “dispuesto a publicar sus bienes patrimoniales y a someterse a cualquier tipo de investigación que se le pretenda hacer, ya que no tiene nada qué ocultar”, además de estar “a disposición de las autoridades, (pues) no tengo nada qué esconder”.
La nota de Jesús López -Entre líneas- así lo asienta: “El gobernador del Estado, César Duarte Jáquez dijo estar en total disposición para emitir de declaración patrimonial, situación similar a la que realizó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El jefe del Ejecutivo estatal refirió que no tiene nada que esconder y que en su momento y de ser necesario, tomaría dicha acción, la cual destacó muestra la transparencia del mandatario nacional.
‘Es admirable y es una posición que respetamos, yo sin duda estoy abierto para cualquier circunstancia’, comentó el mandatario chihuahuense, al ser cuestionado sobre el controversial tema”.
Y este es el tema de fondo. Llama la atención que en las respuestas a los medios locales manifestara su disposición a publicar su riqueza, pero que ante las cámaras del principal medio de comunicación del país trastabillara y exhibiera al más pobre de los argumentos de los funcionarios públicos reacios a mostrarnos la cuantía de sus bienes, arguyendo que sería “un agravio”, cuando se oponen a demostrarle a la sociedad que guardan congruencia sus emolumentos como funcionarios públicos y la acumulación derivada de ellos y de los bienes heredados.
Acumular esa fortuna no es cualquier cosa. Hasta ahora sólo tenemos su versión que, confrontada con la postura de Enrique Peña Nieto, choca frontalmente y nos llevaría a pensar que éste agravió a más de la mitad de los mexicanos ¿Sólo por publicar el monto y composición de sus bienes, de su riqueza?
Es cuando las contradicciones exhibidas lo igualan con el mismísimo presidente Peña, con la esposa de éste y con el Secretario Videgaray.
Peña Nieto debió incluir las propiedades de su esposa, así lo establece la ley, y al aceptar aquella que recibió una residencia de Televisa, justamente cuando esta empresa sostenía una intensa y muy jugosa relación empresarial con el gobierno del Estado de México, se configuró nítidamente el conflicto de interés del gobernador Peña Nieto, que se agrega al sostenido con Higa, o el empresario Juan José Hinojosa, por la Casa Blanca y la residencia de Videgaray.
¿Y las explicaciones de Videgaray?
Semejantes a las de Duarte. Ahora resulta que el encargado de “Vigilar que los programas de inversión de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, se realicen conforme a los objetivos de los planes de desarrollo aprobados”, (Ley de la Administración Pública del Estado de México, Art. 24, Fracción XXII) y de realizar los pagos realizados por ese gobierno, en obras por montos superiores a los 35 mil millones de pesos y cuyo argumento central consiste en que en el momento de firmar el contrato de compra venta de la casa de Malinalco “no era funcionario”.
Pues no, no era, lo había sido para firmar contratos, a nombre del gobierno mexiquense con las empresas de Hinojosa. Pero en el momento que firmó la compra de su casa era, ni más ni menos, el encargado de recibir toda la información y lo concerniente -¡Poca cosa!- a la Secretaría de Hacienda en el equipo de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Son muchas las contradicciones de los funcionarios y más los agravios sufridos por la sociedad a la que están obligados a rendirles cuentas e informarla adecuada y verazmente.
Más allá del rumbo que tome la denuncia penal en su contra, el Gobernador Duarte está obligado a informar puntualmente a la sociedad chihuahuense de los asuntos planteados en el reportaje del equipo de Denisse Merker. Puede argüir lo que desee acerca de las pretensiones, abiertas o soterradas, de quienes lo denuncian y de quienes lo critican, pero hay hechos en los que aparecen muy evidentemente las contradicciones.
El daño político, a su gobierno y a su partido, (y, por supuesto, a la sociedad chihuahuense) ya está hecho, sufre una profunda crisis de credibilidad popular; podrá superarla sólo si asume la decisión de informar con toda transparencia el origen y desarrollo de su fortuna y si acepta que, efectivamente, firmó el fideicomiso de 65 millones de pesos.
Pero si el entorno local le desfavorece, debiera decírsele que en estos asuntos la cuerda, siempre, se rompe por lo más delgado y el Presidente Peña Nieto tiene verdaderos y gravísimos problemas.
Se acrecentarán precisamente en el clímax de la campaña electoral; tanto los derivados de la inseguridad pública, incluido el tema de Ayotzinapa (que conforme pasa el tiempo se agrava más para el gobierno federal), como los derivados de la situación económica en cuyo centro se encuentra el precio del petróleo (que, a propósito, los podría llevar a no poner en vigor prontamente la reforma petrolera), así que el porcentaje de aprobación a su gobierno, rondando ahora en los 38-39 puntos, puede bajar aún más y estará urgido, entonces, de desesperadas maniobras que lo lleven a recuperar márgenes de credibilidad.
Explorarán muchas opciones, ninguna de las que afectaran al grupo Atlacomulco.
Harán todo lo posible por asegurarle a Peña Nieto la mayoría en la Cámara de Diputados en la segunda parte de su mandato.
Recurrirán a todo, y apelarán a la existencia del “marco de Derecho” existente en el país, ese del cual carecemos; de ahí que el curso de la denuncia presentada por Jaime García Chávez pueda obedecer más a la situación política que al estricto apego a la legalidad vigente, independientemente de lo sustentada, o no, que lo esté.
Y eso es lo lamentable.
Los ejemplos están a la vista; por ahí anda en libertad, ya, Raúl Salinas de Gortari ¿Con cuál pasaporte se identificará, el suyo, o alguno de los falsos?
