Por Luis Javier Valero Flores
No desmentido por nadie el audio de la grabación de la conversación telefónica sostenida entre la reportera de La Jornada y del Norte de Juárez, Miroslava Breach, y el secretario de Prensa del Comité Estatal del PAN-Chihuahua, Alfredo Piñera, en la que éste le exigió a la reportera le revelara las fuentes de la información publicada en sendos reportajes, -en el que dio a conocer los antecedentes criminales de quienes podían ocupar las candidaturas a las alcaldías de varios municipios serranos- es la prueba fehaciente de la relación existente entre algunos funcionarios públicos del PAN y elementos del crimen organizado.
Se podría presumir, también, la de algunos dirigentes partidistas, pero tal cosa escapa al conocimiento actual y sólo se podría afirmar si las investigaciones así lo demostraran.
El problema es que para efectuar éstas se debería contar con la voluntad política del grupo gobernante para realizarlas y, la verdad, a juzgar por los antecedentes más recientes, no se les ve trazas de ello.
Es de escándalo la actuación de quienes tuvieron que ver con tales acontecimientos.
Tal “cualidad” se extiende hasta el actual gobierno, que en lugar de dar pie a la investigación imparcial de los hechos previos al asesinato de Miroslava, ha pretendido desestimar lo que es, sin duda, su responsabilidad directa en la muerte de la periodista, la que el gobierno del amanecer debiera, no sólo precisar, sino, incluso, iniciar los procesos judiciales que la esclarecieran.
¿Cómo calificar la conducta de un vocero -con décadas de experiencia en los medios de comunicación-, de un alcalde de uno de los municipios más castigados por el crimen, del secretario general del Comité Estatal del PAN -hoy secretario particular del gobernador Javier Corral- y del Presidente del mismo órgano partidista, así como del candidato al Gobierno del Estado y su coordinador de campaña, si éstos últimos fueron enterados de los hechos, lo que puede sospecharse que sí lo estaban?
Pónganse los nombres y los hechos:
El alcalde de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, le notifica al secretario general del Estatal, José Luévano, que presuntos criminales de Chínipas lo están presionando y amenazando pues le endilgan ser la fuente de la información publicada por Breach.
Luévano lo deriva a Piñera y éste le llama a la reportera y, además, a la corresponsal de El Diario de Juárez y Proceso, Patricia Mayorga, a las que les pregunta lo mismo y las conduce a que declaren enfáticamente que los funcionarios panistas no son los autores de la información.
Se cuida de grabar las llamadas y no revelarles a las reporteras que lo está haciendo.
En el curso de la llamada con Miroslava, ésta le informa que sus parientes en Chínipas -pues era originaria de allá- están verdaderamente alarmados, preocupados por la seguridad de ella, que hay amenazas en su contra.
Nada de eso les importa a los funcionarios panistas; presurosos, entregan la grabación a los criminales.
Es de tal envergadura la ¿frivolidad? o la ¿irresponsabilidad? de los implicados en estos hechos previos al asesinato que hasta se podrían caricaturizar:
¡No, miren, nosotros no fuimos, ahí está Miroslava diciendo que es ella, que conoce bien la región; nosotros no fuimos; fue ella, de veras, creánnos, nosotros no fuimos, por eso les trajimos la grabación, para que no quede duda!!
¡Y esos eran los que se aprestaban a gobernar Chihuahua! ¿Saben acaso las características de las redes del crimen organizado? ¿Se imaginan el entramado social, económico y político existente en Chihuahua?
Bueno, si el dirigente partidista era Luévano, como encargado de la presidencia, a juzgar porque es el que recibió a Hugo Schultz Alcaraz, quiere decir que la fecha de la grabación fue posterior al 16 de abril, fecha en la que Mario Vázquez solicitó licencia al cargo de presidente estatal del PAN para buscar la candidatura plurinominal a diputado. Claro que si fue anterior a esa fecha, Vázquez debió recibir el informe de un asunto tan preocupante.
¿Lo supo Javier Corral en esas fechas? El tomó protesta como candidato casi un mes antes, el 17 de marzo de 2016.
Y si la primera hipótesis es la válida, es decir, que la grabación se hizo después del 16 de abril, entonces salta la pregunta ¿Cuál fue la evaluación del equipo de campaña, de la dirigencia estatal y de la dirigencia nacional ante un asunto tan espinoso, tan agudamente peligroso? ¿O no hicieron nada?
