Por Jaime Sánchez Susarrey
Lo ocurrido en Bolivia, Uruguay, Colorado y Washington golpea el corazón de la política prohibicionista. No se trata ya de un mero debate, sino de decisiones y acciones políticas que desafían a la ONU
La inminente legalización de la marihuana en Uruguay (ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se da por descontado que pasará en el Senado) sienta un precedente. Se trata del primer Estado del mundo que contraviene abiertamente los ordenamientos de la ONU. La cannabis no sólo se podrá consumir, sino producir y comprar con fines recreativos.
La ley aprobada ha suscitado críticas de un lado y de otro. De parte de los opositores se advierte el riesgo de que el consumo se dispare. Y de parte de los que están a favor se critica una legislación abigarrada que, entre otras cosas, obliga a los consumidores a darse de alta en un padrón oficial para comprar el producto.
Pero más allá de esa discusión, y de los comparativos que se podrían hacer con otras legislaciones, lo relevante es que ya no se trata dos entidades de la Federación, como ocurrió en Estados Unidos, sino de un Estado con todos los derechos y obligaciones que establece la ONU.
Es cierto que Uruguay es un país pequeño, con apenas 3 millones 200 mil habitantes y, como advierte su presidente, José Mújica, 13 millones de vacas, donde la violencia nada tiene que ver con lo que pasa en México o Colombia, y donde además el consumo de drogas no se asemeja ni remotamente a lo que ocurre en los Estados Unidos.
De hecho, la legalización de la marihuana en Uruguay, Colorado y Washington constituye el mayor desafío que ha enfrentado la ONU. Primero, se reconoce el derecho de los ciudadanos a consumir una droga que, según la clasificación de la ONU y la DEA, está en el primer nivel de peligrosidad porque “es altamente adictiva y no tiene beneficios medicinales”.
Segundo, los países que habían avanzado más en la despenalización del consumo (Portugal y Holanda) no se habían atrevido a contravenir los ordenamientos internacionales que sancionan penalmente la producción y venta de la cannabis.
En Portugal, el consumo de drogas merece apenas una sanción administrativa equivalente -por decir algo- a una infracción de tránsito. En Holanda, el consumo se puede efectuar en los coffee shops sin mayor problema. Pero en ambos casos, la producción y venta sí está penalmente sancionada.
Y no es casual que así sea. Los ordenamientos de la ONU son relativamente flexibles respecto a la despenalización del consumo, es decir, cada Estado tiene la facultad de determinar el grado de la sanción para el consumidor, pero es inflexible en la criminalización de quienes la producen y venden.
De ahí la ambigüedad de los famosos coffee shops: lo que se surte y se consume legalmente por la puerta de enfrente se abastece ilegalmente, en el mercado negro, por la puerta trasera. Sobra decir que Holanda y Portugal adoptaron ese modelo para no entrar en abierta contradicción con la ONU.
Y eso es, justamente, lo que hoy está pasando. La cuarteadura del muro del prohibicionismo es mayor. Uruguay está poniendo en evidencia la debilidad del ordenamiento internacional. Porque no es probable que la reacción de la ONU vaya más allá del pronunciamiento de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que exhortó al gobierno de José Mújica a respetar los acuerdos internacionales.
En esa misma perspectiva vale recordar lo que ocurrió en Bolivia. La producción y consumo de la hoja de coca está prohibida al igual que la marihuana o el peyote. En 1961 se convino esa clasificación y se otorgó un plazo de 25 años a los países andinos para que erradicarán su producción y consumo.
Cosa que nunca ocurrió. Cuando Evo Morales, líder de los productores de hoja de coca (“cocaleros”), llegó a la Presidencia (2005), emprendió una cruzada para sacar a la hoja de coca de la lista de las sustancias prohibidas. Sus esfuerzos se toparon con el muro prohibicionista, encabezado por la JIFE.
Fue por eso que a mediados de 2011 anunció que Bolivia abandonaría la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Advertencia que cumplió a primera hora de 2012 para solicitar inmediatamente después su reingreso, pero con una reserva: el desconocimiento de la prohibición del cultivo y del mascado de la hoja de coca.
Los 184 países integrantes de la ONU tuvieron todo el año 2012 para decidir la readmisión o no de Bolivia con la reserva correspondiente. El 10 de enero de este año la reserva fue admitida. En Bolivia la producción y consumo de coca ya son legales.
Lo ocurrido en Bolivia, Uruguay, Colorado y Washington golpea el corazón de la política prohibicionista. No se trata ya de un mero debate, sino de decisiones y acciones políticas que desafían a la ONU (y por supuesto a la DEA). Nadie puede predecir, con exactitud, cuánto tiempo tardará en caer el muro, pero las grietas son inocultables y se multiplican.
Con un factor adicional. La estrategia prohibicionista nació y se expandió al mismo tiempo que Estados Unidos se convertía en una superpotencia. La consigna de la guerra contra las drogas la lanzó Nixon, en 1971, en plena guerra de Vietnam, y uno de sus corolarios fue la creación de la DEA.
Estados Unidos sigue siendo, en el plano mundial, el principal soporte del prohibicionismo, aunque en ese empeño cuenta ahora con Rusia. Pero la cruzada internacional inflexible frente a Bolivia, Uruguay o la propuesta del gobierno de Guatemala, de revisar la estrategia prohibicionista, choca con la tolerancia del gobierno de Obama frente a la legalización en Washington y Colorado.
Semejante contradicción será más flagrante cuando nuevos Estados, entre los cuales podría estar California, adopten la nueva política. Así que imposible fijar la fecha, pero la estrategia prohibicionista está herida de muerte.
Fuente: Reforma
