Luego de una semana de permanecer en estado de coma, Gustavo Ortega Pérez, de 23 años, falleció esta mañana a raíz de los impactos que recibió –uno en la cabeza y otro en la espalda– por parte de efectivos del Ejército Mexicano desplegados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De acuerdo con la denuncia que interpuso la esposa de la víctima, Dafne de la Cruz, el pasado domingo 15 los militares acusaron a Ortega Pérez de “haberlos agredido a balazos y después de una persecución le dispararon hasta dejarlo herido de gravedad”.
Detalló que luego de recibir los balazos, su esposo fue ingresado al Hospital General bajo resguardo militar, obstaculizando la visita de los familiares.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, destacó que visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomaron nota de la queja y constataron que soldados pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada pusieron trabas al trabajo de los médicos que atendían al herido.
“El personal militar se dedicó a obstruir la atención del lesionado e intimidar al personal de enfermería, médicos y familiares, una vez que ante la falta de medicamentos se determinó trasladarlo al Hospital de Especialidades de la entidad”, precisó.
Según el activista, el deceso de Gustavo Ortega es el primero que se registra por ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo en lo que va de 2015, pero la Procuraduría General de la República (PGR) “se ha negado a abrir una averiguación previa, pese a que le correspondería hacerlo de oficio desde el momento en que ocurrieron las lesiones”, subrayó el activista.
Tampoco la Procuraduría de Justicia Militar ha intervenido “por lo que corresponde a las transgresiones a la disciplina militar, toda vez que se ha violentado el manual de uso de la fuerza” ordenado para las fuerzas armadas, añadió.
El presidente de la organización civil de derechos humanos, la única en su tipo que opera en Tamaulipas, señaló que con el caso de Gustavo Ortega, el CDHNL ha registrado 12 ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares desde marzo de 2009.
La lista fatal de la organización inicia con las muertes de Israel Ayala Ramírez, Miguel Ángel Gama Habif y Aarón Rojas de la Fuente, ocurridas el 31 de marzo de 2009, así como de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, el 3 de abril de 2010.
También se reportan los homicidios de Juan Antonio Pedraza Castillo, el 15 de junio de 2010; José Manuel Esqueda Nieto, 27 de diciembre de 2011; Raúl Eduardo Romero Vedia, 19 de agosto de 2012; Alfredo Ruiz Rojas y Rubén Gámez Valdez, el 18 y el de marzo de 2013, respectivamente, y Jesús Alberto Castro Quintero, el 17 de octubre de 2014.
Ramos Vázquez destacó que si bien en algunos de los casos de ejecuciones extrajudiciales “hay procesos abiertos y algunos detenidos, el patrón generalizado es que sólo se trata de oficiales de bajo rango y personal de tropa, de sargento para abajo”.
Luego de asegurar que la impunidad en los casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por personal castrense se mantiene, el activista puntualizó que otro rasgo común es que “la PGR no quiere abrir investigaciones por la modificación de la escena del crimen, porque es un patrón que una vez que los militares cometen abusos, proceden a la alteración de evidencias, y esa parte jamás es esclarecida”.
El presidente del CDHNL sostuvo que la situación no fue diferente en el caso de Gustavo Ortega, en el que hasta ahora no han intervenido las autoridades para esclarecer el homicidio, por lo que “vamos a forzar a la PGR y a la Procuraduría Militar a que inicien sus indagatorias, porque se han negado a abrir investigaciones, pese a que por la gravedad del caso tendrían que haber actuado de oficio”.
Hasta ahora la única instancia que ha intervenido es la CNDH, que abrió un expediente de queja, concluyó.
Fuente: Proceso
