Por John M. Ackerman
Un grupo de académicos ha montado un ataque injusto y despiadado contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Difunde noticias falsas y manipula información con el fin de generar la impresión de que la 4T estaría contra la investigación científica y la educación superior.
En su columna más reciente del diario Reforma, Sergio Aguayo denuncia sin fundamento alguno el supuesto “antiintelectualismo” de López Obrador, acusa a Morena de “menospreciar a la comunidad científica” y fantasea con el “desmantelamiento de la capacidad de investigación” del país.
Por su parte, Luis de la Barreda y Antonio Lazcano han publicado información falsa sobre un supuesto recorte de “entre 30 y 50%” en “los fondos para todos los centros de investigación apoyados por el Conacyt” a partir del memorándum presidencial del 3 de mayo. Este recorte supuestamente habría generado una situación en que “a algunos centros de investigación no les alcanza para pagar el agua y la electricidad”. Los textos de De la Barreda y Lazcano, en Excélsior y Science, respectivamente, utilizan exactamente las mismas palabras, como si ambos hubieran sido dictados por una tercera persona.
En el mismo tono, un grupo de académicos hizo una petición en change.org dirigida a López Obrador, denunciando una supuesta “falta de confianza de una parte de la clase política de nuestro país en la ciencia como factor de progreso para el desarrollo nacional”. También han circulado rumores falsos entre la comunidad científica insinuando que el nuevo gobierno estaría planeando acabar con el Sistema Nacional de Investigadores y otros programas de estímulos para la investigación en el país.
Y arrecia la guerra sucia contra la directora general del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, tal y como ha sido una constante desde el primer día en que López Obrador anunció su eventual nombramiento, durante el segundo debate presidencial.
Es totalmente falso que el gobierno federal desprecie a los académicos o a la investigación científica. Al contrario, las nuevas políticas demuestran su compromiso absoluto en la materia. Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto más de 35 mil millones de pesos etiquetados para la investigación científica, casi la mitad de todos los fondos del Conacyt, fueron transferidos al sector privado.
También se inflaron drásticamente los gastos burocráticos y de administración del mismo Conacyt. Como hemos documentado en estas mismas páginas, hubo un “huachicoleo” que desvió los recursos públicos para la investigación científica a intereses y organizaciones particulares (véase: https://www.proceso.com.mx/572887/huachicoleo-cientifico).
Hoy estos recursos se recuperan para la investigación de frontera y a favor de la solución de los grandes problemas nacionales. Durante 2019, el Conacyt tiene proyectado invertir mil 659 millones de pesos en proyectos de ciencia básica, incluyendo financiamiento a cientos de proyectos de investigación aprobados durante el sexenio pasado pero que jamás fueron fondeados por falta de recursos; la misma administración invirtió solamente 2 mil 936 millones de pesos en este rubro.
Hoy también se aumentó la cantidad de becas de posgrado y se creó una docena de nuevos Programas Nacionales Estratégicos, con el fin de articular los trabajos de la comunidad científica a favor de la resolución de problemas clave, como la violencia, la leucemia infantil, la soberanía alimentaria y el cambio climático, entre otros. Simultáneamente, los gastos de administración se redujeron a apenas 2% del presupuesto del Conacyt.
Ahora bien, es una vil mentira que los Centros Públicos de Investigación del Conacyt hayan sufrido recortes de 30% o hasta 50% a partir del memorándum presidencial, o que las medidas de austeridad republicana hayan generado problemas con el pago de la electricidad o el agua. Los recortes recientes sólo afectan a partidas administrativas específicas, claramente identificadas por sus constantes abusos.
Por ejemplo, para el Instituto Mora la reducción fue de sólo 7 millones de pesos, de un presupuesto de 175 millones para 2019; es decir de 4%. Para el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la reducción fue de sólo 3 millones, de un presupuesto de 355 millones: el equivalente a 0.8%. Ambas instituciones también cuentan con abultados fideicomisos donde se han ido guardando los ahorros de ejercicios presupuestales anteriores, así como recursos autogenerados, fondos que los directores correspondientes ejercen sin la adecuada rendición de cuentas.
El verdadero motivo de los injustos ataques a la política científica de la 4T no es entonces el interés público sino el privado. Por ejemplo, el Conacyt anunció su intención de dejar de cubrir los gastos burocráticos y de administración del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), una asociación civil que hace un trabajo valioso pero que de ninguna manera articula o representa las opiniones de la comunidad científica en su conjunto.
El viejo Conacyt hizo adjudicaciones directas, fuera de la normatividad, por casi 500 millones de pesos al FCCT entre 2003 y 2018.
El nuevo Conacyt sólo otorgará los apoyos permitidos por la ley, lo cual ha enfurecido a quienes hoy controlan esa asociación civil.
Otros científicos que han impulsado los ataques al nuevo Conacyt son los que participan en el lucrativo negocio de la biotecnología. Les indigna la posición crítica de la doctora Álvarez-Buylla en la materia –fundada en décadas de investigación que le han merecido el Premio Nacional de Ciencias, entre otros galardones–, en que otorga prioridad a la sustentabilidad, la salud pública y la ecología por encima del lucro empresarial y las ganancias privadas.
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Fuente: Proceso
