Lucero Sánchez López, conocida en México como la “Chapodiputada”, fue acusada por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para traficar cinco kilogramos de cocaína y lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa, reporta la agencia Apro.
En su audiencia de este viernes, luego que fue detenida el miércoles 21 en San Diego, la jueza federal Barbara L. Major solicitó que no se le fijara una fianza a la exdiputada ante el riesgo de que pueda huir a México, por lo que la semana próxima habrá una nueva audiencia para conocer el fallo de la petición.
La acusación de Estados Unidos contra Sánchez López establece que se realizó una intervención a sus comunicaciones con otras personas con las que habría “conspirado” para el tráfico de drogas y lavado de dinero para cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa.
Francisco Verdugo Fierro, abogado de la exlegisladora, sostuvo: “Estamos viendo que por lo que se encuentra en la Fiscalía de Estados Unidos es lo concerniente de lo que interceptó en llamadas que hizo (Lucero Sánchez López), pero no hay una claridad”.
En la audiencia, la jueza no nombró a Joaquín Guzmán Loera pese al vínculo con la exlegisladora.
A su vez, Sánchez López presentó su información financiera ante la corte, con la cual se determinó que no tenía los fondos para cubrir los gastos de un abogado y se le asignaría uno de oficio. Sin embargo, el fiscal refutó y aseguró que la acusada tiene “cientos de miles de dólares”, por lo que la jueza ordenó volver a revisar dicha información.
En México, la “Chapodiputada” tiene abierto un proceso por posible falsificación de documentos, que según la PGR utilizó el 4 de noviembre del 2014 para ingresar al penal de El Altiplano, en el Estado de México, y visitar a Joaquín El Chapo Guzmán, con quien se le relacionó de manera sentimental y también como una de las operadoras financieras del capo.
Ese proceso comenzó el 20 de enero del 2016, cuando se dio a conocer la detención de la entonces diputada local por Cosalá, constató Noroeste.
En esa ocasión, a Sánchez López se le liberó por su fuero constitucional, por lo que PGR procedió a hacer una solicitud de retiro de la protección, la cual se concedió el 13 de junio por el Congreso de la Unión.
Después del desafuero se prosiguió el proceso de acusaciones y desahogos, los cuales se mantienen en la fase final, de acuerdo a sus abogados.
Fuente: Apro