Hasta ahora, nadie de los implicados ha declarado que lo pusieron en manos de la autoridad. Es obvio, no podían acudir a la Fiscalía Estatal, la campaña se desarrollaba de manera bastante ríspida, pero quedaba la instancia federal y, en ella, también, la Fepade, pues los hechos se desarrollaron en medio de la contienda electoral.
Y eran muchos hechos delictivos: Amenazas al alcalde de Chínipas por parte de individuos claramente identificados; amenazas a personas de esa población, familiares de la periodista; amenazas a Miroslava y el reporte de ella en el que da cuenta, al vocero del PAN, de las amenazas a sus parientes y, por encima de todo ello, el conocimiento de la existencia de un grupo criminal asentado en esa población que, además, contaba con algunos de sus integrantes en la cárcel de Chihuahua.
Por si faltaran elementos informativos, ahí está el hecho de que el jefe policiaco de Hugo Shultz fue señalado como involucrado en los grupos delictivos.
Eran muchas cosas ¿Por qué no hicieron algo? ¿Porqué no denunciaron? ¿Porqué?
Más aún, al llegar al gobierno, Miroslava le informó a Corral -cuando aún era gobernador electo- de las amenazas y éste tenía todos los elementos -o los debió tener, su secretario particular los tenía, los tiene- para proteger a la periodista, a pesar de que ésta pudiese oponer resistencia a tal protección.
Pero lo central de lo aquí analizado estriba en la inexplicable conducta de los funcionarios panistas, fueran públicos o partidistas, al deslindarse, y no públicamente, sino en lo oscurito y con -ahora lo constatamos con una enorme tristeza y una mayor indignación- integrantes del crimen organizado, a los que, sin decirlo, les pedían autorización para actuar política y electoralmente y hasta “entregaban” a reporteras que, ilusas, pretendían airear la podredumbre de la política mezclada con el crimen organizado.
¡Poca cosa!
Prestos a descalificar cualquier cosa que “empañe” la actuación del actual gobierno, sus integrantes se apresuran a descalificar cualquier señalamiento en su contra.
El abogado Héctor Villasana les ha señalado claramente que la conducta de los dirigentes partidistas -Luévano y Piñera, por lo menos- “podría constituir el delito de cómplice auxiliar”, ya que “sí tienen una participación ellos, sí se les puede atribuir una conducta penal, como coautores o cómplices auxiliadores, en el delito de la periodista, porque ellos facilitaron, primero, hasta donde tengo entendido, la grabaron sin su consentimiento e hicieron pública una conversación privada y el hecho de haber dado esa conversación privada o ponerla a disposición de los criminales o del grupo delictivo, que luego a la postre concluyó con aparentemente el motivo por el cual la privaron de su vida” y que tal delito, de ser comprobados culpables, se les podría atribuir una tercera parte de la pena total del delito cometido, en este caso, homicidio calificado, que asciende a una pena de 20 a 40 años de cárcel. (La Opción, 30/XII/17).
Lo relatado hasta aquí no toma en cuenta un aspecto que es difícil de creer: Que el candidato a gobernador y que los dirigentes de los principales grupos internos del PAN, así como los más importantes integrantes del equipo de campaña no hayan sido informados de ello.
Es más fácil de creer lo contrario, lo que podría explicar diáfanamente la conducta de hoy, en la que lo principal estriba en demostrar que Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, es el autor intelectual, cosa que el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, se apresuró a declarar, “no hay nadie por encima de este personaje”, para, enseguida, ser desmentido por el gobernador Corral, cuando éste aseveró que fue el “principal orquestador” del asesinato, para, a continuación, en los días recientes, aseverar que sí es el autor intelectual.
Nada importaba, sólo la campaña electoral; ganar, a costa de lo que fuere, incluso revelándole al crimen organizado que eran las periodistas las obtentoras de la información que les agraviaba, que no eran ellas…
¡Por dios, que no somos nosotros…!
El 23 de marzo de 2017, ya en el gobierno de Javier Corral, sufrimos el desenlace de la información proporcionada por dirigentes partidistas y funcionarios públicos del PAN a las bandas criminales.
Ese día, Miros caía bajo las balas de un sicario…
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