Por John M. Ackerman
Antes la oposición tomaba la tribuna de la Cámara de Diputados y ocupaba las calles con el enaltecido propósito de defender la justicia y parar el saqueo de los recursos públicos. Hoy, en contraste, la oposición protesta con el vergonzoso objetivo de salvar sus cuentas bancarias.
Es una vil mentira que defender los fideicomisos es equivalente a proteger la ciencia, el arte, el deporte, las víctimas o los damnificados. Todos estos sectores ya reciben y seguirán recibiendo un sólido apoyo de parte del presupuesto federal. Lo único que desaparecerá es la forma discrecional y corrupta en que antes se canalizaban estos importantes financiamientos.
El gobierno federal hoy cuenta con 337 fideicomisos que juntos manejan la friolera de 749 mil millones de pesos. Esta figura jurídica es uno de los legados más nefastos de la larga noche neoliberal. En lugar de generar nuevas políticas de Estado para resolver de fondo las problemáticas de sectores estratégicos, el viejo régimen se limitaba a ofrecer parches temporales y discrecionales para simular su atención en el corto plazo.
Por ejemplo, tal y como hemos documentado en otra parte, los fideicomisos de CONACYT se convirtieron en hoyos negros durante los gobiernos pasados (véase: https://bit.ly/3dgsn8g). La actual Secretaria de la Función Pública, la Dra. Irma Eréndira Sandoval, también ha publicado importantes textos científicos en la materia (véase: https://bit.ly/33N6DOb).
Uno de los compromisos más importantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido evitar la triangulación de los fondos públicos. Los programas sociales, por ejemplo, ya no se canalizan por medio de organizaciones intermediarias, que en el mejor de los casos utilizaban estos fondos para generar clientelas y en el peor robaban a manos llenas. Ahora todas las becas y apoyos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios finales.
Nos encontramos frente al mismo proceso de limpia con respecto a los fideicomisos. Antes, los administradores de estos fondos intermediarios abusaban de la discrecionalidad que ofrece estas figuras jurídicas privadas para favorecer a sus amigos o incluso saquear descaradamente al fisco. También cualquier fideicomiso, aun el más pulcro y bien administrado, siempre incurre en onerosos “gastos de operación” que desperdician recursos públicos. Pero ahora los beneficiarios finales recibirán sus apoyos directamente del presupuesto federal.
No confundamos la forma con el fondo. Los fideicomisos públicos no son más que cuentas de banco, contratos propios del derecho mercantil. Existen con el único propósito de darle la vuelta a las leyes del presupuesto y de rendición de cuentas así como reducir o eliminar la supervisión del Poder Legislativo sobre el gasto gubernamental. No existe ninguna otra ventaja de esta figura jurídica.
Así que tomar la tribuna de la Cámara de Diputados para intentar salvar estos contratos es una acción profundamente contradictoria. La reforma de López Obrador busca ensanchar la división de poderes al fortalecer los controles del Congreso de la Unión sobre el ejercicio del gasto público. Los legisladores del PAN y el PT que hoy protestan en realidad están rechazando la consolidación del poder y la autonomía del mismo Poder Legislativo al cual supuestamente representan.
Ahora bien, es cierto que además de la urgente tarea de desaparecer los fideicomisos también habría que construir la ruta para la canalización directa de recursos públicos a las nobles instituciones y causas que hasta ahora han dependido en gran parte de este tipo contratos para su financiamiento. Absolutamente nadie está planteando dejar la ciencia, el arte, las víctimas y los damnificados sin recursos.
López Obrador ya ha designado una comisión especial para trabajar en este sentido desde el Poder Ejecutivo, incluyendo la destacada participación de María Elena Álvarez-Buyllá, José Antonio Álvarez Lima, Javier May y Rodolfo González. Estos cuatro funcionarios no solamente son de la mayor confianza del Presidente sino que también son ejemplares por su profesionalismo y seriedad en la función pública.
Estamos a tiempo para que el Poder Legislativo haga lo propio. Habría que crear una comisión bicameral especial en la materia para garantizar tanto la aprobación de artículos “transitorios” claros y un presupuesto de 2020 con suficientes recursos en las partidas correspondientes para garantizar la continuidad de los apoyos.
Si la oposición y la sociedad civil realmente estuvieran preocupados por las dignas causas que dicen defender estarían invirtiendo sus energías precisamente en este sentido, a favor de garantizar el financiamiento público para el arte, la ciencia, las víctimas y los damnificados, en lugar de en defensa de la simulación de las cuentas bancarias y las formas jurídicas utilizadas por el viejo régimen.
