Activistas acusan a gobierno de Peña ante CIDH por “campaña de desprestigio”

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Defensores de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido víctimas de “una campaña de desprestigio” contra organizaciones civiles, en particular de aquellas que “acompañan a víctimas y sobrevivientes de tortura”.

Y es que, contra este delito, la Procuraduría General de la República (PGR) ha integrado más de nueve mil carpetas de investigación, pero sólo existen 16 sentencias de 2006 a la fecha, dijeron.

Los activistas denunciaron lo anterior en la audiencia sobre la Situación de los defensores de víctimas de tortura en México, llevada a cabo este lunes 7 en Santo Domingo, República Dominicana, en el marco del 168 Periodo de Sesiones.

La audiencia fue impulsada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

Ante la información, la presidenta de la CIDH, Margaret May Macaulay, exintegrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), condenó la persistencia de la tortura en México, así como la estigmatización de los defensores de las víctimas.

La comisionada recordó la obligación del Estado mexicano de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, así como de no exhibir a los detenidos “de haber cometido delitos aun cuando sean muy graves”, mientras están siendo procesados y están sentenciados, “por protección a ellos y a sus familias”.

Entre los solicitantes de la audiencia, Federico Rodríguez, de la CMDPDH, explicó que entre miembros de cuerpos policiacos y fuerzas armadas la tortura es “una práctica normalizada y común” y ha sido estimulada por políticas en algunas procuradurías del país, entre ellas la de la Ciudad de México, que han premiado a elementos que realizan detenciones, lo que ha derivado en “detenciones arbitrarias y fabricación de culpables”.

Nancy López, también de la CMDPDH, y Florencia Reggiardo, de CEJIL, sostuvieron que los ataques contra defensores “se han materializado en campañas de desprestigio a partir de declaraciones públicas en medios de comunicación”.

Las activistas acusaron que “el Estado mexicano ha estigmatizado y desprestigiado a las víctimas, así como aquellos que ejercen la labor de defensa de los derechos humanos y, en particular, de la dignidad humana y la prohibición de la tortura, tachándoles de ‘defensores de criminales’, contrariamente a sus obligaciones internacionales de respeto y cumplimiento de estándares”.

Dos casos

En la audiencia se presentaron los casos de Gerardo Garduño Escobar, sobreviviente de tortura, y de Austreberta Casales Salinas, madre de Verónica Razo, víctima de tortura sexual.

El primero forma parte de un grupo de 25 policías municipales de Tijuana, detenidos arbitrariamente entre el 21 y 27 de marzo de 2009, por instrucciones del entonces secretario de Seguridad Pública municipal, Julián Leyzaola Pérez, actualmente candidato a diputado federal por la vía plurinominal.

Garduño y sus compañeros, señalados por Leyzaola de estar supuestamente involucrados con el crimen organizado, fueron arraigados y torturados en la base militar del 28 Batallón de Infantería de la Segunda Zona Militar. En diciembre de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación validando la tortura y, posteriormente, los 25 policías fueron absueltos, pero el gobierno mexicano no ha reparado el daño.

El expolicía municipal destacó que, pese a que él y sus compañeros fueron exonerados entre 2010 y 1012, “seguimos siendo estigmatizados, a nueve años no hemos podido recuperar nuestro proyecto de vida, sin que haya un costo social para los torturadores ni haya quien reconozca el daño causado”.

La víctima sostuvo que, en su búsqueda de justicia, los expolicías han sufrido represalias. Uno de los 25 fue asesinado, otro está desaparecido, mientras esperan que la CIDH admita su caso.

La señora Casales narró el caso de su hija Verónica, quien fue detenida el 8 de junio de 2011 por elementos de la Policía Federal vestidos de civil que no se identificaron y se trasladaban en vehículos particulares. Ellos la torturaron física, psicológica y sexualmente para que aceptara confesar que formaba parte de una banda de secuestradores.

La señora Austreberta presenció la detención de Verónica en la colonia Doctores de la Ciudad de México, por siete hombres que portaban armas largas, y en ese mismo momento reportó la sustracción de su hija como un secuestro, ante la falta de identificación de los agentes.

Razo narró que su hija sigue en prisión preventiva, “mientras continúa la tortura familiar, la deshonra y la criminalización” en contra, a pesar de que existen pruebas de su inocencia.

Las demandas

La presidenta de la CIDH pidió a los representantes del Estado mexicano mostrar cifras del número de personas torturadas en los últimos tres años, así como el número de funcionarios que son entrenados para atender las denuncias por tortura.

Durante la audiencia, los comisionados Esmeralda Arosamena, relatora especial para México; Francisco José Eguiguren y Flavia Piovesan condenaron la tortura en México y la criminalización de los defensores y solicitaron al Estado mexicano datos concretos sobre las sanciones a los responsables, así como las capacitaciones del personal que aplica el Protocolo de Estambul, para determinar la tortura física y psicológica.

Los comisionados solicitaron información real sobre el número de averiguaciones previas sobre casos de tortura y qué garantías ofrece el Estado mexicano para que las investigaciones se lleven a cabo con independencia y autonomía.

En la audiencia, los representantes de las víctimas y de organizaciones defensoras pidieron la intervención de la CIDH para conminar al Estado mexicano a reformar la Constitución para crear “una fiscalía autónoma, independiente y profesional con capacidades suficientes para investigar los casos de tortura”; conformar un mecanismo internacional para combatir la impunidad, para “investigar y presentar acusaciones en contra de personas que participan en políticas que promueven, facilitan o toleran la tortura”.

También exigieron la abrogación de la Ley de Seguridad Interior; crear una “comisión de la verdad” que realice un “diagnóstico sobre la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en el contexto de la política de seguridad vigente”; que las instancias responsables de la procuración de justicia o cualquier funcionario cuestionen a los denunciantes de tortura.

Las organizaciones solicitantes de la audiencia pidieron que el Estado mexicano “reconozca de forma pública y notoria la existencia del problema de la tortura en México, el daño que ocasiona y la importancia de proteger los derechos reconocidos a las víctimas de tortura”, así como que respalde a las organizaciones que acompañan a los sobrevivientes; que se garantice la reparación del daño a las víctimas de y que la CIDH agilice las peticiones de medidas cautelares por casos de tortura.

Fuente: Apro

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